El Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 revela que las Entidades federativas violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los Gobiernos estatales tienen un cumplimiento promedio de 59%, aunque los tres mejores son Puebla (96%), Campeche (88%) y Querétaro (87%), mientras los peores son Michoacán (32%), Ciudad de México (31%) y Nayarit (15%). Jalisco quedó en la posición 24, con una calificación reprobatoria de 51 por ciento.“El análisis del gasto refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los Congresos estatales”, apunta Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), responsable del estudio.En términos generales, las Entidades subestimaron sus ingresos en 18% y contrataron 246% más deuda de la aprobada, lo que permitió que gastaran 17% más de lo presupuestado.Si en los últimos tres años los Estados hubieran gastado lo que presupuestaron para el gasto burocrático se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento de seis años de la pensión federal para los adultos mayores.El Índice mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 Poderes Ejecutivos estatales. Entre los hallazgos, nadie alcanzó 100% de desempeño en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, un instrumento normativo que, a más de 10 años de aprobado, ordena mecanismos de transparencia, armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos.En comparación con la edición anterior, 19 Entidades mejoraron y 13 retrocedieron. En este último caso está Jalisco: en el último ejercicio se había ubicado en el lugar 15 nacional, pero ahora se rezagó al 24. Sin embargo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas reprueba el estudio.Entre los Estados con menor cumplimiento destaca el caso de Nayarit, que hasta febrero de 2018 no había publicado 51 de 72 documentos evaluados correspondientes al primero, segundo y cuarto trimestre de 2017.“El cumplimiento a los presupuestos de egresos es un acto de simulación y discrecionalidad. Las Entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado. La falta de acción por parte de los Congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas”, refiere el diagnóstico.Contrario a lo que se esperaría, los recursos del Índice 2018 demuestran que no existe una relación clara entre la transparencia presupuestal estatal (la forma en la que los Gobiernos dicen a inicios de año, en sus presupuestos de egresos, cuánto y en qué van a gastar los recursos que estiman recibir) y la transparencia en el ejercicio del gasto (la forma en que dichos Gobiernos ponen a disposición del público la información acerca de cómo ejercen dichos recursos a lo largo del año).En resumen, las Entidades con elevados niveles de transparencia presupuestal “no necesariamente tienen altos niveles de transparencia en el ejercicio de su gasto”.¿Qué mide el Índice?El Índice de Información del Ejercicio del Gasto mide la forma en la que los Estados transparentan y ponen a disposición de la ciudadanía la información financiera sobre el uso y destino que se les dieron a los recursos públicos en 2017. La evaluación se enfoca en la disponibilidad y armonización u homologación de dos mil 304 documentos oficiales correspondientes a la información financiera del año pasado; es decir, en la existencia y difusión a la ciudadanía de los documentos mencionados, así como el seguimiento que se den a los formatos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable.Buenas prácticasEl Imco destaca que en Jalisco se establece que el gasto en publicidad y comunicación del Gobierno del Estado, así como de otros entes públicos estatales, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en internet y redes sociales, así como en prensa y cualquier otro, no podrá rebasar 0.3% de su presupuesto autorizado, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. Es una buena práctica observada por el Imco.GUÍALa principal recomendación del Instituto Mexicano para la Competitividad es establecer controles a las modificaciones presupuestales de los Poderes Ejecutivos, que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. Urgen a terminar con la discrecionalidad.“Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15% debe tener la aprobación del Congreso local. La mayor participación de los Congresos en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto es cumplir su función de contrapeso”.También piden mejorar la calidad de la información financiera: “Se debe eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera y publicar la información financiera en formato de datos abiertos”.Por otra parte, el gasto burocrático aumentó en 11%, con un desembolso adicional de 62 mil millones de pesos entre las 32 Entidades. Si en los últimos tres años los Estados hubieran desembolsado lo que presupuestaron para este rubro, se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos.“Una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos dejan a la vista las verdaderas prioridades de las administraciones estatales. Los Gobiernos asignan recursos a rubros que no tienen un impacto directo en la población. Lo anterior no significa que se deba eliminar el gasto burocrático, pero sí auditarlo, analizar las necesidades de la población y replantear su tamaño”En su conjunto, las entidades gastaron 18 mil 718 millones de pesos más de lo aprobado en este concepto en 2017.Los Estados gastaron 38% más recursos (mil 635 millones de pesos) de lo presupuestado. Por ejemplo, 21 Estados ejercieron más de lo aprobado para este concepto y cuatro Entidades variaron más de 300%: Guerrero (440%), Morelos (415%), Baja California Sur (361%) y Zacatecas (321%).Los Estados gastaron 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado en 2017. De éstos, 25 Entidades ejercieron más de lo aprobado para este concepto. Guerrero ejerció el doble de lo autorizado en gasolina, Chihuahua gastó en combustibles un monto equivalente al 196% de su gasto en protección ambiental.Los Estados gastaron 91% más de recursos (dos mil 103 millones de pesos) de lo presupuestado. En síntesis, 26 Estados ejercieron más de lo autorizado para este concepto. Para 2017, Guerrero presupuestó sólo 20 mil pesos y terminó con un gasto de 134 millones de pesos, una diferencia de 645,946 por ciento.Yucatán ejerció en ceremonias oficiales un monto equivalente al 97% de su gasto en infraestructura.Los Estados gastaron 12% más de recursos (229 millones de pesos) de lo presupuestado. En total, 11 Estados ejercieron más de lo aprobado para este concepto. Baja California ejerció en viáticos un monto equivalente al 365% de su gasto en salud, mientras Guerrero erogó más del triple de lo aprobado (342%).Los Estados gastaron 11% más (mil 669 millones de pesos) de lo presupuestado. Destaca que 19 Estados erogaron más de lo aprobado para este concepto: Jalisco (123%) y Morelos (120%) ejercieron más del doble de lo aprobado inicialmente en sus presupuestos de egresos.Coahuila erogó en publicidad oficial mil 429 millones de pesos, cantidad similar al gasto total en seguridad pública (mil 449 millones de pesos), en un estado en donde 55% de la población considera la inseguridad como el problema más importante.En 2017, los 32 Gobiernos recaudaron 319 mil 753 millones de pesos más de lo estimado (18%), lo cual equivale al 60% del saldo de la deuda pública a nivel estatal al cierre de 2017 (529 mil 174 millones de pesos).“Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional; es decir, son cheques en blanco”.El estudio remarca que, de dos mil 016 conceptos de gasto en 2017, 41% presentó variaciones al alza y a la baja mayores al 50% entre los montos aprobados y ejercidos.Gracias a los ingresos extraordinarios, el año pasado, los Poderes Ejecutivos estatales gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (17%).Además de las deficiencias en el acceso a la información financiera, un elemento que explica la baja calificación promedio del Índice es la falta de armonización de la información financiera. Este Índice no se limita a evaluar la disponibilidad de los documentos correspondientes que se debieron publicar, sino que analiza también el grado de comparabilidad de dicha información; es decir, el nivel de la homologación en el uso de términos y conceptos sobre el ejercicio de los recursos públicos que permita comparar los ingresos, el gasto y la deuda de las Entidades tanto en el tiempo como entre ellas.El diagnóstico refiere que, a pesar de la existencia de los formatos estándar emitidos por la Conac, con el objetivo de armonizar u homologar la elaboración y presentación de la información financiera (contable, presupuestal y programática) de todos los entes públicos del país, “encontramos que estos formatos son adoptados de forma parcial”.“De los dos mil 032 documentos que los Gobiernos estatales publicaron durante 2012, apenas la mitad (mil 081, que equivale al 53.2%) cumplieron puntualmente con los formatos establecidos. Los 951 documentos restantes no dieron seguimiento a dichos formatos, pues incluyen conceptos no contemplados en los mismos, omiten partidas o comparativos, entre otras deficiencias que limitan, o imposibilitan ciertos casos, su comparación entre Entidades, incluso para el mismo Estado en el tiempo. Lo anterior dificulta su análisis por parte de quienes tienen interés en dar seguimiento al ejercicio de los recursos”.Aunque el grado de armonización contable es deficiente, existen diferencias muy marcadas en cuanto a la comparabilidad de la información financiera reportada por las distintas Entidades. Querétaro y Puebla difundieron prácticamente la totalidad de sus documentos dando estricto seguimiento a la normatividad.El Gobierno de Jalisco rechaza la calificación reprobatoria otorgada en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. Hugo Alberto Michel Uribe, subsecretario de Finanzas, remarca que Jalisco tiene mejores posiciones en la medición del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (Sevac), en donde participa la Auditoría Superior.“El resultado del Sevac difiere sensiblemente del estudio del Imco y nos coloca realmente mejor. En la medición del mismo periodo, al cierre de 2017, nos pone una calificación de 93.6 en registros contables, 100% de cumplimiento en registros presupuestables y 100% en registros administrativos. El Sevac es la medición interna de las Entidades federativas en materia de cumplimiento de contabilidad, es la que se ha considerado como el parámetro de la medición de la contabilidad en el país. Nos sorprendió fuertemente el estudio del Imco”.El Imco observó que Jalisco casi duplicó el pago de la nómina o los servicios personales el año pasado, a través del capítulo 1000; es decir, que gastó 34 mil 715.2 millones de pesos, cuando solamente tenía aprobados 17 mil 952.4 millones.Al respecto, Eduardo Gómez de la O, coordinador de Gestión Gubernamental de Jalisco, responde: “La calificación más baja es por el enfoque del gasto en servicios personales. Ellos dicen que tuvimos un gasto extraordinario de casi 91% de lo presupuestado contra lo ejercido en 2017… es su mayor argumento para bajar la calificación de Jalisco. Sin embargo, el presupuesto de egresos se presenta de la siguiente manera: en el capítulo 1000 (de servicios personales), son siete mil 952 millones de pesos para la nómina centralizada y el tema de la nómina de educación no entra allí, se va al capítulo 7000 como una provisión. Lo anterior es por la siguiente razón: son 19 mil millones de pesos que no los podemos poner en el capítulo 1000 porque nuestra ley impide hacer variaciones o adecuaciones en el presupuesto en cada partida mayor al 10%. Nosotros tenemos una rigidez jurídica del presupuesto por las reglas estatales. No podría ejercer el recurso federal, por eso lo pongo como una reserva y cada mes voy haciendo adecuaciones y traspasos de la partida 7000 a la 1000, de tal manera que, al final del día, no represente ningún incremento del presupuesto, simplemente lo hago conforme el Gobierno federal envía cada mes (el recurso para pagarle a los maestros)”.Refiere que en otros Estados no ocurre esto porque sólo el Congreso de Jalisco consideró que no pueden aplicarse variaciones de más de 10% en las partidas. “Esto no lo tiene otra Entidad y hace de Jalisco un caso particular. Eso nos afecta de manera particular en el estudio del Imco, pero con todo respeto, faltó algún criterio técnico más sensato para poner en consideración a Jalisco, o por lo menos preguntar por qué las variaciones. Nos ponen como si fuera un ingreso extraordinario y un gasto por encima de lo autorizado por el Congreso, pero no es así”.Hugo Alberto Michel Uribe añade otro error importante del Imco y tiene que ver con la fecha de presentación de la información: “En el informe del Imco comentan que la información de 51 puntos (global), que deja a Jalisco en la posición 24, se habría convertido en 70 puntos si la información, según ellos, se hubiese presentado en los tiempos de la contabilidad gubernamental. Sin embargo, estamos muy sorprendidos porque nosotros sí cumplimos con la obligación en el tiempo. La ley señala que la cuenta pública debe entregarse a más tardar el 31 de marzo, un plazo que cumplimos con amplitud, la entregamos a la Auditoría Superior del Estado y subimos los estados financieros a la página web del Gobierno del Estado. Nos tiene sorprendidos porque no hicimos una publicación extemporánea, deberíamos estar por arriba del sexto lugar nacional. Son los temas que se deben revisar”.La medición del SevacMedición del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (Sevac), en la que Jalisco obtiene 98.08%, una calificación diferente a la que marca el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 del Imco.En México, ocho de cada 10 contratos no se licitan públicamente y las compras gubernamentales y la asignación de obra pública se han convertido en “islas de corrupción, en fuentes de derroche y desvío de recursos”, denunció el senador por Jalisco, Clemente Castañeda.“Ante este severo problema estructural, lo que debemos hacer desde el Poder Legislativo, es cerrarles la puerta a estas prácticas, restringir al mínimo la posibilidad de realizar procesos de adquisiciones fuera del marco de licitación pública y fuera de mecanismos de transparencia”.Recordó que estas prácticas permitieron la “Estafa Maestra”, la contratación de empresas fantasma en Estados como Veracruz o el socavón de la carretera a Cuernavaca, por eso confirmó que Movimiento Ciudadano (MC) propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios.Los planteamientos son los siguientes:Que la licitación pública sea la regla y no la excepción.Que se reduzcan las excepciones para realizar licitaciones públicas y se reduzca el porcentaje máximo para asignar contratos por invitación restringida o adjudicación directa, pasando de 30% al 20 por ciento.En materia de transparencia pretenden la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información oportuna a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).En materia de participación ciudadana, se ampliaría la participación obligada de los “testigos sociales” en estos procedimientos, con el propósito de que no sea un asunto de buena voluntad o complicidad.También proyectan un mecanismo para eliminar la triangulación en compras, derogando la disposición que permite realizar adjudicaciones directas mediante triangulaciones con terceros, como instituciones de educación superior, y así evitar otra “Estafa Maestra”.Para combatir a las empresas fantasmas, el Comité de Participación Ciudadana del SNA establecerá los lineamientos obligatorios para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas.“Estas reformas que hoy planteamos pretenden cerrarle la puerta a las prácticas de colusión, de opacidad y discrecionalidad en los procesos de compras gubernamentales y obras públicas. Buscamos también empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones, y buscamos ponerle un alto al derroche de recursos que genera la corrupción en materia de compras gubernamentales”. Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de la planeación y el gasto del Gobierno de Jalisco?Participa en Twitter en el debate del día @informador
