“Pedro” tiene más de 20 años de formar parte de corporaciones de seguridad. Actualmente es policía estatal acreditado en las pruebas de control y confianza, y previo a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal fue capacitado durante medio año para las intervenciones que debe realizar como primer respondiente. Sin embargo, revela que no cuenta con el equipamiento necesario.

En la encuesta institucional que se realizó en 2017 para evaluar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), solicitada por los Gobiernos estatales, el 59% de los policías entrevistados en Jalisco respondió no contar con el equipamiento suficiente para desarrollar las funciones de primer respondiente.

Por otra parte, el kit del primer respondiente se encuentra entre los equipamientos que se perciben con menor calidad, junto con el chaleco balístico, confirmó 41% de los encuestados.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG, declaró que las consecuencias de no contar con el equipo necesario son graves, pues las pruebas se pueden deteriorar o desvanecer en el juicio. “Es muy grave porque se sigue generando impunidad. Será un delincuente más que no es castigado, y esto genera la famosa puerta giratoria de la que tanto nos hemos quejado: que entran y salen por deficiencias en la investigación”.

A dos años de la puesta en marcha del nuevo sistema, las autoridades estatales reconocen que persisten las fallas en Jalisco, aunque se continúa trabajando en su consolidación a través de un proceso de adaptación y ajuste, explicó Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la implementación del nuevo sistema. Una de las estrategias de ajuste fue la operación de un laboratorio de análisis de casos, en donde se revisan las audiencias en las cuales los jueces decretan la libertad de los imputados para conocer dónde estuvo la falla y quién la cometió.

La organización México Evalúa indica que, para dar seguimiento al nuevo sistema, el éxito de la investigación y de este modelo recae en que el policía realice de manera oportuna y adecuada las acciones que le corresponden, “en ese contexto, atender las necesidades de la Policía debe ser una prioridad, pues es quien actúa como el primer vínculo entre los ciudadanos y el sistema de justicia”.

“El equipo sólo lo vi en la capacitación”

“Según el procedimiento de primer respondiente, debemos tener equipamiento para tal función. Pero la mayoría de los compañeros no lo tenemos (de un grupo de cerca de 300)”, señaló “Pedro”, un policía con más de 20 años de servicio.

A dos años del Nuevo Sistema de Justicia Penal, declaró que conoció el equipamiento con el que deberían trabajar porque es policía acreditado, “duré seis meses en capacitación para tal función, para ser primer respondiente y procesar el lugar de los hechos”. Sin embargo, comentó que el 85% de los compañeros que forman parte de su escuadrón no cuenta ni con la cinta que es básica para acordonar el lugar de los hechos, “el que los tiene, a veces los compra, porque la dependencia no lo da a todos. Lo debería de dar”.

Destacó que para intervenir el lugar de los hechos deben hacerlo con un equipo profesional, pero “sólo lo vi en la capacitación, hace dos o tres años que nos capacitaron, solamente ahí vi el equipo que debo utilizar para (intervenir) en el lugar de los hechos. De ahí en más no lo he visto en ningún lugar”.

Debido a que fueron más de 300 los elementos capacitados durante seis meses sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y su labor como primer respondiente, el grupo cuestionó si contarían con el equipo.

“Porque solamente lo vi en la capacitación... Si en verdad tuviéramos ese equipo, fuéramos una Policía profesional a nivel internacional… pero si en verdad nos apoyaran, porque tenemos las habilidades y el conocimiento para hacer las funciones”.

Explicó que requieren cintas, guantes, bolsas y las tenazas para levantar los indicios. “Son tenazas, no son así a la mano o ahí agárralas, es algo profesional. Es un maletín que tiene todo lo necesario para sacar las huellas de los vasos. Todo lo que quieras hacer, lo podemos hacer. Es un maletín científico”.

A pesar de que se informa que la Policía cuenta con el equipo necesario, "si se acude a las revisiones —denunció— se podrán dar cuenta de que no lo tienen, es más, muchos ni lo conocen”.

Para colmo, algunos de los elementos que fueron capacitados durante medio año fueron enviados a módulos o están en servicios establecidos, “pero no en la calle como se requiere y, aún así, si anduvieras en la calle, no tienes el equipo”.

Pierden recursos para capacitación

En 2017, el Gobierno del Estado dejó escapar más de ocho millones de pesos destinados a servicios de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). De un total de 8.9 millones de pesos que se disponían para este fin, sólo se gastaron 510 mil 920 pesos.

De 2012 a 2017, este último es el año en el que menos recursos se han ejercido a través de esta partida. En 2016 se etiquetaron 7.5 millones y se gastaron 5.8 millones. En 2015, se podía disponer de 7.9 millones y sólo se ejercieron 4.1 millones. En 2014 se tenían 20.1 millones de pesos y se hizo uso de 17.8 millones.

La partida es la 334 del FASP, la cual puede ser utilizada también para capacitar sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal. A pesar de que las autoridades pueden disponer de diferentes bolsas para llevar a cabo este trabajo, “Pedro”, el policía entrevistado, señaló que en muchas de las ocasiones no se da cumplimiento. Por ejemplo, al ser él un policía acreditado, su capacitación puede entrar dentro del subsidio que se contempla para este tipo de grupos. Sin embargo, comentó que el año pasado le tuvieron que dar 40 horas para “refrescar” lo que aprendió en la capacitación. “Pregunta a quién se lo dieron. A mí no me lo dieron y el sistema dice que me dieron 40 horas de capacitación en cuestión de primer respondiente (…). A nadie”.

De acuerdo con el diagnóstico del Modelo Óptimo de la Función Policial, correspondiente a 2017, se reporta que durante el año pasado en Jalisco no se aplicaron los talleres de actualización del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Entre éstos, el de la función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos, el de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el taller de investigación criminal conjunta (policía de investigación y preventiva).

El Cuarto Informe de Aristóteles Sandoval revela que en 2016 se implementaron 37 programas de capacitación, que a su vez sirvieron para contar con el personal necesario en cada distrito judicial ante la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal. Se destaca que se capacitaron a cerca de nueve mil servidores públicos estatales y municipales.

Durante el informe del año pasado, reportó que se diseñaron micro procesos en el Sistema Acusatorio Adversarial para policías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que sirven para reducir los márgenes de error en su actuación.

No se ponen de acuerdo en los formatos

Otro de los problemas a los que se enfrentan los policías en sus intervenciones como primer respondiente son los formatos que deben llenar, pues la Fiscalía y el Ministerio Público no se ponen de acuerdo sobre éstos.

“Mi dependencia me da un formato, lo llenamos y vas al Ministerio Público y éste te lo rechaza porque no es el formato que ellos quieren”, señaló el policía “Pedro”, con más de 20 años de experiencia.

Esto implica, detalló, buscar de nuevo a las víctimas de un delito: “Los volvemos a molestar, los volvemos a hacer que vivan el momento de seis horas antes, tenemos que regresar con ellos para que nos firmen… y son daños a las víctimas. No es algo profesional”.

El agente ya padeció este tipo de diferencias en los formatos durante un servicio donde intervino como primer respondiente. Recordó que se tardó una hora y media en el llenado del informe, pero al final le tomó más de 10 horas entregarlo, “porque al Ministerio Público no le gustó cómo se describieron los hechos. No le gustó el formato”. Sin embargo, el policía afirmó que los formatos dicen lo mismo, pero tienen un diseño diferente, “no se ponen de acuerdo”.

En un informe de México Evalúa para dar seguimiento la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se destaca que, a pesar de la existencia de protocolos, ha resultado difícil homologar la actuación de los policías.

Y  en el reporte “La cara del sistema de justicia penal: ¿qué le hace falta al policía primer respondiente?”, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), se remarca que existe una ausencia de coordinación entre policía y el agente del  MP,  “esto se debe a que, por un lado, la Policía no confía en el Ministerio Público y, por el otro, el Ministerio Público tampoco confía en el trabajo de los policías”.

La ausencia de criterios homologados establecidos por el MP respecto a la forma en que los policías deben llenar los informes, afecta considerablemente su labor.  “Esta disparidad de criterios no sería tan marcada si se hubiera dado una capacitación integral de manera conjunta a ambas instituciones”, añade el documento del organismo.

Reconocen fallas

A dos años de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las autoridades reconocen que persisten las fallas en Jalisco, aunque se trabaja en su consolidación a través de un proceso de adaptación y ajuste, informó Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para su implementación.

Una de las estrategias de ajuste fue la puesta en marcha de un laboratorio de análisis de casos, en el que se revisan las audiencias en las cuales los jueces decretan la libertad de los imputados para conocer dónde estuvo la falla y quién la cometió.

En estas mesas de trabajo se ha detectado que el principal problema está en las fallas cometidas por el primer respondiente, lo que provoca que más del 50% de las detenciones sean ilegales.

De acuerdo con datos de los Juzgados Especializados en el Primer Distrito Judicial (zona metropolitana), que es donde se concentra más del 76% de la incidencia delictiva del Estado, de 733 controles de detención que solicitó el Ministerio Público de febrero a la fecha, 419 fueron ilegales.

“Efectivamente, es más del 50% lo que se está resolviendo (de manera) ilegal”.

Morán Ferrer puntualizó que 205 casos fueron vinculados a proceso, los cuales derivaron en 10 juicios orales. Sin embargo, de éstos últimos sólo seis han sido condenatorios.

“Partimos de que hubo una capacitación que no ha sido la suficiente y que la capacitación tiene que ser permanente y constante”.

Apuntó que se invirtieron 14 millones de pesos federales para capacitación, a los cuales se suman los presupuestos aportados por cada Gobierno local, aunque no recordó la cifra. Además, el gobernador ya informó que capacitarán a más de siete mil policías estatales y municipales. Los cursos correrán a cargo de los jueces que conocen las deficiencias.

Entre las principales fallas, puntualizó, figuran el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), problemática que se ha ido solucionando con el apoyo de la Fiscalía y de las comisarías. En su mayoría, estas últimas cuentan con un equipo de abogados que asesoran a los policías en la calle para el llenado de los formatos.

“Ahorita el problema lo traemos en los actos de molestia. Las causas por las que las jueces están decretando la libertad tiene que ver con este acto de molestia. Nos señalan que las detenciones que realiza el policía son ilegales porque no hubo circunstancias suficientes que justificaran la revisión corporal de la personal y, por consiguiente, la detención”.

Debido a que con el nuevo sistema algunos delitos, como los robos, no ameritan prisión preventiva oficiosa, acentuó que esto fue aprovechado por los delincuentes para seguir delinquiendo.

Para hacer frente a este problema se trabaja en replicar una buena práctica que lleva a cabo el municipio de Zapopan, que es el único que cuenta con una Unidad de seguimiento de medidas cautelares para dar seguimiento a los detenidos que están bajo libertad, “saben a qué detenidos estarles dando un seguimiento cercano”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“El nuevo sistema va muy lento”

Francisco Jiménez Reynoso (investigador de la Universidad de Guadalajara)

Para el experto en materia de seguridad, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado “va muy lenta”, con carencias y con falta de voluntad política, sobre todo para que éste marche de forma adecuada.

Consideró que es muy preocupante porque reina la impunidad y quien pierde es la ciudadanía, que prefiere no denunciar los delitos y, en su lugar, decide hacer justicia por su cuenta, como ya ha ocurrido en algunas colonias.

Lo que hacen los ciudadanos, explicó, es advertir a los delincuentes que no los entregarán a la Policía porque no les harán nada, porque si los entregan a las corporaciones los soltarán en la esquina, o a los 15 días.

Esas son las consecuencias, señaló, de tener una mala Policía, un mal primer respondiente o  un mal sistema de judicial. “Todo esto es muy delicado porque se están multiplicando los linchamientos en las calles de nuestra zona metropolitana, incluso en el interior del Estado se está multiplicando la autotutela”.

Explicó que estos actos de justicia por propia mano contradicen la Constitución, “pero la gente lo está practicando porque de forma desesperada ve que las autoridades están siendo rebasadas por la delincuencia, tanto común como la delincuencia organizada”.

Para mejorar el nuevo sistema, acentuó, se requiere voluntad política, que los Gobiernos se preocupen por capacitar a los operadores de éste. Por ello, serán las autoridades en turno quienes deberán enfocarse en la capacitación y dotar de las herramientas e instrumentos que se requieren para que los primeros respondientes se apeguen a los protocolos de actuación.

“Materiales de baja calidad”

Jorge Tejeda Montaño (académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO).

Como revelan las encuestas realizadas a los policías, hay muchas fallas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal porque los jueces de control tienen que resolver en contra de las acusaciones de los fiscales por fallas en la preservación de los indicios, concretamente por errores en la llamada cadena de custodia, destacó el investigador.

Y son los policías quienes deben de acordonar las áreas y empezar a señalar adecuadamente todo lo que se encuentre en la escena y tomar de testigos a quienes estén presentes, “esos kit que dicen ellos que llevan, contienen principalmente adhesivos para poner sellos y bolsas de plásticos, que llaman elegantemente bolsas para embalaje, para empacar”.

Sin embargo, precisó que policías de algunos Estados tienen unas bolsas de plástico que se rompen, otras que tienen sellos como el “ziploc” o bolsas de plástico como las del tianguis.

“En algunos Estados no tienen ni con qué cerrar esas bolsas, y en otros lugares esas bolsas tienen algún color o vienen ya perforadas… o no les dan etiquetas, o las etiquetas tienen adherentes muy corrientes, que antes de que ellos regresen a las comandancias o las entreguen a los fiscales, las etiquetas ya se despegaron”.

Tejeda Montaño subrayó que preservar el lugar de los hechos implica hacer una previsión por adelantado de qué elementos pueden servir como datos de prueba para solucionar un caso, y luego ese paso puede o no convertirse en una acusación de un proceso penal.

“Estas previsiones de emergencia, operativas, en la calle, deben soportar esas dos finalidades: que se preserven los indicios y que al hacerlo correctamente conforme a la ley y conforme al modelo de gestión, permitan que den luego la certeza legal que se pide en un procedimiento penal”.

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