Cultura
México sin control en excavaciones
Puntualizan acciones en pro del legado histórico en el Primer Seminario Iberoamericano de Periodismo y Patrimonio Cultural
GUADALAJARA, JALISCO (17/ABR/2011).- El tráfico ilícito de bienes culturales será difícil de frenar, mientras otros países no suscriban acuerdos con México, esto lo dijo la coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, María Villarreal. Y destacó la imposibilidad de mantener un control sobre las excavaciones en diversos puntos del territorio.
En el Primer Seminario Iberoamericano de Periodismo y Patrimonio Cultural, señaló que en el caso de Estados Unidos, hay un tratado bilateral que ha permitido éxitos en la recuperación de piezas. Pero hay naciones receptoras de artefactos de manera ilícita que están identificadas, pero que se resisten a firmar acuerdos con México para poder dar paso a procesos penales o asistencia jurídica y diplomática. Al participar en el panel El tráfico ilícito de bienes culturales en México y Estados Unidos, añadió que también está el problema de la vastedad de territorio donde hay excavaciones y sustracción de piezas que no están controlados.
A pesar del registro público de unos 50 mil sitios de zonas y monumentos arqueológicos, no se sabe en realidad cuántos más pueden ser y si algún día se podrá concluir ese registro. ¨Es lo que nos da una visión de lo que hay en el país, están en tierra de todos y tierra de nadie. Tenemos en propiedad privada, en ejidos, en áreas de propiedad social y es difícil saber quién escarba y bajó qué sistema¨, subrayó.
Por ello, reiteró, se complica conocer cuándo sale un patrimonio y a partir de ahí la dificultad de aplicar la ley y ello da argumentos a otros países para no repatriar las piezas que se detectan en el extranjero.
Destacó que México cuenta con una legislación con tradición proteccionista, que ha permitido trabajar de manera activa en sesiones de recuperación. En 1987 se realizó una modificación a la Ley Orgánica del INAH, que lo faculta en recuperación del patrimonio cultural en el extranjero. El bien de los pueblos es un bien codiciado por sociedades receptoras, con el afán de coleccionismo, que da origen a sus museos. El problema es complejo.
La legislación mexicana contempla el patrimonio arqueológico, propiedad de la nación y cuyo contenido está prohibido exportar, salvo exposiciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. El patrimonio histórico (entre los siglos XVI y XIX) no es propiedad de la nación, aunque existen restricciones para su salida del país; mientras, el patrimonio artístico del siglo XX sólo tiene rangos de restricciones de exportación temporal o definitiva, de acuerdo a la existencia de una declaratoria administrativa.
Aclaró que el INAH no es un ente investigador, ni tiene la responsabilidad de indagar quién se robó o cómo un bien patrimonial y sólo actúa como denunciante activo en instancias nacionales e internacionales.
En este sentido, la especialista planteó que se trata de gestiones largas y tortuosas que dan la impresión de aparente inactividad o poco interés por recuperar un patrimonio cultural, pues allí intervienen legislaciones de otros países.
En el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, apuntó que 25 por ciento de éstos son falsos y los hacen pasar como provenientes de las culturas prehispánicas.
Cuando el INAH tiene conocimiento de que se realizará una subasta de supuestas piezas de este tipo, inicia un proceso de verificación y actúa legalmente en caso de provenir de culturas previas al descubrimiento hispánico. Por tanto, determinó que la permisividad de que sigan este tipo de subastas, es lo que incentiva el tráfico ilegal del patrimonio cultural.
En el Primer Seminario Iberoamericano de Periodismo y Patrimonio Cultural, señaló que en el caso de Estados Unidos, hay un tratado bilateral que ha permitido éxitos en la recuperación de piezas. Pero hay naciones receptoras de artefactos de manera ilícita que están identificadas, pero que se resisten a firmar acuerdos con México para poder dar paso a procesos penales o asistencia jurídica y diplomática. Al participar en el panel El tráfico ilícito de bienes culturales en México y Estados Unidos, añadió que también está el problema de la vastedad de territorio donde hay excavaciones y sustracción de piezas que no están controlados.
A pesar del registro público de unos 50 mil sitios de zonas y monumentos arqueológicos, no se sabe en realidad cuántos más pueden ser y si algún día se podrá concluir ese registro. ¨Es lo que nos da una visión de lo que hay en el país, están en tierra de todos y tierra de nadie. Tenemos en propiedad privada, en ejidos, en áreas de propiedad social y es difícil saber quién escarba y bajó qué sistema¨, subrayó.
Por ello, reiteró, se complica conocer cuándo sale un patrimonio y a partir de ahí la dificultad de aplicar la ley y ello da argumentos a otros países para no repatriar las piezas que se detectan en el extranjero.
Destacó que México cuenta con una legislación con tradición proteccionista, que ha permitido trabajar de manera activa en sesiones de recuperación. En 1987 se realizó una modificación a la Ley Orgánica del INAH, que lo faculta en recuperación del patrimonio cultural en el extranjero. El bien de los pueblos es un bien codiciado por sociedades receptoras, con el afán de coleccionismo, que da origen a sus museos. El problema es complejo.
La legislación mexicana contempla el patrimonio arqueológico, propiedad de la nación y cuyo contenido está prohibido exportar, salvo exposiciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. El patrimonio histórico (entre los siglos XVI y XIX) no es propiedad de la nación, aunque existen restricciones para su salida del país; mientras, el patrimonio artístico del siglo XX sólo tiene rangos de restricciones de exportación temporal o definitiva, de acuerdo a la existencia de una declaratoria administrativa.
Aclaró que el INAH no es un ente investigador, ni tiene la responsabilidad de indagar quién se robó o cómo un bien patrimonial y sólo actúa como denunciante activo en instancias nacionales e internacionales.
En este sentido, la especialista planteó que se trata de gestiones largas y tortuosas que dan la impresión de aparente inactividad o poco interés por recuperar un patrimonio cultural, pues allí intervienen legislaciones de otros países.
En el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, apuntó que 25 por ciento de éstos son falsos y los hacen pasar como provenientes de las culturas prehispánicas.
Cuando el INAH tiene conocimiento de que se realizará una subasta de supuestas piezas de este tipo, inicia un proceso de verificación y actúa legalmente en caso de provenir de culturas previas al descubrimiento hispánico. Por tanto, determinó que la permisividad de que sigan este tipo de subastas, es lo que incentiva el tráfico ilegal del patrimonio cultural.