A seis años de su puesta en marcha, el Sistema de Justicia Penal en Jalisco aún no se consolida y persisten las fallas en los procesos. Por ejemplo, las sentencias definitivas presentan una baja importante: mientras en 2015 en los juzgados de la Entidad se dictaron seis mil 920, el año pasado se cerró con mil 193, según el Consejo de la Judicatura.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, reconoce que van a la baja las sentencias, sobre todo el año pasado, por las medidas del confinamiento por la pandemia. Sin embargo, la disminución se registra desde antes de la contingencia sanitaria, por lo que argumenta que muchos procedimientos pudieron alargarse, “o la mediación funcionó de manera tal que no se llegó a una sentencia y terminaron en un convenio”.

Anuar García, presidente de la organización México SOS en el Capítulo Jalisco, opina que “los métodos y salidas alternas son pocos”. Añade que la baja en las sentencias obedece a que los juzgados no estaban listos para implementar el nuevo sistema, pero también a la baja judicialización de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

Otro de los temas, acentúa, son los altos niveles de impunidad. De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, Jalisco se ubica por arriba de la media nacional, con 94.5%; es decir, sólo se castigan 5.5% de los delitos en el Estado.

México Evalúa también evidencia la disminución del presupuesto en el Poder Judicial por parte del Gobierno de Jalisco, que aplicó una reducción del 60%, la mayor en el país en temas porcentuales.

La reducción de las sentencias también se presenta en las salas especializadas en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En 2015 se emitieron cuatro mil 227 sentencias, pero bajaron a mil 177 el año pasado. Y entre enero y agosto de este año van sólo 706.

Espinosa Licón acepta las fallas en el nuevo sistema. “Siguen las detenciones ilegales, los autos de no vinculación al proceso por errores en la integración de la carpeta de investigación, pero también porque los jueces no homologan sus criterios”.

Reconoce las fallas

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, reconoció que el sistema de justicia penal está en un proceso de consolidación, por lo que persisten fallas en los procesos. “Nos falta avanzar, necesitamos consolidar, tenemos todavía problemas en la capacitación de los policías, de los agentes del Ministerio Público y sí, por qué no, también de los jueces”.

Declaró que siguen existiendo muchas violaciones al debido proceso por parte de los policías y los agentes del Ministerio Público que no ven bien su carpeta, “no la analizan correctamente y van a las audiencias sin analizar correctamente...  van  con una síntesis o una guía para desahogar su audiencia. Y cuando entran a un debate con el defensor les genera problemas”.

Espinosa Licón subrayó que están en un proceso de consolidación del modelo. “Al día de hoy siguen las detenciones ilegales, los autos de no vinculación al proceso por errores en la integración de la carpeta de investigación, pero también porque los jueces no homologan sus criterios”.

Añadió que en los procesos de consolidación de las reformas estructurales y profundas como éstas, de acuerdo con el análisis que se hace de manera doctrinal, “nos dicen que en 10 años es cuando más o menos la gente siente como propio o adopta el procedimiento”.

Otro de los problemas de los juicios orales es que siguen viendo el procedimiento como nuevo, “como que no es mío y no ha generado esa empatía en la sociedad de que realmente el modelo es bueno, pero también porque no tenemos los buenos policías, los buenos agentes del Ministerio Público o los buenos jueces con experiencia en el modelo”.

El presidente del Poder Judicial apuntó que los Estados más avanzados en el nuevo sistema son Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca.

“Como comenzaron antes de la reforma constitucional, ya tienen experiencia. De manera tal que son los Estados en los que el modelo ahora ha funcionado más eficiente que en el resto del país, porque comenzaron 10 o cinco años atrás”. 

Sin sentencia, 6 de cada 10 presos en el Estado

De las 13 mil 389 personas que se encuentran privadas de la libertad en los centros penitenciarios en el Estado, tanto por los delitos del fuero común como del federal, ocho mil 489 no han recibido sentencia, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Jalisco,  con corte al mes de agosto pasado; es decir, seis de cada 10 se encuentran a la espera de una resolución, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, durante el año pasado, Jalisco se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con la mayor población privada de la libertad sin sentencia, con 63.2%. Sólo por debajo de Tlaxcala (71.6%).

La otra mitad de los Estados, se precisa, se encuentra por debajo del 40% de la población penitenciaria sin sentencia.

“Estos niveles respecto al uso o abuso de la prisión preventiva son alarmantes, aunque todo indica que se han venido normalizando. La figura de la prisión preventiva debe emplearse de manera excepcional, pues su aplicación vulnera el principio de la presunción de inocencia e impone una pena por adelantado a las personas, sin saber si son culpables o inocentes. Y en muchos casos, sin haberse ejecutado una evaluación de riesgos”, se destaca en el análisis de esta organización.

Se puntualiza que la prisión preventiva debería emplearse sólo en aquellos casos en los que se considera que la persona a la que se le imputa un delito puede huir, entorpecer la investigación o representar un riesgo para las víctimas.

“Sin embargo, la dimensión en la que es empleada puede considerarse una continuación del sistema inquisitivo en el país, toda vez que éste solía abusar de la prisión preventiva”.

La organización señala que, a partir de la entrada en vigor de la reforma que amplió el número de delitos por los que se impone la prisión preventiva oficiosa, la población privada de la libertad en espera de que se desarrollen sus procesos se incrementó casi en 25%, de febrero de 2020 a febrero de 2021. 

LA VOZ DEL EXPERTO

“Es muy baja la tasa de judicialización”

Anuar García, presidente de la organización México SOS en el Capítulo Jalisco

La reducción de sentencias en materia penal que se ha tenido en los últimos años, obedece a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en 2016), por el problema que enfrentaron los juzgados que no estaban listos para su implementación, pero también por la baja judicialización de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado, destacó Anuar García.

“Tampoco pueden llevar a cabo como segunda instancia la emisión de resoluciones cuando la judicialización de parte de la Fiscalía es muy baja”.

Acentuó que esta baja en las sentencias va de la mano “con el alto nivel de impunidad que se está manejando desde la operación del actual sistema de justicia penal y por la puerta giratoria que hay en el país. No están listos”.

Comentó que durante los primeros cuatro meses de este año, revisaron el área de los delitos patrimoniales no violentos y financieros de la Fiscalía del Estado, pero solamente se judicializaron 15 carpetas. “Es muy baja la tasa de judicialización en el Estado, eso te explica el por qué no llegas a la segunda instancia y por eso disminuyen también las sentencias en el Poder Judicial”.

Añadió que la Fiscalía tiene muchas deficiencias materiales y humanas, “hace falta recurso económico y personal capacitado, porque batallan mucho para llevar a cabo tanta audiencia en los tribunales y no tienes suficiente personal. Y el nivel de capacitación de ellos sigue siendo bastante bajo”. 

Principales hallazgos

• De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020, elaborado por la organización México Evalúa, a pesar de los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal  bajo un proceso acusatorio adversarial, “identificamos que sus principios y reglas son poco conocidas por la mayoría de las personas. Si bien éstas han escuchado hablar de la mediación y de los juicios orales, la reparación del daño no es un concepto que se comprenda ampliamente”.
• Los esfuerzos de socialización del sistema de justicia no han logrado desarraigar el entendimiento de la prisión como mecanismo de sanción, ya que no se conocen ampliamente la pluralidad de las formas de resolución ni las diversas medidas o sanciones previstas.
• Si bien la población manifiesta conocer los derechos tanto en caso de ser víctima de un delito como en caso de ser imputada,  ésta desconoce cuál es la figura institucional que podría brindarle asesoría o acompañamiento, así como el mecanismo para garantizarlo, “lo que puede repercutir negativamente en el ejercicio de sus derechos”.
• En el documento se agrega que la percepción sobre el sistema de justicia penal es un factor que incide de forma directa en el nivel de confianza que manifiesta la población. “Si bien la percepción no es un factor de ágil conversión, pues comúnmente se mantiene en el tiempo y puede estar asociada a factores diversos, se observa que la percepción ciudadana hacia el sistema se ha mantenido negativa en los últimos 10 años, lo que provoca una falta de acercamiento con las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”.
• Se confirma que la población desconfía de las instituciones que se encuentran más a su alcance. Tal es el caso de las Policías municipales, mientras que confía en mayor medida en instituciones como el Ejército.
• De acuerdo con el informe, en Jalisco quedan impunes 94.5 de cada 100 delitos que se cometen. Y  el nivel de efectividad del Sistema de Justicia Penal  alcanza para sancionar sólo 5.5 de los ilícitos. La Entidad se ubica en el décimo quinto lugar nacional en materia de impunidad.
• El problema es que la cifra negra aumentó en la Entidad, al pasar de 91.2% en 2019 y 92.9% el año pasado; es decir, los delitos no denunciados o no investigados. Se precisa también que a nivel nacional las personas dejan de presentar una denuncia por múltiples factores atribuibles a la autoridad. 

Rezago en transparencia

En el primer semestre de este año, las 11 salas especializadas en materia penal, civil, mercantil y familiar del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco emitieron mil 452 sentencias definitivas, de las cuales sólo 758 han sido publicadas en la plataforma creada para este fin.

En agosto pasado entró en vigor la reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establece que los Poderes Judiciales del país deben transparentar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, respondió que solicitó que se diera prioridad a las expedidas a partir del 8 de febrero pasado para cumplir con la ley. Acentuó que se ha generado un debate, en el sentido de si deben considerarse también las sentencias interlocutorias.

En el acumulado, en el sitio de Transparencia del Supremo Tribunal destinado para este fin se pueden consultar 24 mil 144 sentencias definitivas e interlocutorias resueltas (con corte al pasado 2 de septiembre). Sin embargo, tan sólo en los últimos cinco años se han dictado más de 60 mil.

En el caso del Consejo de la Judicatura se están haciendo también ajustes a la plataforma digital. Espinosa Licón acepta que ésta es antigua y complicada para revisar los fallos de los juzgados.

Pese a las fallas, añadió que Jalisco es de los más avanzados a nivel nacional, por ello se firmaron convenios con el Inai, el Estado de Nayarit y con la Suprema Corte de Justicia de Ecuador para que utilicen el software elaborado por el Poder Judicial del Estado. Están por firmar acuerdos también con Hidalgo y Querétaro (hay otros 22 Estados interesados).

GUÍA

Afectaciones por la pandemia

Luego de las medidas de confinamiento por la pandemia, lo que generó que desde marzo del año pasado se cerrarán de forma intermitente las áreas del Poder Judicial, se implementó un protocolo para tratar de atender los asuntos de manera más ágil, informó el presidente Daniel Espinosa Licón.

Comentó que las oficinas operaban dependiendo lo que marcaba el semáforo epidemiológico, para determinar qué porcentaje podría ingresar a los edificios. “Eso ha generado que no cerremos”.

Mientras la Entidad se encontraba en semáforo naranja, se encontraban operando al 50 por ciento.  “Alguien decía: pueden  subir al 75%. Pero no, porque se reportaron brotes esporádicos de contagios del COVID-19”.
Reconoció que esto provocó que durante el año pasado, en materia penal, se presentara un retraso importante en la aplicación de las sentencias definitivas.

¿Por qué en materia penal se tardaron más que en otras materias?  “Porque en las otras materias hacen tu sentencia leyendo el expediente, dictan o escriben en la computadora  y sacan tu  sentencia, pero en materia penal, en el modelo acusatorio, es citar a todas las partes, a todos los testigos”.

En un juicio corto, informó, declaran alrededor de 10 personas. A su vez, tienen que estar presentes tres jueces, el personal de la Policía procesal que custodia a los detenidos, el asesor jurídico, el Ministerio Público y sus auxiliares. “Es un mundo de gente que tienes que acarrear para un juicio, es complejo. Y eso lamentablemente nos trajo un retraso de aproximadamente 200 juicios. Hoy se está trabajando a marchas forzadas”.

Otro problema es que tienen 24 jueces en el Primer Distrito, los cuales trabajan en sólo 12 salas porque no ha sido posible reparar otras dos que tuvieron daños en el equipo de grabación. “Los jueces se tienen que estar turnando para usarlas”.

Agregó que se está gestionando la posibilidad de contar con más salas. “Estamos en posibilidades, tal vez, de que se concluya la construcción de ocho salas donde actualmente están los juzgados tradicionales que se fueron cerrando poco a poco. Ese edificio lo estaban utilizando como archivo de expedientes (en Puente Grande)”.

Espinosa Licón aclaró que esas salas son sencillas, pero funcionan bien para desahogar las audiencias, incluso los juicios. Además, se habilitaron dos salas más en el Reclusorio Metropolitano. 

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