Será hasta abril de 2020 cuando la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) entregue los primeros informes de cuentas públicas con las nuevas atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Por lo tanto, será hasta esa fecha cuando se publiquen los documentos en la página de internet de la dependencia.

“Con la nueva ley se acaba el proceso en la Auditoría, ya no llegará al Congreso para que lo apruebe o rechace en una sola ocasión, que es lo que podemos hacer en la actualidad. Básicamente se queda toda la definición en completo y en única instancia en la Auditoría”, destaca el presidente de la Comisión de Vigilancia del Legislativo, Hugo René Ruiz Esparza.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, el órgano fiscalizador se encargará de revisar bajo el nuevo modelo las cuentas públicas correspondientes al ejercicio presupuestal de 2018, por lo que el Congreso aún tendrá facultades en la revisión de los ejercicios presupuestales de 2017.

Además, la ASEJ podrá imponer sanciones directamente, investigar y, en su caso, remitir ante la autoridad competente a los servidores públicos y a los particulares por las faltas administrativas graves y no graves, presentar denuncias contra éstos por el mal manejo de los recursos públicos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa o los órganos internos de control.

También propondrá las medidas resarcitorias cuando se afecte a la hacienda pública o el patrimonio estatal y municipal, e intervendrá ante las autoridades para la ejecución de créditos fiscales por anomalías.

Por otra parte, las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría y, a su vez, tendrá facultades de impugnar las omisiones de la Fiscalía Especializada.

El auditor Jorge Alejandro Ruíz Ramírez destaca que es un trabajo que se fortalecerá poco a poco, “nos interesa mucho robustecer los procesos de ejecución, de planeación y seguimiento. Darle robustez técnica a la fiscalización”.

Para el investigador del ITESO, Jesús Ibarra Cárdenas, la parte positiva es que ya no se puede hacer uso político como antes de las cuentas públicas, aunque el reto será articular el sistema, “en los países que esto funciona es porque los datos y los informes que obtiene la Auditoría son trabajados por la Fiscalía en una investigación rigurosa… y son defendidos con los jueces penales de una forma profesional”.

Pese a tener menos atribuciones en materia de fiscalización, el Congreso será el responsable de recibir las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los municipios y posteriormente las remitirá a la ASEJ.  Además, auditará el trabajo del órgano fiscalizador, evaluará su desempeño, le solicitará  informes generales de las cuentas públicas y citará a comparecer al auditor superior y los auditores especiales.

• Atenderá las denuncias ciudadanas y podrá realizar auditorías a los ejercicios presupuestales en curso.  
• Investigará en el ámbito de su competencia las irregularidades detectadas.
• También promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o los órganos internos de control, según corresponda, para la imposición de sanciones a los servidores públicos y a los particulares.
• Propondrá las medidas resarcitorias cuando se afecte a la hacienda pública o al patrimonio estatal o municipal.
• Intervendrá ante las autoridades fiscales para la ejecución de créditos fiscales por daños a la hacienda pública.
• Podrá presentar denuncias de juicio político ante el Congreso.
• Impugnará ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento.
• Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría cuando lo considere pertinente.

El Itei alista evaluación

Debido a que fue en 2014 cuando el Instituto de Transparencia (Itei) realizó la última evaluación a la ASEJ, su presidenta Cynthia Cantero Pacheco informa que este año se contempla realizar otra revisión.

“Seguramente en este año estará en el plan de evaluación tanto la Auditoría del Estado de Jalisco como el Poder Ejecutivo… posiblemente también los organismos autónomos, el Poder Judicial. Son algunas de las instancias a las que evaluaremos en este 2018, salvo lo que determine el pleno del Itei. El plan se aprobará en el primer trimestre de este año para comenzar a evaluar a partir de mayo”.

Entre las observaciones que realizó el Itei en 2014, fue que el portal de la Auditoría no permitía el acceso a la información de forma libre y fácil, aunque sí se publicaba la información referente a las cuentas públicas, lo que actualmente no sucede.

La presidenta del Instituto destaca que tras la reforma a la Ley de Transparencia de 2015, tanto el Congreso como la ASEJ están obligados a transparentar los dictámenes finales de las cuentas públicas. Pero no ocurre.

“Cuando la Auditoría concluye su revisión tendrá que publicar su dictamen en su página. Posteriormente cuando se envía al Congreso, éste tendrá que publicar lo que le corresponde revisar y dictaminar cuando también concluya este proceso”.

Comenta que sería ideal que la ASEJ replicara la plataforma de la Auditoría Superior de la Federación, en la cual, tras concluir sus investigaciones, cualquier ciudadano puede tener acceso a la información de éstas. “En este momento no se cuenta con una plataforma de manera específica, sería lo idóneo que se contara para que a la sociedad le generara certeza, sobre todo en la localización de la información. No significa que no estén obligados a publicarla, ya la Auditoría del Estado de Jalisco está por ley obligada a publicar todo lo que vaya concluyendo”.

Auditorías en tiempo real, sin fecha para concluirse

Aunque a través de la nueva Ley de Fiscalización, la Auditoría podrá realizar auditorías a los ejercicios presupuestales en curso, se dejaron algunos vacíos para su desarrollo.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Hugo René Ruiz Esparza, acentúa que éste es uno de los temas más importantes en la modernización de la ley, “le dimos más dientes a la Auditoría Superior para que pueda realizar auditorías en tiempo real; es decir, a los ejercicios presupuestales en curso y también pueda proceder en caso de que existan denuncias ciudadanas”.

Explica que si bien la Auditoría Superior se hará cargo de la revisión de la cuenta pública 2018 de todos los entes auditables a través del nuevo modelo de fiscalización y el informe final se tendrá en 2020, cuando lo estime conveniente, derivado de denuncias ciudadanas por presuntas anomalías, podrá auditar el ejercicio de los recursos públicos durante el mismo año de aplicación y no una vez que reciba los informes anuales.

“Es un gran avance que le metimos a la ley, esperamos que puedan ejercer esta función”.

Reconoce que algunos personajes sí buscarán darle un juego político a esta herramienta, “porque seguramente habrá quienes intentarán abusar de esas denuncias ciudadanas por intereses políticos, pero si hay hechos que trascienden a la opinión pública reales en el tema de denuncias de corrupción, seguramente podrá ejercer las facultades de la Auditoría”.

Por su parte, el investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, José de Jesús Ibarra Cárdenas, declara que en la nueva ley no se establece de manera clara cómo se llevará a cabo este proceso.

“Imagínate que se inicie con una ‘cacería de brujas’ o sea muy discrecional la forma en que se hace ese tipo de auditorías en tiempo real. Se echaría a perder el instrumento. Deben existir criterios claros de cómo, cuándo se hace y en qué términos”.

El problema es que la ley no establece los tiempos en que la ASEJ deberá concluir estas auditorías, salvo el plazo para entregar la información al Congreso una vez concluida la revisión. “Los tiempos no están. Los cómo, no los dice”, lamenta el experto, quien añade que le preocupa el criterio que se utilice para decidir si se hace o no una auditoría en curso, porque no puede ser a capricho de la autoridad, “debe existir una justificación, una fundamentación, una motivación de por qué en este caso sí, por qué en otro no”.

Hay ejemplos de los criterios que se utilizan en otros países al detectar corrupción. A quienes participaron en ésta, comenta, se les hace auditoría en tiempo real, pero nace de una investigación del fiscal, quien encontró alguna irregularidad, un hecho delictivo por corrupción, y luego la Auditoría revisa a todos los involucrados. “Eso podría ser un criterio, pero yo quisiera conocer otros más. Ahí la Auditoría tendría que ser muy clara en su reglamentación interna”.

Sobre el tema, el auditor  superior,  Jorge Alejandro Ruiz Ramírez, acepta que no se tienen los tiempos establecidos para llevarla a cabo; en otras palabras, el lapso en el que el órgano fiscalizador debe cumplir con este proceso. “El Artículo 54 de la Ley de Fiscalización establece el proceso y no tenemos tiempos establecidos”.

Comenta que se analizará si se realiza algún lineamiento interno para hacer los ajustes a la nueva facultad de la Auditoría, “estamos analizando cuál es la mejor manera”.

• Con la nueva ley, cualquier persona podrá presentar ante la Auditoría denuncias de hechos por el manejo irregular o desvío de recursos.
• La identidad de las personas que presenten las denuncias será considerada información confidencial, salvo decisión del denunciante.
• Las denuncias serán procedentes cuando se refieran a daños o perjuicios al erario.
• Los supuestos son por el desvío de recursos, irregularidades en la captación o el manejo y utilización de los recursos públicos; actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras; contratación y prestación de servicios públicos; adquisición de bienes y otorgamiento de permisos; licencias y concesiones; comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos; inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
• El auditor, con base en el dictamen técnico jurídico, determinará la procedencia de la denuncia y, en su caso, autorizará la revisión de la gestión financiera, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la cuenta pública en revisión.
• La Auditoría rendirá un informe al Congreso de Jalisco, a más tardar los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Pero no existe una fecha para la investigación y conclusión de la misma.

Vigilancia

A pesar de que el Congreso sólo podrá revisar los informes de las cuentas públicas auditadas por la ASEJ, pero ya no tendrá facultades para rechazarlas, éste mantendrá vigilado al órgano fiscalizador. “Se nos quita esa facultad, pero lo que todavía tenemos es esa facultad por medio de la Unidad de Vigilancia de llevar a cabo la auditoría al auditor, esa todavía es una facultad sobre ellos, tanto del gasto financiero como también de evaluación de desempeño”, destaca el diputado Ruiz Esparza.

El diputado informó que actualmente se lleva a cabo la segunda auditoría a la ASEJ. Ya se realizó la del ejercicio presupuestal 2015 y se trabaja en la de 2016. En tres meses como máximo se hará la de 2017.

Suspendidas, 12 cuentas ante el TAE

Un total de 12 cuentas públicas correspondientes a nueve municipios y al Congreso del Estado, con cargos por 695.7 millones de pesos, se encuentran suspendidas gracias a resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TAE), a través de las cuales los sujetos auditables lograron detener el proceso de revisión o impedir el cobro de créditos fiscales.

De éstas, las cuentas con el mayor monto de observaciones realizadas por la Auditoría por presuntas anomalías en el manejo de los recursos públicos son dos del Legislativo correspondientes a los ejercicios de 2009 (por 281.3 millones de pesos) y 2010 (por 113.9 millones), así como dos del Ayuntamiento de Poncitlán (del ejercicio 2011, por 110.8 millones, y 2012, por 75.3 millones).

Además, el Tribunal ha declarado la nulidad de 11 cuentas públicas por alrededor de 100 millones de pesos; es decir, son recursos que presuntamente habrían tenido un mal manejo y que finalmente no regresarán a las arcas.

En la anterior ley, los sujetos auditables y fiscalizables podían interponer juicios de nulidad ante el entonces Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), pero con la nueva legislación, las impugnaciones deberán presentarse mediante un recurso de revisión ante la ASEJ contra las resoluciones que estimen antijurídicas, infundadas o faltas de motivación. Y podrán presentar un recurso de reconsideración también ante la Auditoría en contra de sanciones que le sean impuestas cuando estimen que son indebidamente fundadas y motivadas.

En el Artículo 75 de la ley se establece que en contra de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración procede el juicio de nulidad ante el Tribunal.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, recuerda que en la actual Legislatura se han fincado 85 créditos fiscales por más de dos mil millones de pesos en contra de ex funcionarios que presuntamente cometieron irregularidades con el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, sólo ocho cuentas han sido decretadas con cargo por el orden de los 38 millones de pesos. El resto fueron regresadas por el pleno del Congreso para una nueva revisión, luego que los entes auditables aportaran pruebas.

Entre éstos se encuentran el ex alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, quien presentó alrededor de 30 cajas para aclarar los mil 054 millones de pesos que le fueron observados por la ASEJ en la cuenta de 2009. Lo mismo sucedió con el Legislativo, al cual se le fincaron cargos por 403 millones correspondientes a la cuenta de 2011 y 233 millones de 2012.

“Los titulares de los organismos tienen el derecho de que si presentan documentación antes de que se declare el crédito fiscal (por el pleno del Congreso), que se los volvamos a revisar por una única ocasión y es lo que estamos haciendo. Los volvió a remitir el pleno”.

Agregó que una vez revisada la nueva documentación se ratificaron cargos a 15 entes públicos auditables. “Estamos pidiendo que se les finque crédito fiscal”. El resto se encuentra en proceso de revisión.

El legislador comenta que el análisis de la cuenta de Sánchez Aldana podría concluirse en tres o cuatro meses, “porque la verdad es un tema muy complejo y es el más amplio de todos”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Positivas, las modificaciones”

Luis Antonio Rocha Santos (de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG)

Las reformas en materia de fiscalización son positivas porque la Auditoría tendrá autonomía total para realizar su trabajo, contrario a lo que sucedía en años anteriores, cuando el Congreso tenía facultades para regresar las cuentas públicas a este organismo, subraya el académico. Sin embargo, reconoce que si bien el Legislativo ya no tiene atribuciones para modificar los dictámenes o informes de la Auditoría, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el ente fiscalizador principal es el Congreso. 

“Creo que en la práctica, el Congreso no quedará exento de hacer observaciones porque puede haber información incompleta, puede haber aspectos que sean necesarios aclarar”.

A pesar de las facultades del Legislativo para pedir aclaraciones a la ASEJ, en específico al auditor sobre el trabajo de revisión de las cuentas públicas, acentúa que la Auditoría estará en libertad de aplicarlas o no, “porque (la nueva Ley) le da una autonomía más amplia (…). Son favorables los cambios, aunque el Congreso tiene un órgano técnico (la Comisión y Unidad de Vigilancia), en cierta manera le correspondería solamente validar los dictámenes que emita la Auditoría”.

Falta la Plataforma Digital Nacional

Aunque la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá tener un control más eficiente del gasto público, al contar con toda la información necesaria para el combate a la corrupción, aún no está disponible, destaca el investigador del ITESO, José de Jesús Ibarra Cárdenas.

“La plataforma digital es el gran reto tecnológico que cambiará la cultura de la gestión pública, la fiscalización y los órganos internos de control”.

La plataforma pretende tener contratos inteligentes, una base de datos de servidores públicos y proveedores que intervengan en las contrataciones, así como los nombres de los sancionados, la publicación del 3de3 de los funcionarios, la información del sistema de fiscalización, las denuncias públicas y hechos de corrupción, entre otros, “sin éste no podrá operar y articularse bien el sistema”.

El sistema nacional se vinculará a los estatales y, eventualmente, también a los municipios para que envíen la información, “todavía no está funcionando. “Es un reto tecnológico y de la gestión pública tremendo”.

Ahora los contratos se deberán realizar en formato digital con información que pueda ser útil para inhibir y prevenir la corrupción, así como para detectarla y sancionarla, agregó el investigador.

A través de este sistema, añade, se podrán investigar las tramas de corrupción, pero antes se deberá conocer cómo funcionará el buzón de denuncias ciudadanas.

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