Durante el último sexenio, la administración pública invirtió más de 38 mil 601 millones de pesos en cuatro “megaproyectos” de seguridad que no obtuvieron los resultados esperados, pues ni incidieron en que la percepción de inseguridad entre los jaliscienses disminuyera ni ayudaron a reducir la violencia. De hecho, ésta aumentó.

En 2014, el Gobierno del Estado echó a andar la Fuerza Única Jalisco (FUJ), un grupo élite de Policía en el cual se invirtieron mil 886 millones de pesos durante los cinco años que operó (hasta 2018). La administración anterior también habilitó una “súper Fiscalía” que fusionó a la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad y hasta la Policía Vial (por lo menos durante los dos primeros años de Gobierno del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz). En ella se erogaron 35 mil 784.5 millones de pesos.

Otra arista a la cual se le apostó para mejorar los indicadores de inseguridad fue el sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5, que terminó costando 895 millones de pesos (y que todavía no está terminado). Finalmente, se creó una Agencia Metropolitana de Seguridad que costó 36 millones de pesos durante sus dos años de operación.

Y pese a esa apuesta millonaria para reducir la violencia en el Estado, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos aumentó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que, mientras en diciembre de 2016, seis de cada 10 jaliscienses dijeron sentirse inseguros, para el cierre de 2019 ya eran ocho de cada 10 quienes no percibían seguridad al caminar por las calles.

A la par, la cifra de delitos aumentó notablemente. Mientras en 2015 Jalisco registró 261 ilícitos al día, para 2019 ya eran 429 cada 24 horas. Esto es, en cuatro años la Entidad paso de registrar 10 a 18 crímenes por hora. Y esos son sólo los que llegan al registro oficial.

En el indicador de homicidios dolosos, año con año Jalisco ha roto su propio récord desde 2015, pues de mil 736 víctimas documentadas ese año, para el cierre de 2019 ya eran dos mil 763: casi mil más. En tasa, el Estado pasó de 13.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2013, a 34 en 2019, según las cifras oficiales.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, sostiene que además de que la inversión no logró los resultados esperados, es una pérdida que no podrá ser devuelta, por lo que es necesario que la actual administración se concentre en ejecutar proyectos bien fundamentados para no repetir la historia.

Se queda a medias la Agencia Metropolitana de Seguridad

Borrón y cuenta nueva. Así pasó con la agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), la cual “desapareció” formalmente el pasado mes de agosto para constituirse como la operadora de la Policía Metropolitana, un proyecto propuesto por la nueva administración del Gobierno del Estado y el cual será liderado por el general Arturo González García.

Pero no se concibió para ese fin. En 2016, la AMS se echó a andar como un ente coordinador de los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. En teoría, la Agencia gestionaría e implementaría políticas públicas “de impacto metropolitano para la prevención de la violencia y el delito”. Sin embargo, para octubre de 2018 su titular responsable, Marco Valerio Pérez (actual secretario del Trabajo), renunció.

Ante esta situación, la AMS quedó también sin reglas claras sobre su operación o su existencia. Incluso sus cuentas de redes sociales dejaron de ser actualizadas desde que Marco Valerio salió, mientras que su página de internet institucional ya no existe, por lo que no es posible analizar su inversión ni gastos de operación.

Lo anterior, porque ahora la AMS forma parte del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y éste no desagrega ni los presupuestos ni los proyectos específicos para esta Agencia, de la que hoy sólo se sabe que se ha convertido en el ente de operación de la Policía Metropolitana… y ésta  no ha entrado de lleno en funciones, pues aún no se aprueban oficialmente sus reglas de operación.

Con la AMS también se fueron los, al menos, 36 millones de pesos que se asignaron para su puesta en marcha: 17 millones 743 mil pesos en 2017 y 19 millones 323 mil pesos para 2018, establecidos en las leyes de Egresos para el Estado de Jalisco, respectivamente. No se sabe qué proyectos previstos sí consolidó la AMS con esos fondos.

Cuando aún operaba como ente autónomo, la Unidad de Transparencia de la AMS informó que se habían establecido al menos 13 proyectos estratégicos, entre ellos una colaboración con ONU-Hábitat, colaboración en materia de empresas de Valet Parking y el impulso de la homologación salarial de los policías de la Metrópoli, pero en su mayoría solo se presentaron los proyectos ante los medios de comunicación y hubo algunas mesas de trabajo.

Se solicitó una entrevista con el director de Políticas Públicas de la AMS, Marcos Vargas Medrano, para conocer los alcances de la AMS durante 2019 y el presupuesto ejercido ese año. No se obtuvo respuesta.

Homologación salarial en ZMG

El único de los proyectos de la Agencia Metropolitana de Seguridad que trascendió, aunque tampoco logró del todo su cometido, fue la propuesta de homologación salarial de los cuerpos de Policía en la metrópoli. Para ello se realizó un análisis de las corporaciones y de sus necesidades. La única corporación que logró consolidar el aumento fue la Policía de Guadalajara; el resto, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco, llegará con la puesta en marcha total de la Policía Metropolitana.

Planes “sin cuajar” para contener la violencia

Estos son algunos de los proyectos de la AMS para reducir la inseguridad que quedaron inconclusos:

Colaboración con ONU-Hábitat

En julio de 2017, la AMS propuso el proyecto “Participación del Área Metropolitana de Guadalajara en la Red Global de Ciudades más seguras”. Éste buscaba colocar a la metrópoli en una posición líder para el fortalecimiento de la red de ONU-Hábitat en Norteamérica. En diciembre de 2017 se realizó un foro en este sentido y en abril de 2018 se presentó el proyecto de “Georreferenciación” de los delitos en el Área Metropolitana de Guadalajara. De ninguno de éstos hay resultados públicos.

Colaboración con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco

Ese mismo mes arrancaron los trabajos con el Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Área Metropolitana, como un órgano auxiliar en la previsión de políticas públicas para prevenir los delitos. En octubre se presentó un anteproyecto para la implementación del Gabinete de operación en El Salto; sin embargo, hasta finales de 2018 no hubo información sobre su implementación.

Prevención del homicidio doloso

También en julio de 2017 se sostuvieron diversas pláticas con el organismo México Evalúa y se elaboró el diagnóstico de homicidios en el Área Metropolitana de Guadalajara, contenido en la propuesta de proyecto “México sin homicidios”, además de llevar a cabo el seminario “México sin homicidios: acciones para salvar vidas desde lo local” y se motivó a los alcaldes metropolitanos para que firmaran una carta “por un Jalisco sin homicidios”. No hubo seguimiento de este compromiso.

Colaboración con el Instituto Jalisciense de las Mujeres

A finales de 2017, se tomó un acuerdo de trabajo interinstitucional con el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) para una alianza con el organismo, en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía del Estado, el Instituto de Estadística y Geografía del Estado, la Secretaría de Movilidad (hoy Secretaría de Transporte), la Procuraduría de Desarrollo Urbano, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y los alcaldes de los municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. No hubo proyectos, estudios o análisis, más allá de la campaña contra el acoso en el Tren Ligero “Expulsemos el acoso”, implementada en abril de 2018.

Proyecto de parabuses seguros

En febrero de 2018 arrancó la instalación de cámaras de videovigilancia en paradas de autobuses. Se afirmó que intervendrían al menos 30 de ellas y que todos los equipos formarían parte del sistema de videovigilancia “Escudo Urbano”. Se colocaron dos a manera de prueba piloto: una en un parabús de la Preparatoria 8, en Zapopan, y una afuera del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), pero un año después quitaron la de Prepa 8 y la otra ya no funcionaba.

El inicio y el fin de la Fuerza Única Jalisco

La Fuerza Única Jalisco (FUJ) fue otro de los proyectos de seguridad en el Estado que no terminaron por cuajar. La estrategia nació y murió en un solo sexenio.

Se pensó como un cuerpo de seguridad de altas capacidades de reacción, pero su operación ya no fue requerida por la nueva administración estatal, que desde su inicio anunció la disolución de ese grupo para dar paso a la Policía Metropolitana (aunque sus funciones no se asemejan, pues la FUJ operaba principalmente al interior del Estado).

El Gobierno de Aristóteles Sandoval realizó una inversión de 389.9 millones de pesos, sólo para la construcción de centros de operación regionales en los municipios de Valle de Juárez, Colotlán, Mascota y Tepatitlán de Morelos, los cuales serían un espacio de coordinación entre los tres niveles de Gobierno, para reaccionar ante hechos delictivos en menos de 20 minutos.

Su costo de operación durante los cuatro años que estuvo en funcionamiento (2014 a 2018) fue de mil 886 millones de pesos.

La FUJ se componía de la Fuerza Única Metropolitana (FUM), que inició operaciones el 16 de diciembre de 2013, y de la Fuerza Única Regional (FUR), que arrancó el 21 de julio de 2014. Ambas corporaciones sumaban mil 658 elementos del Estado y los municipios, “altamente capacitados” en temas como ubicación geográfica, vías de comunicación, ataque a delitos de alto impacto, preparación física, defensa personal y planeación de misiones, además de tener conocimientos en operación de helicópteros y acciones antiemboscadas.

De acuerdo con el exgobernador, este agrupamiento sería “incorruptible” pues contaba con los sueldos más altos (22 mil 400 pesos mensuales); sin embargo, sobre la marcha se dio cuenta de elementos de ese grupo que fueron destituidos por su presunta alianza con el crimen organizado, extorsiones, cobro de piso y hasta secuestros.

El Escudo Urbano, sin terminar de despegar

Otro de los proyectos más ambiciosos de seguridad que iniciaron en la administración pasada fue la implementación del sistema de videovigilancia conocido como Escudo Urbano C5.

El proyecto, iniciado en 2016, contemplaba colocar y conectar seis mil 400 cámaras para la vigilancia de la Entidad, así como mil 500 botones de pánico que tendrían la capacidad para identificar rostros, placas de vehículos, detonaciones de armas de fuego y “movimientos sospechosos”. Según el cronograma original, debía quedar listo en septiembre de 2018, pero a la fecha todavía hay dispositivos pendientes de conectar.

El Escudo Urbano ha requerido una inversión de 895 millones de pesos. Fue heredado, inconcluso, a la actual administración, que incluso penalizó al proveedor: la empresa CIS International Limited, con 53 millones de pesos por su incumplimiento.

De enero de 2019 a febrero de 2020, 413 personas fueron detenidas sólo por robo a vehículo gracias al C5. Para comparar, en todo el año pasado la Policía de Tlajomulco logró 611 arrestos (al menos uno cada 14 horas) con el sistema de videovigilancia C4 de ese municipio.

Persiste la desconfianza de los jaliscienses en el actuar de jueces

Con la finalidad de transformar la forma de impartir justicia en el país y mejorar sus dinámicas de implementación, en 2008 se aprobó una reforma constitucional al Sistema Penal Acusatorio, y en 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional.

En Jalisco, los cambios y su aplicación se consolidaron en mayo de 2016, durante la administración de Aristóteles Sandoval.

El Gobierno estatal invirtió 986 millones de pesos para la creación de 12 distritos judiciales y 29 salas de control y oralidad con “equipamiento de vanguardia”, así como en el diseño de un sistema informático para la captura de información de los más de 23 mil 711 operadores del nuevo sistema de justicia, entre los cuales se encontraban policías, agentes del Ministerio Público, peritos y defensores, entre otros.

Y pese a que el objetivo principal era mejorar el sistema de impartición de justicia, Jalisco no ha visto la luz, pues no consigue mejorar los índices de impunidad.

En septiembre pasado, este medio informó que, de acuerdo con Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, de la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas 0.6%, cifra con la cual se ubica en la antepenúltima posición a nivel nacional en la probabilidad del esclarecimiento de un ilícito.

Además, la Encuesta 2019 de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que siete de cada 10 jaliscienses perciben a los jueces como corruptos, poniéndolos en el primer lugar de las autoridades más señaladas, por encima del Ministerio Público y las policías municipales.

Para mejorar la percepción, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado puso en marcha la estrategia #EsLoJusto, con la cual buscan demostrar que la justicia es “abierta y cercana a la sociedad”.

Por ello, se abrieron oficinas del Poder Judicial del Estado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Allí se ofrece información y orientación jurídica referente a los casos, además de que se da a conocer el trabajo de magistrados, consejeros y jueces.

Las nuevas acciones para restaurar el orden

Delitos. La actual administración estatal dejó en claro desde su arranque, en diciembre de 2018, que su estrategia para atacar la inseguridad se enfocaría en disminuir los delitos patrimoniales, “pues éstos son los que más golpean a los ciudadanos”.

Patrullaje. El Gobierno de Jalisco también informó sobre una serie de cambios que serían implementados para frenar la violencia. Entre ellos, un ajuste en el modelo de patrullaje en la ciudad, y aunque no se dieron detalles para garantizar que éste funcione, se consideró el apoyo del Ejército.

Desaparecidos. Hace un año, el Gobierno de Jalisco dio a conocer la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, cuyo principal anuncio fue el aumento de recursos para la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, que pasó de 17.2 millones de pesos, a 84.4 millones. El presupuesto de la Comisión de Búsqueda también aumentó: de cinco a 30 millones de pesos.

Un helicóptero de guerra adquirido por los jaliscienses

El pasado 19 de agosto, este medio publicó que el helicóptero Black Hawk, adquirido durante la administración de Emilio González Márquez, se había quedado corto en detenciones en comparación con la aeronave “Halcón” de la Policía de Zapopan.

Mientras que con la primera sólo se logró la aprehensión de 20 personas desde su adquisición (en 2011), con el helicóptero de la comisaría zapopana se consiguió detener a 41 en cinco años (de 2013 a 2018).

Otra diferencia abismal está en la inversión de compra. El primero le costó al Estado 17.7 millones de dólares, mientras que por el segundo, los zapopanos pagaron 1.6 millones.

El argumento bajo el cual se autorizó que la aeronave blindada se integraría a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, durante la época de Luis Carlos Nájera, fue que sería una herramienta de gran utilidad para hacer frente al crimen organizado.

José Luis Béjar Gracía, coordinador del escuadrón táctico-aéreo de la Secretaría de Seguridad estatal, aclaró entonces que “el helicóptero no es para detener gente; es nada más para trasladarlos”, por lo que sostuvo que éste “es redituable”.

El Informador