A pesar del incremento en el presupuesto para tener más plazas en la Policía Vial de Jalisco, hay subejercicio en la aplicación de recursos. En la pasada administración se tenían autorizadas mil 967 plazas en sus diferentes niveles y en este año el Congreso del Estado garantizó una plantilla de dos mil 021. El problema es que están ocupadas sólo mil 867 plazas, según el último Informe del Gobierno de Jalisco.

Lo anterior va en contra de tener una mayor plantilla de agentes que colaboren en mejorar la circulación en las zonas conflictivas, cuando hay choques lamineros o espectáculos deportivos o artísticos, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara. Al trabajar por turnos, baja la presencia de policías en las calles.

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Argumentando “cuestiones de seguridad del personal y de estrategia operativa”, la Policía Vial oculta vía Transparencia cuántos elementos viales hay en activo en las calles, cuántos laboran por turno y el número de patrullas en circulación; sin embargo, se contradice y esas cifras se aclaran de manera general en los Presupuestos de Egresos de Jalisco y en los Informes Anuales del Gobierno.

La semana pasada, presidentes municipales de la metrópoli manifestaron su inconformidad con el actuar de la Policía Vial.

Durante la última sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, cuestionó la ausencia de elementos en labores para agilizar el tránsito en la ciudad. Por su parte, Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, advirtió que la corporación se quedó corta en la vigilancia del cumplimiento de la regulación sobre la circulación del transporte de carga. Sergio Chávez, munícipe de Tonalá, añadió que el tema es preocupante y planteó que el asunto se toque en la reunión de esta semana de la Mesa de Seguridad de Jalisco para definir posibles ajustes. En esa cita estarán presentes el gobernador del Estado, alcaldes y autoridades de todos los niveles.

Ayer se solicitó entrevista con la Policía Vial para abundar sobre la plantilla laboral, pero otra vez se contestó que “por razones de seguridad no se pueden dar datos”.

Aunque hace 15 meses entró en vigor la reforma para agilizar el retiro de automóviles en choques lamineros, ésta no se aplica e incluso alcaldes y funcionarios estatales desconocen lo que pasó con la disposición.

En la pasada sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, cuestionó la inoperancia en la atención de los percances viales menores que provocan congestionamiento vehicular en calles y avenidas de la metrópoli.

“Hay veces que con un laminazo estás hora y media atorado porque se para todo el tráfico hasta que llegue el señor del seguro, se debe aplicar alguna medida y que el Congreso la tome, pero no es posible que por un laminazo tengas parado todo por horas”, argumentó Frangie. Sostuvo que falta regulación a las empresas aseguradoras y evitar que impongan condiciones que provocan que autos siniestrados no se puedan mover.

Por su parte, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, recordó que en el Congreso estatal se impulsaba una modificación legal sobre el tema y cuestionó sobre qué pasó con el avance.

Presente en la reunión de la Junta, la diputada Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana, dijo desconocer qué pasó con la iniciativa de reforma y planteó revisarla. Por su parte, Patricia Martínez, coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, que incluye a la Secretaría de Transporte (Setran), planteó preguntar qué pasó con la reforma al ex diputado Jonadab Martínez, quien ahora trabaja en la administración del gobierno del Estado.

La reforma a la Ley estatal de Movilidad y Transporte para agilizar los choques lamineros entró en vigor desde el 30 de diciembre del 2020. El gobierno estatal tenía un plazo máximo de tres meses para armonizar sus reglamentos y aplicar las disposiciones, pero los ajustes se publicaron en el Periódico Oficial hasta el 28 de octubre de 2021, casi un año después de su aprobación. Ahora está pendiente que entre en funcionamiento el centro de mediación de la Setran para que finalmente se aplique la disposición. Con la reforma se estableció que, en los casos de choques leves, donde sólo haya daños materiales, los involucrados podrán llegar a un acuerdo de conciliación y mover los automóviles para no entorpecer el tránsito vehicular.

Diputados también critican ausencia

La actuación de la Policía Vial presenta carencias que se deben corregir, coincidieron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso de Jalisco.

Mónica Magaña, presidenta de la Comisión, comentó que reforzar las labores de los agentes será uno de los puntos prioritarios en las reformas al marco legal estatal que realizarán tras la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial.

“Necesitamos fortalecer a la seguridad vial. Sí es un hecho que requiere más presupuesto, más elementos o mayor presencia en la ciudad. El gran tema es que la Policía Vial está armada y no puede pertenecer a otra área (sólo a la Secretaría de Seguridad). Tendría que decidirse ejecutivamente”, indicó la diputada de Movimiento Ciudadano.

El legislador Óscar Vásquez, de Morena, acentuó que se debe revisar el actuar de la corporación y buscar que sea más eficiente.

“Está claro que hay una notoria ausencia e incapacidad de la Policía Vial para agilizar la movilidad”, destacó.

La diputada Susana de la Rosa, de Futuro, cuestionó la falta de coordinación, por lo que pidió calles con circulación más ágil y segura. “Es bueno tener tecnología como las cámaras, pero también personal”.

Julio César Hurtado Luna, del Partido Acción Nacional, agregó que se puede revisar el mecanismo para que los agentes viales refuercen el trabajo en las calles.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, criticó la ausencia de la Policía Vial en las vialidades de la metrópoli y el gobernador de Jalisco le respondió que debía “serenarse”. Frangie le reviró que no se trata de eso, sino de plantear una solución a fondo para incrementar la presencia de agentes viales y mejorar la circulación en la ciudad. Incluso, si la solución está en que los Ayuntamientos se responsabilicen de la movilidad, se mostró dispuesto a analizar el tema.

ENCUESTA

Lideran percepción de corrupción

• La Policía de Tránsito es la que mayor percepción de corrupción registra en el área de seguridad y la que menor confianza genera, advierte la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• Según el estudio, el 73.9% de los que participaron en la encuesta consideró que los agentes viales son más corruptos que los policías municipales, jueces o policías estatales.
• En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad, poco más del 90% identifica a la Marina como la dependencia que mayor confianza le genera, mientras que al fondo de la tabla está la Policía de Tránsito pues sólo el 47.2% de los ciudadanos la calificó como confiable.
• La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó por Transparencia que, entre los años 2018 y 2022, inició 109 investigaciones que involucran a 120 agentes de la Policía Vial del Estado, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Los señalamientos fueron principalmente por presuntos actos de abuso de autoridad y cohecho.
• Por su parte, la Secretaría de Seguridad respondió que, de diciembre de 2019 a febrero de este año, recibieron 45 quejas ciudadanas en contra de agentes viales por presuntamente haber solicitado o recibido “mordida”.
• Entre los ilícitos denunciados por ciudadanos hay cinco casos por presuntos robos cometidos por los agentes, sin embargo, sólo hay dos vinculaciones a proceso penal y no se han dictado sentencias condenatorias ni absolutorias en los juzgados contra estos servidores públicos.

La Corte frena regreso de la Policía Vial a la Setran

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional una reforma aprobada en 2015 para dar el mando de la Policía Vial a la entonces Secretaría de Movilidad, no es viable plantear que la tutela de la corporación pase de la Secretaría de Seguridad a la de Transporte.  Mario Silva Rodríguez, titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), refirió que esa determinación impide analizar la petición de los alcaldes metropolitanos de regresar la corporación al área de transporte.

“No es un asunto de decir la quito de aquí y la pongo acá, legalmente hay un fallo de la Corte que establece que mientras estén armados, los policías tienen que estar en esas condiciones”.

Fue la ex titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, quien promovió la acción de inconstitucionalidad 134/2015 contra las modificaciones a la Constitución de Jalisco y a las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal y de la Fiscalía. Los ministros de la SCJN le dieron la razón a la procuradora y determinaron la inconstitucionalidad de la legislación estatal por contravenir la Constitución Federal.

Al comienzo de la actual administración estatal, en diciembre de 2018, se aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local en la que se especificó que el mando de los elementos viales estaría en la Secretaría de Seguridad.

VOZ DEL EXPERTO

Alma Chávez, presidenta de la asociación Víctimas de la Violencia Vial.

Ven retroceso en actuar de agentes

Para la presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, Alma Chávez Guth, desde que la Policía Vial pasó al mando de la Secretaría de Seguridad del Estado se incrementaron las denuncias por presuntos actos de corrupción. Explicó que la agrupación tiene documentadas quejas por actos de extorsión. Comentó un caso, que sucedió el pasado 15 de marzo, cuando un automovilista fue detenido porque su vehículo no traía placas y aunque el ciudadano mostró el permiso de agencia la agente vial le pidió “mordida” de cinco mil pesos para no ser sancionado.

Chávez Guth consideró que en los últimos años ha existido un retroceso con la corporación integrada durante la administración estatal pasada, cuando pertenecía a la Secretaría de Movilidad.

“Se rompió esa cercanía y ese acompañamiento que tenía de los visores ciudadanos, de la movilidad, que éramos las asociaciones de víctimas y todos los organismos que trabajamos seguridad vial desde la sociedad civil, y entonces poco a poco comenzaron a llegarnos quejas a la asociación de posibles actos de corrupción”, comentó.

La activista consideró que la Policía Vial debe recuperar el objetivo de prevención y no en un sentido de choque o sanción.
“Nos llegan reportes de que también están pidiendo mordida para evitar ir al torito, entonces ahí ¿qué estamos haciendo? Queremos que sea como antes la Policía Preventiva que regrese a lo que es hoy la Secretaría de Transporte, y que esté al frente una mujer o un hombre que tenga mayor capacidad”, remarcó. 

AVALAN NUEVA LEY

A nivel nacional

El Congreso de la Unión avaló una nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que implicará ajustes a la legislación estatal.

La nueva ley federal busca establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Además, regula los convenios de coordinación metropolitana y la participación social de las Entidades, municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas.

La Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco analizará la armonización de las leyes locales con la federal, ya que se plantea como prioridad la regulación al transporte de carga y mejoras al actuar de la Policía Vial.

Otro asunto pendiente que se destrabaría con la nueva legislación es la regulación para la instalación de bolardos. El Imeplan refirió que abordarán el asunto como parte de la armonización estatal.  

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