La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bateó ayer la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nueve de los 11 ministros del Máximo Tribunal votaron a favor de invalidar el ajuste a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que aprobaron en diciembre Morena y sus aliados. Con esto se permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer propaganda electoral. La Corte consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar los cambios sin que los diputados de oposición conocieran antes las iniciativas.Entre quienes votaron contra la reforma estuvieron la titular de la Corte, Norma Piña, y el ministro Arturo Zaldívar. La posición de este último llamó la atención, pues ha sido criticado por su supuesta cercanía con el Presidente. Por ejemplo, el mes pasado votó a favor de una propuesta para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército. Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la reforma electoral, que también fue impugnada por la oposición y el INE -aún está pendiente su discusión en la Corte-, podría correr con la misma suerte y ser anulada.La segunda parte del “Plan B” incluye cuatro leyes que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos. Esto también podría darse con una veintena de leyes en otras materias de Gobierno que aprobó de forma expedita el grupo de Morena en el Senado a finales de abril sin presencia de opositores.El domingo pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirmó que, de invalidarse parte del “Plan B”, los ministros estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”. Sin entrar al fondo, con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la primera parte del “Plan B” electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por numerosas violaciones en el proceso legislativo, con lo que se anula la posibilidad de que se aplique en las elecciones locales del Estado de México, Coahuila o la Presidencial en 2024.Previo a la discusión, la Corte, por unanimidad, desechó el incidente de recusación con el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pretendía impedir al ministro ponente Alberto Pérez Dayán participar en la discusión sobre la validez del “Plan B”.Al iniciar la sesión, el ministro Pérez Dayán presentó el proyecto y enfatizó que existe violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución porque la reforma combatida se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo.Debido a que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó para su aprobación en la sesión del 6 de diciembre de 2022.Pese a que los ministros tuvieron diferencias en algunos temas, la mayoría estuvo de acuerdo en que existieron graves violaciones al procedimiento legislativo, ya que los diputados de oposición no conocían las iniciativas que se estaban votando.Esto, derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida ante la SCJN por PRD, PAN, PRI, MC, así como diputados y senadores contra las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.Los nueve ministros que votaron a favor del proyecto fueron: Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la ministra presidente, Norma Lucía Piña Hernández.En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.En su intervención, la ministra presidente, Piña Hernández, coincidió con el sentido del proyecto, pues advirtió que el decreto impugnado fue emitido sin observar algunas reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante, a saber, se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse.Además, no tuvieron tiempo para examinar previo a la deliberación derivado de que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida.SUNLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió a la Cámara de Diputados la notificación de la invalidez de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”, propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.La resolución emitida ayer por la tarde fue enviada a la Cámara Baja a las 17:00 horas.“Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas. Se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós”, se lee en el oficio.También señala que la anulación surtirá efecto a partir de la notificación al Congreso de la Unión. Asimismo, ordena la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.SUNNo eran muchos los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación que exigían la renuncia de al menos ocho ministros, "por corruptos y vendepatrias", decían afuera del recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Los pocos simpatizantes utilizaban megáfono y gritaban para llamar la atención. La puerta principal estaba llena de lonas y pancartas contra los ministros.Las consignas iban dirigidas principalmente contra quien se ha convertido en la enemiga principal hoy de la 4T: la ministra presidente de la Corte, Norma Piña: "Fuera Piña, prepotente, arrogante y corrupta". Adentro, los ministros daban un golpe fulminante a la reforma presidencial al invalidar el primer decreto, pero afuera ni se enteraban. La gente pasaba y en el plantón ni nadie se inmutaba.Sin embargo, con toda tranquilidad, llegó una ciudadana a mostrar su apoyo a la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Subió algunos peldaños y alzó su pancarta en la cual expresaba: "Norma Piña no estás sola", mostrando su apoyo hacia la magistrada.SUNAnte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el “Plan B”, legisladores de Morena y aliados, así como la oposición manifestaron ayer sus reacciones tanto en contra como a favor.Por parte de la Cuarta Transformación, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, señaló a la Corte de proteger los intereses de particulares. “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”. Además, de que aseguró que habrá un “‘Plan C’ en las urnas”.“La SCJN se volvió la oposición”, respondió la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, a la publicación que hizo la Suprema Corte en Twitter.Mientras que senadores de oposición festejaron el fallo de la Suprema Corte. El legislador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, afirmó que con esta resolución gana el país, porque “en la Constitución cabemos todos, porque México es un diverso, es plural”, compartió en un video publicado en redes sociales.“El ‘Plan B’ fue un plan de batidillo, un ‘Plan B’ de burro, un ‘Plan B’ de bye, adiós. Al INE no se toca, a la Constitución no se toca, ni a la igualdad entre mexicanos se toca”, expresó Martínez. “La arbitrariedad del ‘Plan B’' sale de coma sólo para recibir el acta formal de defunción", dijo el exconsejero, Ciro Murayama.SUNLA VOZ DEL EXPERTOTres especialistas en Derecho ConstitucionalLos expertos constitucionalistas señalaron a EL UNIVERSAL que con la resolución el Máximo Tribunal dio muestras de independencia y de no dejarse presionar. Asimismo, aseguraron que la segunda parte del “Plan B” y las reformas aprobadas durante la llamada noche negra correrán la misma suerte.Francisco Burgoa, profesor de derecho por la UNAM, consideró que haber declarado la invalidación total del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas por vicios en el procedimiento legislativo “es un mensaje contundente hacia Morena y sus aliados”.“Me parece una sentencia sumamente impecable. Era importantísimo que la Suprema Corte pudiera mandar este mensaje a la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados, es un mensaje de defensa del orden constitucional y decirle a la mayoría parlamentaria que, aunque tengan mayoría, no pueden faltar al procedimiento legislativo, tienen que respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República”.Burgoa aseguró que la Suprema Corte queda como “último dique de defensa de la Constitución”, pues los ministros “no se están dejando presionar ni intimidar”, y recordó que para la segunda parte del “Plan B” el ministro ponente es Javier Laynez, quien votó a favor de la resolución.“Pareciera que el magistrado también se va a centrar en el estudio de la forma y del fondo. El objetivo es dejar en claro que cualquier reforma que se apruebe en el Congreso debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, y yo espero que esta votación sea un preludio de lo que ocurrirá al momento de que se revuelva la segunda parte del ‘Plan B’ electoral, lo que será en los próximos días”.Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo, señaló que la Suprema Corte “rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría.“No fue un tema en el que la Corte haya tenido que batallar, realmente fueron tantas las irregularidades y las inconsistencias que el Máximo Tribunal comprobó a través de sus precedentes que estas reformas se aprobaron en fast track, sin que se justificara la urgencia para dispensar todos los trámites, lo cual deja descubierto el desaseo monumental que hubo en las cámaras del Congreso”.Consideró que lo anterior abre un precedente sobre lo que debe ocurrir en el análisis de la segunda parte del “Plan B” y de las reformas avaladas en la llamada "noche negra".“En estos dos episodios se cometieron, de igual forma, importantes errores legislativos, por lo que auguro que igualmente serán sujetos de declaraciones de inconstitucionalidad”.Astudillo advirtió que se aproxima un momento de tensión política importante y adelantó que “es probable” que la bancada de Morena busque que renazcan estas iniciativas, entre otras cosas.“Van a redoblar esfuerzos para acosar a la Corte. Puede que quieran reformar a la Suprema Corte, que quieran quitar a estos ministros y a poner a nuevos, y esto a final del día nos habla de un endurecimiento de recursos hacia el final del sexenio”.Ante este escenario, Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señaló que el Congreso mexicano “tiene que estar consciente de que vivimos en una etapa de madurez en la que todas las personas y todas las instituciones pueden tener criterios y opiniones diferentes, pero que lo que cuenta es que una vez que se da una resolución como la que ha emitido la Corte todos tienen el deber de cumplirla y de acatarla”.Sobre el futuro de la segunda parte del “Plan B” y las reformas aprobadas en la noche negra, Valadés consideró que el Máximo Tribunal “ha dado muestras de independencia en su criterio y en su actuación”.“Lo más probable es que también se invaliden, porque la alteración o el incumplimiento del proceso legislativo parece que fue generalizado, pero hay que estudiarlo todo de manera muy severa, muy seria, muy responsable, y sin anticipar ningún tipo de decisión”.
