Economía
Faltan “candados” a gravamen de 2%, advierte Centro de Estudios
El artículo 21 Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza dice que los ingresos derivados formarán parte de la recaudación federal participable
CIUDAD DE MÉXICO.-
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó a los legisladores que la propuesta de
2% de contribución a la pobreza prevista para 2010, no tiene los candados suficientes para que su ingreso sea sólo utilizado en programas sociales.
“No se identifica algún artículo que exprese la obligatoriedad de destinar los recursos recaudados a los programas de combate a la pobreza de manera concreta”, apunta el documento.
El destino de la recaudación sólo se expresa en el artículo 21 Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza que los ingresos derivados formarán parte de la recaudación federal participable ( RFP).
“Por tanto, de los 71 mil 775 millones de pesos ¬a recaudar por la Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, sólo 50 mil 484 millones quedarían en manos de la administración pública federal, sin estar obligada expresamente por algún artículo en la legislación a ejercer dichos recursos en programas de combate a la pobreza”, señala.
Incluso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiere que en la exposición de motivos de la propuesta presidencial se menciona insistentemente que de no realizar las reformas y transformaciones que México necesita, “se tendrá una disminución sustancial de los recursos que se podrán destinar al financiamiento de los programas prioritarios de combate a la pobreza y desigualdad”.
Lo anterior se contrapone con algunas obligaciones legales en torno a que el presupuesto destinado al desarrollo social no podrá reducirse, bajo ningún motivo, con respecto al utilizado el año en curso anterior.
Es decir, con 2% de gravamen al consumo o no, los recursos para el combate a la pobreza deben ser superiores a los de 2010, porque así lo establece la ley.
“ La Ley de Desarrollo Social establece en materia de gasto social, que éste no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, que estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado basado en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales.
“Y que deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal”, señala el documento.
Para el CEFP la ley no prevé que se incluya en el presupuesto de desarrollo social la recaudación de impuestos, pues estos recursos serían extraordinarios a los ya establecidos, pero no dependientes para aplicar o no programas prioritarios.
“No se menciona alguna condicional sujeta directamente a la recaudación propuesta. Además, menciona a los municipios como los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, exceptuando los casos asignados a una dependencia, entidad u organismo”.
En San Lázaro el tema del 2% ha polarizado opiniones, pues el PRD ha dado un rotundo no a la propuesta presidencial, mientras que el PRI lo rechaza sólo en su aplicación a alimentos y medicinas, y el PAN insiste en que es necesario ampliar el mundo de contribuyentes.
Lo que está en la mesa es la viabilidad del nuevo impuesto, que en voz de los funcionarios de Estado sería etiquetado al 100% en programas de combate a la pobreza, pero en la realidad, basados en la ley vigente, esto no sería válido, pues los municipios y estados tienen voz y voto en la manera en que se aplican los dineros públicos.
“No se identifica algún artículo que exprese la obligatoriedad de destinar los recursos recaudados a los programas de combate a la pobreza de manera concreta”, apunta el documento.
El destino de la recaudación sólo se expresa en el artículo 21 Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza que los ingresos derivados formarán parte de la recaudación federal participable ( RFP).
“Por tanto, de los 71 mil 775 millones de pesos ¬a recaudar por la Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, sólo 50 mil 484 millones quedarían en manos de la administración pública federal, sin estar obligada expresamente por algún artículo en la legislación a ejercer dichos recursos en programas de combate a la pobreza”, señala.
Incluso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiere que en la exposición de motivos de la propuesta presidencial se menciona insistentemente que de no realizar las reformas y transformaciones que México necesita, “se tendrá una disminución sustancial de los recursos que se podrán destinar al financiamiento de los programas prioritarios de combate a la pobreza y desigualdad”.
Lo anterior se contrapone con algunas obligaciones legales en torno a que el presupuesto destinado al desarrollo social no podrá reducirse, bajo ningún motivo, con respecto al utilizado el año en curso anterior.
Es decir, con 2% de gravamen al consumo o no, los recursos para el combate a la pobreza deben ser superiores a los de 2010, porque así lo establece la ley.
“ La Ley de Desarrollo Social establece en materia de gasto social, que éste no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, que estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado basado en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales.
“Y que deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal”, señala el documento.
Para el CEFP la ley no prevé que se incluya en el presupuesto de desarrollo social la recaudación de impuestos, pues estos recursos serían extraordinarios a los ya establecidos, pero no dependientes para aplicar o no programas prioritarios.
“No se menciona alguna condicional sujeta directamente a la recaudación propuesta. Además, menciona a los municipios como los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, exceptuando los casos asignados a una dependencia, entidad u organismo”.
En San Lázaro el tema del 2% ha polarizado opiniones, pues el PRD ha dado un rotundo no a la propuesta presidencial, mientras que el PRI lo rechaza sólo en su aplicación a alimentos y medicinas, y el PAN insiste en que es necesario ampliar el mundo de contribuyentes.
Lo que está en la mesa es la viabilidad del nuevo impuesto, que en voz de los funcionarios de Estado sería etiquetado al 100% en programas de combate a la pobreza, pero en la realidad, basados en la ley vigente, esto no sería válido, pues los municipios y estados tienen voz y voto en la manera en que se aplican los dineros públicos.