GUADALAJARA, JALISCO.- Ya son tres millones de firmas las que exigen a los partidos políticos que canalicen sus recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de abril. A través de la plataforma Change.org, los mexicanos piden que donen sus casi siete mil millones de pesos —el presupuesto de 2018— para asistir en la contingencia.Alberto Herrera Aragón, director en México de esa plataforma, dijo que “no hay precedentes” de una respuesta así a través de la página. Ésta ya era la petición más grande desde que sumaba dos millones de firmas. Alfredo Aguirre fue el primer usuario de Change.org en convocar a la ciudadanía a través de este sitio de peticiones. Todos los participantes coinciden con él en que los partidos deben donar sus fondos para tratar de reducir los daños causados por los sismos en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.¿Cuánto pretenden donar en 2018?Todos los partidos políticos han avalado la donación de un porcentaje de sus gastos de campaña para abonar en la restauración por los daños que han causado los sismos más recientes en territorio nacional. Sin embargo, en caso de que se avale que todo el financiamiento público federal se destine a los damnificados en 2018, así quedaría el apoyo por cada partido:Desaparecer el financiamiento público para los partidos políticos no es la mejor decisión. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostienen que habría riesgos al retirarse el fondeo desde el Estado, pues eso permitiría el acceso a otras instituciones y, eventualmente, a privatizar la política en el país.Mientras el consejero presidente, Lorenzo Córdova, hizo público un video en el que afirma que “sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados”, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, ha llamado a “reflexiones serenas” dentro de la coyuntura de emergencia que abrió este debate.La economía del país, apuntó, es desigual y eso incide en riesgos. El primero de éstos: la privatización de las campañas. El director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, ya expuso que los fondos públicos han sido la clave que permitió la transición democrática.Sin embargo, en el video que compartió el viernes pasado (tres días después de la contingencia por el sismo), Lorenzo Córdova expuso que el propio INE sugirió una ruta legal a los partidos para que desvíen sus recursos hacia las personas que más lo necesitan. “Una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia”. Jaime Rivera, consejero del Instituto, declaró que hay una posibilidad latente de que, al eliminar los recursos públicos, sean los líderes del narcotráfico quienes financien las campañas para buscar beneficios una vez que sus candidatos sean electos.En agosto pasado, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de seis mil 778 millones de pesos, tanto para el financiamiento de los partidos políticos, como de las candidaturas independientes. Es el más alto del que se tengan registros. Y pese a que esa aprobación fue unánime, hoy los consejeros del Instituto han abierto el margen de la discusión, y tras la contingencia que se vive tras los sismos, señalan que la reformulación del gasto en los partidos políticos mexicanos es posible. Aunque desde 2009 se han presentado diversas iniciativas para reducir las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos, éstas no han avanzado, incluida la de “Sin voto no hay dinero”, que se mantiene en la congeladora en la Cámara de Diputados. En marzo pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales pospuso para abril la discusión de ésta y otras 15 iniciativas en torno a la reducción de financiamiento; sin embargo, tampoco fue aprobada.La iniciativa es promovida desde 2016 por los diputados independientes Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, a través de la cual se pretende reducir el financiamiento público a los partidos, al modificar la fórmula para que el presupuesto resulte del total de votos recibidos —y no del padrón electoral—, por el 60% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para alcanzar ahorros por dos mil 200 millones.Tras el gasolinazo, la propuesta tomó fuerza, y en especial en Jalisco, en donde ya se le dio luz verde como parte de la reforma electoral que se aprobó en junio pasado, pero que se aplicará a partir del proceso electoral de 2019. A nivel local, la fórmula en años electorales será el total de votos recibidos por el 65% de la UMA y en año no electoral, el total de sufragios recibidos por el 20% de esta Unidad.Hace ocho años, la Asamblea Nacional Ciudadana presentó una propuesta para reducir el financiamiento, que buscaba modificar la fórmula para que los partidos recibieran recursos públicos con base en los votos recibidos, no por el total del padrón electoral. Entre 2014 y 2016, a nivel nacional el PAN, MC, Morena y Encuentro Social presentaron iniciativas para reducir las prerrogativas. De acuerdo con un recuento de “Sin voto no hay dinero”, a nivel local, el PRI presentó una propuesta en 2013 y Movimiento Ciudadano en 2014. Ninguna de éstas fueron aprobadas a pesar del apoyo social. Esta semana, el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional para que sea aprobada en el Congreso de la Unión, con la que busca desaparecer la figura de los diputados y senadores de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Los que llegan por decisión de los partidos políticos. Con esta propuesta, la Cámara Baja quedaría en 300 integrantes y el Senado en 64, al mismo tiempo que se eliminarían 438 diputados locales por la vía plurinominal, lo que traería un ahorro de 11 mil 619 millones de pesos, que serían destinados a los esfuerzos de reconstrucción nacional y de apoyo a los damnificados por los sismos.De acuerdo con la iniciativa, México es uno de los países con mayor número de legisladores, superando a países como Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil, por lo que además de reducir el costo de la función parlamentaria, se presume que la reducción favorecería la eficiencia en la toma de acuerdos y el acercamiento con los electores.Los ahorros que se generarían con la aprobación de la presente iniciativa constitucional serían por un monto de cinco mil 748 millones de pesos en el Congreso, a los que se suman otros cinco mil 870 millones con las modificaciones a las legislaturas de los Estados, detalla el documento.No es la primera vez que se presenta una iniciativa para reducir el número de legisladores. A inicios de año, el Partido Verde propuso eliminar en el Congreso de la Unión a 200 diputados y 32 senadores plurinominales, mientras que el PRI planteó desaparecer 100 legisladores y 32 senadores plurinominales para propiciar un ahorro de al menos dos mil millones de pesos. Hasta Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa.En el mismo tono, el diputado federal independiente, Daniel Torres, presentó otra iniciativa similar a la del tricolor. Aunque la propuesta en cuestión generaría un ahorro, existen voces en contra, como la de Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien considera que reducir el número de plurinominales podría mermar la representatividad democrática.PRIFrente PAN, MC y PRD Morena LA VOZ DEL EXPERTOMaría Marván Laborde (investigadora de la UNAM)México no tiene buenos partidos políticos, y éstos mucho menos cuentan con magníficos representantes, pero el sistema de financiamiento público que existe en el país sirve para impedir que éstos incurran en prácticas ilegales para fondearse y fondear sus campañas. En la opinión de la ex consejera presidenta del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI, de entrada, eliminar las partidas públicas a totalidad nunca estuvo sobre la mesa. Esa fue una idea que alimentaron los propios representantes de los partidos. “Ellos plantearon esto sabiendo que la dificultad jurídica era peor, si no es que francamente imposible (…) Sin dinero no hay manera de hacer política. Lo que sí tenemos que decidir como sociedad es quién queremos que financie la política”.Considera que sí había lógica en pedirle a los partidos que donaran una parte de su dinero; incluso en reducir los fondos públicos que se les asignan, pero nunca hubo una demanda ciudadana de financiamiento público cero.Esa “bravuconada”, como lo llama ella, puede costar más caro a la distancia. Plantearlo de esa forma coloca una incógnita en el rostro de quienes financiarían la política en México. Y hay tres opciones visibles: el mismo Gobierno, a partir de sus recursos para programas sociales; los grandes empresarios y, por último, el narcotráfico.“El modelo de Estados Unidos es de cero financiamiento público, y lo que tenemos es que, en los últimos 50 años, la política está financiada por no más de 30 familias, porque no hay vigilancia en el dinero que entra a la política norteamericana. Aquí la decisión que tenemos enfrente, insisto, es quién queremos que financie la política”.
