Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazaron aprobar el proyecto que busca eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el país. La primera jornada de debate en este alto tribunal se suspendió ayer y será retomada hoy. Los 11 miembros de la Corte discutirán si debe mantenerse o no esta medida (se necesitan ocho votos). El ministro Luis María Aguilar destacó que la prisión preventiva oficiosa equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.Pero otros de sus colegas no estuvieron de acuerdo, con el argumento de que la SCJN no tiene autoridad para declarar inconstitucional un artículo de la Constitución basándose en la supremacía de los tratados internacionales.Las intervenciones de ayer hacen prever que no haya suficientes votos para declarar la práctica inconstitucional.El asunto de la prisión preventiva oficiosa se discute en el contexto de un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada 10 acusados son declarados culpables. El sistema provoca paradojas. Recientemente, dos hombres fueron liberados con tobilleras electrónicas después de pasar 17 años en prisión justo cuando fueron declarados responsables de asesinato y están presentando sus apelaciones.El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que eliminar la prisión preventiva oficiosa crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puertas giratorias” en el que los presuntos culpables podrían salir de la cárcel tan pronto como fueran detenidos.Chrístel Rosales, de la organización México Evalúa, agregó que la población carcelaria de México ha aumentado alrededor de 30% desde que López Obrador amplió el número de delitos susceptibles de conllevar prisión preventiva oficiosa en 2019.Se debate la prisión preventiva oficiosa debido a que diversos organismos internacionales consideran que determinar de forma automática la prisión preventiva de una persona va contra sus derechos humanos y que sólo debe aplicarse esta medida cuando haya evidencias de que esa persona pueda suponer un peligro o fugarse.Ameritan prisión preventiva oficiosa:Tras la reforma de 2019 al Artículo 19 de la Constitución, en el que se agregaron nueve delitos en los que se aplica la prisión preventiva de oficio, en Jalisco crecieron al doble las personas privadas de la libertad internadas en centros penitenciarios.En ese año documentaron que había cuatro mil 854 internos sin sentencia, de un total de 13 mil 165; es decir, tres de cada 10. En comparación, en 2021 se reportaron ocho mil 591 personas sin sentencia, de un total de 13 mil 165 que estaban presas, lo que representa seis de cada 10: el doble en dos años. La cifra estatal es mayor al promedio nacional, en la que cuatro de cada 10 internos no cuentan con una sentencia, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022.Otro dato importante es el de los ingresos, ya que de los cuatro mil 206 ingresos a centros penitenciarios en Jalisco reportados el año pasado, el 88% fue sin una sentencia, de acuerdo con información del mismo censo.Por el aumento de personas en esta situación, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó la discusión de dos proyectos que piden limitar la prisión preventiva oficiosa: el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que es la acción de inconstitucionalidad 130/2019, y después el de la ministra Norma Piña, que es el amparo en revisión 355/2021. Para ser aprobado, el proyecto necesita ocho de 11 votos. En la sesión de ayer, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y el ministro Alberto Pérez Dayán, sentaron las bases para desestimar la propuesta. En el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció por invalidar su aplicación pero en las leyes secundarias, en el Código Nacional de Procedimientos Penales.Luego de dos horas de debate de los ministros de la SCJN, simpatizantes de Morena que apoyan la prisión preventiva oficiosa celebraron la decisión de posponer el debate.CONDENASRespecto de los delitos cometidos por los hombres privados de la libertad que están internados en los centros penitenciarios federales, el delito en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fue el de mayor frecuencia. Mientras que en los centros penitenciarios estatales, el robo concentró la mayor cantidad.Y en el caso de las mujeres, en el ámbito federal, el secuestro fue el delito de mayor frecuencia, mientras que en los centros penitenciarios estatales también fue el robo.El tiempo para recibir una sentencia aumentó tras la reforma a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, en 2019 cuatro mil 854 personas no tenían sentencia en Jalisco, y de esas, dos mil 307 personas tenían más 12 meses en la espera de una sentencia; es decir, el 49 por ciento. El año pasado, de las ocho mil 591 personas sin sentencia, mil 908 tenían más de 24 meses esperando por una resolución; es decir, dos de cada 10 presos. Y cuatro mil 613 estaban en el rango de 12 meses hasta 24 meses de espera, lo que significa cinco de cada 10, de acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Esto significa que no se cumple con el Artículo 20 Constitucional, el cual establece que, dentro de los derechos de una persona imputada, es que tiene que ser juzgada, “antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa”.De acuerdo con el ministro Luis María Aguilar Morales, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, “por lo cual su aplicación debe ser excepcional y debe estar limitada a los principios de legalidad, presunción de inocencia”.POSTURASEl Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no cree que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se atrevan a limitar la prisión preventiva oficiosa, pues aseguró que eso sería completamente violatorio a la Constitución al invadir una facultad que le corresponde al Poder Legislativo.El Mandatario federal manifestó que defenderá el tema porque “no se estaría cumpliendo con el principio del equilibro y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar”. El debate sobre la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa que inició ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hará con “independencia y con plena responsabilidad”, garantizó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.A través de un mensaje en una red social, el ministro del máximo tribunal afirmó que se trata de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. Afirmó que se iba a reflexionar sobre el tema de manera puntual.¿Qué opina del proyecto para limitar la prisión preventiva oficiosa?Participa en Twitter en el debate del día @informador
