Economía
“El problema económico de México es político”: AmCham
Ven poco viable que se logren acuerdos para lograr reformas en el Congreso
CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva configuración de la LXI Legislatura no integra las condiciones para concretar las reformas más apremiantes para el país, coincidieron en señalar especialistas en el foro Conformación de la LXI Legislatura, organizado por la American Chamber (AMCham) de México.
“Los expertos en política y economía evidenciaron que en México se carece de un sistema político competitivo, de un diseño institucional que aliente las negociaciones entre los partidos y de estímulos que inviten a los partidos a lograr acuerdos entre sí”, expresa un informe de la cámara.
María Amparo Casar, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que el principal incentivo de los legisladores recae en ganar su próximo puesto (político), más que en utilizar su nuevo encargo legislativo para empujar iniciativas orientadas a elevar la competitividad y el desarrollo del país.
Por su parte, el analista político Ricardo Raphael puntualizó que México está viviendo un momento muy complicado al enfrentar tres crisis al mismo tiempo: económica, política y de seguridad. El estudioso señaló que el hecho de que los partidos tengan posturas opuestas en cuanto a las acciones a tomar genera una falta de acuerdos sobre las reformas.
El presidente ejecutivo de Políticas Públicas y Asesoría Legislativa (PPAL), Marco Antonio Michel, destacó que hay una diferencia entre lo que se puede esperar y lo que sí se puede hacer en el tema de reformas y coincidió con los otros conferencistas en que en México no existen estímulos para llevar a cabo dichas negociaciones.
Ellis J. Juan, representante en México para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también hizo hincapié en la importancia de crear incentivos para lograr las reformas e integrar un “consejo activo” que impulse la agenda.
Deborah L. Riner, economista en Jefe de la AmCham, sintetizó lo expresado en el foro al expresar que “el problema económico de México es político”.
Consideró además que la descentralización debe ser un tema para acordar entre los principales partidos utilizando un modelo de incentivos para lograrlo.
Los analistas hablaron también sobre la importancia de alcanzar acuerdos en las reformas fiscal, electoral, energética y laboral, con el fin de elevar la competitividad del país y apuntalar al desarrollo económico de México.
El foro fue organizado por la American Chamber of Commerce of Mexico para entender las posturas de liderazgos políticos y económicos, con relación al debate de las políticas hacendarias del próximo año.
¿Un nuevo pacto social?
La pérdida de 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, registrada en el segundo trimestre de 2009 en comparativo anual, fue motivada fundamentalemente por un retroceso de 11.5% en la actividad industrial, expresa José Luis de la Cruz Gallegos, académico del Tecnológico de Monterrey.
“La pregunta oportuna gira en torno a cómo abordarán el Gobierno federal y el Poder Legislativo el problema económico y social que se ha generado. Dado que el sector público no es una fuente de generación de riqueza y empleo, fundamentalmente porque la mayor participación radica en el sector, la duda razonable es ¿en cuánto puede contribuir la política económica a resolver el problema?”, pregunta el catedrático en CNNExpansión.
De la Cruz dice que ante este escenario “es primordial que exista un consenso entre los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, a fin de que el ejercicio del gasto público cambie radicalmente en el siguiente año, privilegiándose ante todo a la inversión y el gasto social”.
“Los expertos en política y economía evidenciaron que en México se carece de un sistema político competitivo, de un diseño institucional que aliente las negociaciones entre los partidos y de estímulos que inviten a los partidos a lograr acuerdos entre sí”, expresa un informe de la cámara.
María Amparo Casar, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que el principal incentivo de los legisladores recae en ganar su próximo puesto (político), más que en utilizar su nuevo encargo legislativo para empujar iniciativas orientadas a elevar la competitividad y el desarrollo del país.
Por su parte, el analista político Ricardo Raphael puntualizó que México está viviendo un momento muy complicado al enfrentar tres crisis al mismo tiempo: económica, política y de seguridad. El estudioso señaló que el hecho de que los partidos tengan posturas opuestas en cuanto a las acciones a tomar genera una falta de acuerdos sobre las reformas.
El presidente ejecutivo de Políticas Públicas y Asesoría Legislativa (PPAL), Marco Antonio Michel, destacó que hay una diferencia entre lo que se puede esperar y lo que sí se puede hacer en el tema de reformas y coincidió con los otros conferencistas en que en México no existen estímulos para llevar a cabo dichas negociaciones.
Ellis J. Juan, representante en México para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también hizo hincapié en la importancia de crear incentivos para lograr las reformas e integrar un “consejo activo” que impulse la agenda.
Deborah L. Riner, economista en Jefe de la AmCham, sintetizó lo expresado en el foro al expresar que “el problema económico de México es político”.
Consideró además que la descentralización debe ser un tema para acordar entre los principales partidos utilizando un modelo de incentivos para lograrlo.
Los analistas hablaron también sobre la importancia de alcanzar acuerdos en las reformas fiscal, electoral, energética y laboral, con el fin de elevar la competitividad del país y apuntalar al desarrollo económico de México.
El foro fue organizado por la American Chamber of Commerce of Mexico para entender las posturas de liderazgos políticos y económicos, con relación al debate de las políticas hacendarias del próximo año.
¿Un nuevo pacto social?
La pérdida de 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, registrada en el segundo trimestre de 2009 en comparativo anual, fue motivada fundamentalemente por un retroceso de 11.5% en la actividad industrial, expresa José Luis de la Cruz Gallegos, académico del Tecnológico de Monterrey.
“La pregunta oportuna gira en torno a cómo abordarán el Gobierno federal y el Poder Legislativo el problema económico y social que se ha generado. Dado que el sector público no es una fuente de generación de riqueza y empleo, fundamentalmente porque la mayor participación radica en el sector, la duda razonable es ¿en cuánto puede contribuir la política económica a resolver el problema?”, pregunta el catedrático en CNNExpansión.
De la Cruz dice que ante este escenario “es primordial que exista un consenso entre los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, a fin de que el ejercicio del gasto público cambie radicalmente en el siguiente año, privilegiándose ante todo a la inversión y el gasto social”.