Los accidentes en los que participaron unidades del transporte público fueron más letales durante el año pasado en la metrópoli, con 31 muertes. Esto representa la mayor cifra reportada en los últimos cuatro años. De acuerdo con el registro del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), la mayor parte de las víctimas fueron peatones (15), seguidos por motociclistas y ciclistas con ocho y cinco decesos, respectivamente. Sólo en dos casos el fallecido iba como pasajero en el camión y en uno era el conductor de otro vehículo. Enero, marzo y abril fueron los meses con mayor letalidad (cinco en cada mes).A pesar de la implementación del modelo ruta-empresa, del sistema de pago electrónico y de los subsidios entregados a los camioneros, las unidades del transporte público participaron en 165 accidentes viales, que es la incidencia más alta en los últimos tres años. Esos percances dejaron 326 heridos.Aunque ha reconocido el aumento en las muertes durante el año pasado, el secretario de Transporte, Diego Monraz, argumentó que los niveles siguen por debajo de lo registrado en la pasada administración.El funcionario estatal refirió que hay casos en los que el peatón se lanza a las llantas de los camiones y que alrededor del 25% de las muertes de este tipo serían por “voluntad” de la persona. Añadió que los accidentes en que se involucre una unidad será uno de los componentes a considerar como parte de la Norma de Calidad y Servicio con la que se evaluará a las rutas que recibirán el subsidio de 50 centavos por pasaje. Para la presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, Alma Chávez Guth, las medidas aplicadas por el Gobierno estatal no están funcionando, pues no han logrado hacer más seguro el transporte público y en general no han mejorado la forma en que manejan los choferes, aunque no se distraigan para cobrar y dar cambio. El Gobierno estatal aún no ha publicado las reglas de operación del Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte que tiene aprobados 500 millones de pesos para subsidiar a los empresarios transportistas con 50 centavos por cada pasaje. En el presupuesto estatal 2023 se etiquetaron los fondos, pero aún está pendiente que el Gobierno estatal emita los lineamientos para la distribución de recursos. También falta que se actualice la Norma Técnica de Calidad del Servicio que fijará los requisitos que deben cumplir las rutas para recibir los apoyos.Adicionalmente, los camioneros también dispondrán de 309 millones de pesos para continuar con el programa de renovación de unidades. Según la Secretaría de Transporte, el cambio de camiones lleva casi el 80% de avance, y este año se renovarían alrededor de mil 250 unidades más, con lo que plantean llegar al cien por ciento.Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, en octubre del año pasado, se fijó un plazo máximo de 180 días para la emisión del reglamento y las Normas Técnicas necesarias para su cumplimiento; lo cual no ha sucedido. En abril próximo se cumple ese término.En noviembre pasado, el secretario de transporte Diego Monraz Villaseñor, declaró que ya tenían listos los ajustes al reglamento estatal para armonizarlo con las disposiciones de la nueva ley y dijo que era cuestión de semanas para que se publicaran, lo cual no ha sucedido.“Ya se modificó el reglamento, lo vamos a estar publicando en estos días, pero ya lo tenemos modificado. Está listo el reglamento con todas las reformas. Este reglamento ya incluye todo, todo lo que dice la ley, el tema de grúas; todo”, sostuvo.En los ajustes pendientes está la definición de la regularización de mototaxis para implementar el nuevo esquema de transporte comunitario. Además de la homologación de los límites máximos de velocidad, entre otros aspectos. También está pendiente que los ayuntamientos ajusten sus reglamentos municipales en los elementos que los involucran para el cumplimiento de la legislación estatal. La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial incluye el reconocimiento de los derechos de las personas que resulten lesionadas o fallezcan en un siniestro.Es obligatorio que reciban atención médica y psicológica; reparación integral del daño en términos de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables. Les deben proporcionar información, orientación y asesoría necesarias para su eficaz atención y protección; además de garantizar el respeto irrestricto a su dignidad, privacidad e intimidad; entre otros.Otra novedad es que reconoce el derecho humano a la movilidad, definido como el derecho que tiene toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, con condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de las personas, bienes y mercancías.Define la seguridad vial como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir accidentes de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos.Es elemento básico la accesibilidad universal para considerar espacios de calidad accesibles y seguros que permitan la inclusión de todas las personas sin discriminación, con énfasis en la jerarquía de movilidad, priorizando al peatón. Incluye la movilidad con perspectiva de género para realizar acciones y mecanismos dentro de los sistemas de movilidad para que hagan más segura, incluyente y eficiente la experiencia de las mujeres.El Gobierno Federal en conjunto con las administraciones estatales y municipales deben integrar el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial creado por la nueva ley federal en la materia. Este sistema agrupará la información sobre los accidentes de tránsito, con datos que permitan geolocalizar el lugar del siniestro, tipo de vehículo involucrado, la existencia de personas lesionadas y de víctimas fatales, características sociodemográficas y tipo de persona usuaria. Además de datos como encuestas de calidad en el servicio de transporte, información sobre encuestas de origen y destino, número de unidades, capacidad y rutas, entre otros. Con la finalidad de reducir el número de muertes y lesionados por accidentes de tránsito, en mayo de 2019 fue instalado el Comité Estatal de Seguridad Vial que, según comentó en ese momento Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte, serviría para mejorar la coordinación interinstitucional y para dar seguimiento a las estrategias en materia de seguridad vial. El funcionario estatal aseveró que la visión era evitar con todos los recursos posibles las muertes por accidentes en la movilidad del espacio público.Destaca que desde octubre del año 2020 en el portal oficial del Comité https://www.jalisco.gob.mx/es/noticias-referencias/comite-estatal-de-seguridad-vial no se reporta información sobre acciones, medidas o anuncios que hayan realizado.Entre los proyectos planteados en su lanzamiento se refirió a la instauración de un sistema seguro de vialidad, en el cual, desde la gestión y adecuación vial, se minimizarían las muertes y lesionados por accidentes de tránsito. En la presentación comentaron que países como Alemania, Suecia y Nueva Zelanda han puesto en marcha planes similares al propuesto para el Estado. Según lo anunciado, se buscaría “educar” a los integrantes de la pirámide de movilidad sobre cómo comportarse en la vía que utilizan de acuerdo con el lugar que ocupan dentro del sistema, consiguiendo llevar a la baja el número de muertes por accidentes viales.Además de la Secretaría de Transporte, forman parte del comité el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Secretaría del Trabajo y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ). CT
