Tras la presentación de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende prohibir la subcontratación (outsourcing), solamente en 11 de los 125 municipios en Jalisco no existe esta práctica. Se trata de Amacueca, Chimaltitán, Chiquilistlán, Ejutla, Hostotipaquillo, Santa María del Oro, Mixtlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, Totatiche y Tuxcueca.En Jalisco, 347 mil 959 personas laboran bajo esta figura (17.36% del total de los trabajadores formales), según el Inegi, casi el triple de los 120 mil 545 empleados en este esquema en 2005.El Salto y Tlajomulco son los municipios que registran el mayor porcentaje de trabajadores subcontratados en la metrópoli, con 29.43% y 23.86%, respectivamente, mientras que en el interior son Tuxcacuesco (85.02%) y Mexticacán (41.41%).El sector patronal nacional representado por la Coparmex aseguró que la iniciativa desacata el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve el tripartismo y el diálogo social, en el que se asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores deben ser escuchadas. Añadió que afectaría el T-MEC, se tendrán efectos fiscales adversos y resultará desproporcionada porque prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.Por eso pidió no estigmatizar una figura que genera bienestar y propone vigilar y sancionar a las empresas que simulan o evaden impuestos.El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que “el reto no está en legislar ni quitar o poner figuras legales, sino en desarrollar mecanismos que permitan monitorear la eficacia de la norma actual”.En Jalisco, 347 mil 959 personas laboran bajo la figura de subcontratación (outsourcing), lo que significa un porcentaje de 17.36% comparado con el total de trabajadores ocupados en la formalidad, según los resultados definitivos de los Censos Económicos 2019, presentados en julio pasado.La cifra representa un aumento de 227 mil 414 empleos comparado con 2005, cuando 120 mil 545 personas laboraba de esta forma, aunque el porcentaje era de apenas 9.88% del total de trabajos formales, lo que significa que en 15 años se duplicó el porcentaje.En la metrópoli, El Salto y Tlajomulco son los municipios que registran el mayor porcentaje de trabajadores bajo la figura de subcontratación, con 29.43% y 23.86%, respectivamente.Los otros tres municipios metropolitanos que superan la media estatal son Zapopan (20.05%), Tlaquepaque (19.97%) y Guadalajara (18.07%), mientras que Tonalá (7.37%) es el único con un porcentaje menor.En la Entidad, Tuxcacuesco (85.02%) y Mexticacán (41.41%) tienen el mayor porcentaje de trabajadores en esta figura.De forma contraria, hay municipios donde no hay empleados formales que trabajen de esta forma.Estos son: Amacueca, Chimaltitán, Chiquilistlán, Ejutla, Hostotipaquillo, Santa María del Oro, Mixtlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, Totatiche y Tuxcueca, con 0% de subcontratación.En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma integral que armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).Explicó que la propuesta regula tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios y las obras especializadas, así como las agencias de colocación. Carlos Villaseñor, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, explica que en estos días van a analizar la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador relacionada con la subcontratación, ya que de momento desconocen los detalles puntuales.“El martes o miércoles podríamos tener más información y un análisis más a fondo del proyecto de reforma”.Sin embargo, dice que les preocupa que se tenga una sobrerregulación que afecte las posibles inversiones en el país, lo que dificultaría la operación de las prestadoras de servicio. “Están inhibiendo la inversión con ese tipo de acciones... es un terrorismo fiscal”.El presidente de la Coparmex indica que esta figura se utiliza en otros países del mundo porque facilita la operación a muchas empresas que llegan y se instalan porque no conocen al 100% las leyes. “Para ellos es más fácil que una empresa de ese país les ayude a cumplir las obligaciones que se tienen”.En ese sentido, menciona que en Jalisco las empresas que trabajan cumplen con las regulaciones; incluso, ellos constantemente revisan y vigilan que paguen sus impuestos y otorguen a los colaboradores las prestaciones de ley.“Y las que no, hay que buscar cuáles son y que acaten las reglas y que les complementen los pagos a los trabajadores para que estén protegidos”.También recuerda que, con la entrada del T-MEC, se tendrán observadores internacionales para revisar que a los trabajadores en el país se les paguen las obligaciones al 100%, lo que significa más reglas en beneficio del sector.En México hay un total de cuatro millones 685 mil 356 trabajadores formales que laboran bajo la figura del outsourcing, que representa el 17.3% de los 27 millones 132 mil 297 empleos registrados, según los resultados definitivos de los Censos Económicos 2019. Jalisco tiene el mismo porcentaje, lo que significa que está dentro del promedio nacional.En 2009, el porcentaje en el país era de 13.6% y, en 2014, de 16.6%, por lo que la tendencia también va hacia arriba.De acuerdo con el Inegi, la información censal permite conocer que la participación del personal remunerado ha crecido en los últimos años, así como el personal subcontratado o el personal no dependiente de la razón social, conocido como outsourcing.-Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex en Jalisco.-Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó en febrero pasado el diagnóstico “La subcontratación y sus implicaciones en México”, en donde analizó este fenómeno. Como parte de sus hallazgos, detalló que la práctica puede ser positiva si se implementa conforme a la ley, ya que otorga beneficios que van desde la reducción de costos administrativos de las empresas vinculados al reclutamiento, la selección y la capacitación del personal y el manejo de nóminas, hasta el acceso a personal especializado, y permite a las empresas enfocarse en sus líneas principales de negocio.“La subcontratación bien implementada, lejos de precarizar el empleo, impulsa el desarrollo de la economía formal, de las empresas y del bienestar de los trabajadores y sus familias”.El IMCO explicó que el outsourcing para contratar servicios ayuda con el desarrollo de esquemas de facturación por horas o proyectos, ya que pueden contratar a nuevos profesionistas en la plantilla laboral que aumenten los gastos del negocio.Otras acciones positivas son la rapidez y la especialización, ya que los trabajadores subcontratados cuentan con los conocimientos técnicos. También hay mejoras, porque incrementa la productividad, eficiencia y retención, además de disminuir la rotación. La optimización financiera es otro beneficio, así como la flexibilidad laboral, ya que ofrece la posibilidad de que los trabajadores que laboran de manera independiente reorganicen mejor su estilo de vida sin necesidad de prescindir de unas horas de trabajo mínimas.Si la figura no se implementa conforme a ley puede derivar en la informalidad laboral ante el incumplimiento de las obligaciones patronales, “y que permite ofrecer fuentes de empleo que carecen de condiciones dignas y decentes, precarizar el salario, incumplir con las obligaciones de seguridad social, Infonavit, Afores… así como no acceder a la capacitación y desarrollo”.También pueden originarse prácticas evasoras, registrar al trabajador con un salario menor, o no pagar las cuotas obrero-patronales. Fuente: Inegi.Francisco Javier Camacho, académico y presidente de la Academia de Derecho del Centro Universitario del Sur de la UdeG.Francisco Javier Camacho, académico de la Universidad de Guadalajara, considera que es muy exagerada la iniciativa de castigar con cárcel la subcontratación, principalmente porque la prisión no es una sanción proporcional. Aunque en México se tiene la costumbre de aumentar las penas o las multas para intentar resolver problemas, “estas acciones no funcionan”.“Que yo derogue del Código Penal el delito de robo, no significa que ya no habrá robos, sino que no van a estar calificados”.Al respecto, opina que lo que se debería de hacer es aplicar las medidas de vigilancia y fiscalización que ya existen. “Si las autoridades estuvieran en una vigilancia permanente sería más fácil detectar cualquier anomalía en las empresas, pero la adecuación de las normas es más sano que romper de tajo con una infraestructura que tiene un gran impacto laboral”.Por ejemplo, propone que este tipo de contribuyentes tengan esquemas fiscales más cortos que permitan detectar evasiones.“Que hicieran pagos mensuales… a dos o tres meses para tener una vigilancia más cercana. Y también en aportaciones de seguridad social. Si no hubiera cumplimiento en las obligaciones laborales, sabríamos al siguiente mes si no cumplen”.El especialista agrega que esto se puede regular mediante la Ley del Impuesto sobre la Renta.Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador¿Qué opina de las prestaciones laborales en Jalisco?JL
