Internacional
Advierten que nueva ley 'expropia soberanía popular' en Venezuela
Mediante la llamada Ley del Reordenamiento Territorial y de Planificación Central, funcionarios designados por el presidente Hugo Chávez cumplirán las tareas de las autoridades electas
ENZUELA, CARACAS.- La Ley de Reordenamiento Territorial, que fue aprobada en primera discusión por el Congreso venezolano, 'expropia la soberanía popular' en el país al confiscar poder a las autoridades regionales electas, advirtió hoy un politólogo local.
El catedrático Trino Márquez dijo a Notimex que la ley 'es una forma de expropiar la soberanía popular porque en la Constitución se establece que las autoridades de los gobernadores basan su poder en el voto popular y que la soberanía reside en el pueblo'.
Pero a través del proyecto de ley que fue aprobado esta semana por los legisladores oficialistas, que controlan el Congreso, el Ejecutivo podrá "expropiar, confiscar el poder de los gobernadores y se les reduce a un papel subordinado, muy secundario", apuntó.
El también académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó que mediante la llamada Ley del Reordenamiento Territorial y de Planificación Central, funcionarios designados por el presidente Hugo Chávez cumplirán las tareas de las autoridades electas.
Márquez, doctor en Ciencias Sociales, reiteró que 'el propósito fundamental de esta ley es acabar con la importancia que tienen las figuras de los gobernadores de los estados con las autoridades regionales que están contempladas crear allí'.
'En la Constitución se establecen un conjunto de competencias para los gobernadores y resulta que, tanto la Ley de la Administración Pública como la de Reordenamiento Territorial, establecen figuras no electas a través del voto popular', advirtió.
El experto sostuvo que estas figuras no electas 'cumplen exactamente las mismas funciones que las establecidas para los gobernadores' regionales.
La iniciativa legal atenta también contra la propiedad privada en Venezuela, al autorizar al mandatario a expropiar áreas territoriales grandes o pequeñas, tras decretarlas discrecionalmente de 'utilidad pública', abundó Márquez.
Consideró, por ello, que el concepto de propiedad privada queda muy lesionado porque ya entre las 26 leyes de Chávez en el "paquetazo" que dictó por poderes especiales que le entregó el Congreso para legislar por decreto, 'se atenta contra ella'.
'De hecho, en las leyes que se refieren a fomento de la economía popular y en la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, desaparece el concepto de propiedad privada', precisó el catedrático universitario.
Afirmó que en esos ordenamientos "aparecen otros conceptos como el de propiedad colectiva, propiedad pública, propiedad comunitaria, propiedad social, propiedad estatal y propiedad individual, que es lo más parecido a la propiedad privada".
Esta ley establece que todo el territorio nacional es susceptible de ser declarado de utilidad pública por el presidente de la República, lo que contraviene lo señalado por la actual Constitución, apuntó Márquez.
Recordó que la declaración de utilidad pública, según la Carta Magna de 1999, debe ser formulada por el Consejo de Ministros, por el Congreso, por la Fiscalía General o por la Procuraduría General de la República, pero 'nunca sólo por el presidente'.
'No es una extravagancia pensar que el presidente puede decidir sobre cualquier espacio del territorio nacional, cualquier tipo de propiedad privada puede ser declarada de utilidad pública, lo cual deja muy debilitada la propiedad privada', concluyó.
El catedrático Trino Márquez dijo a Notimex que la ley 'es una forma de expropiar la soberanía popular porque en la Constitución se establece que las autoridades de los gobernadores basan su poder en el voto popular y que la soberanía reside en el pueblo'.
Pero a través del proyecto de ley que fue aprobado esta semana por los legisladores oficialistas, que controlan el Congreso, el Ejecutivo podrá "expropiar, confiscar el poder de los gobernadores y se les reduce a un papel subordinado, muy secundario", apuntó.
El también académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó que mediante la llamada Ley del Reordenamiento Territorial y de Planificación Central, funcionarios designados por el presidente Hugo Chávez cumplirán las tareas de las autoridades electas.
Márquez, doctor en Ciencias Sociales, reiteró que 'el propósito fundamental de esta ley es acabar con la importancia que tienen las figuras de los gobernadores de los estados con las autoridades regionales que están contempladas crear allí'.
'En la Constitución se establecen un conjunto de competencias para los gobernadores y resulta que, tanto la Ley de la Administración Pública como la de Reordenamiento Territorial, establecen figuras no electas a través del voto popular', advirtió.
El experto sostuvo que estas figuras no electas 'cumplen exactamente las mismas funciones que las establecidas para los gobernadores' regionales.
La iniciativa legal atenta también contra la propiedad privada en Venezuela, al autorizar al mandatario a expropiar áreas territoriales grandes o pequeñas, tras decretarlas discrecionalmente de 'utilidad pública', abundó Márquez.
Consideró, por ello, que el concepto de propiedad privada queda muy lesionado porque ya entre las 26 leyes de Chávez en el "paquetazo" que dictó por poderes especiales que le entregó el Congreso para legislar por decreto, 'se atenta contra ella'.
'De hecho, en las leyes que se refieren a fomento de la economía popular y en la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, desaparece el concepto de propiedad privada', precisó el catedrático universitario.
Afirmó que en esos ordenamientos "aparecen otros conceptos como el de propiedad colectiva, propiedad pública, propiedad comunitaria, propiedad social, propiedad estatal y propiedad individual, que es lo más parecido a la propiedad privada".
Esta ley establece que todo el territorio nacional es susceptible de ser declarado de utilidad pública por el presidente de la República, lo que contraviene lo señalado por la actual Constitución, apuntó Márquez.
Recordó que la declaración de utilidad pública, según la Carta Magna de 1999, debe ser formulada por el Consejo de Ministros, por el Congreso, por la Fiscalía General o por la Procuraduría General de la República, pero 'nunca sólo por el presidente'.
'No es una extravagancia pensar que el presidente puede decidir sobre cualquier espacio del territorio nacional, cualquier tipo de propiedad privada puede ser declarada de utilidad pública, lo cual deja muy debilitada la propiedad privada', concluyó.