Zugzwang: el ejército de Calderón

Del alemán Zug (movimiento) y Zwang (exigencia, obligación), “Zugzwang” designa en ajedrez la posición en que uno de los jugadores queda reducido a un estado de impotencia activa: está obligado a mover, pero cualquier movimiento sólo empeora su situación. Un término que describiría con justeza la situación del país en su guerra en contra del narcotráfico.

A lo largo de estos meses he cuestionado la decisión de Calderón de introducir al Ejército de manera permanente en el combate a las drogas. Es una decisión que entraña riesgos políticos de mediano plazo (no es fácil regresar a los soldados a los cuarteles) y constituye una amenaza a los derechos humanos de la población civil. Por no hablar del quebranto a la seguridad nacional que representaría una eventual corrupción de los altos mandos militares.

Sin embargo, luego de la opinión de varios lectores y nueva información, tengo la impresión de que los operativos militares han sido un “movimiento obligado”, tras el cual no quedamos mejor que como estábamos, pero no haberlo hecho nos habría dejado en peor escenario.

Hace una semana, en este espacio, afirmé que el combate al narco se estaba convirtiendo en el Iraq de Calderón. Sigo creyendo que por motivos políticos, fuimos a una guerra improvisada, sin objetivos claros ni la información suficiente sobre el rival en nuestras propias filas. Año y medio más tarde estamos tan lejos de ganarla como al principio.

Y sin embargo, habría que reconocer que a diferencia de Iraq, esta guerra no había manera de evitarla. Todos los que repudiamos ver al Ejército en las calles tendríamos que responder honestamente qué alternativa tendríamos a corto plazo. Sólo podemos imaginarnos el escenario catastrófico que significaría un combate al narco librado exclusivamente por cuerpos policíacos que se han colapsado. El viernes pasado el presidente municipal de Ciudad Juárez afirmó que seguía vacante el puesto de jefe de la policía, luego de la ejecución reiterada de los anteriores titulares. Un gobernador justifica la mediocridad de su procurador argumentando que nadie más quiere esa posición. Varios jefes policíacos en el Norte han solicitado asilo político por las amenazas de muerte y la incapacidad del Estado mexicano para protegerlos.

Lo que la población padece en Culiacán o en Cd. Juárez es una virtual y autoimpuesta “hora de queda”. Luego del asesinato del hijo del Chapo en un centro comercial por parte de 20 sicarios, bazucazo incluido, todo espacio público constituye una zona de peligro. Las personas se han refugiado en sus hogares. En ese sentido habría que admitir que no hay peor violación de los derechos humanos que la existente en regiones controladas por el crimen organizado. La impunidad y la violencia de un poder salvaje que se erige como el dueño de una comunidad termina por asemejarse a un estado de sitio en contra de la población. Tendríamos que vivirlo en carne propia antes de descalificar a los vecinos y autoridades de estas regiones que han pedido la entrada del Ejército.

Y es que, en efecto, las encuestas levantadas en las zonas de operativos revelan que entre 70 y 90% de la población favorece la presencia de los militares. Pese a la romántica noción que difunden los narco corridos sobre el origen social y la identidad regional de los traficantes, lo cierto es que a la hora de ejecutarse entre sí y lo que se les atraviese, o simplemente de tomar lo que desean, resulta que tienen muy poco de Robin Hood. En palabras de un lector: “En general son personas ignorantes, prepotentes y violentas sin aprecio alguno por la vida. Ni la suya ni mucho menos las de los demás. Quien ha sufrido la violencia de esta gente a través de amenazas, ataques, homicidio y secuestro entienden sin lugar a dudas la necesidad imperiosa de que alguien haga algo al respecto”.

Los operativos militares pueden ser necesarios, pero desde luego son perfectibles e insuficientes. Hace año y medio el Gobierno los presentó como el jaque mate de los cárteles, y terminaron siendo un mero Zugzwang. Apenas ahora comienza a percibirlos como un eslabón de una estrategia más amplia que además contemple el combate al tráfico de armas y la investigación de lavado de dinero.

Asumiendo que hayamos llevado al punto en el que la intervención del Ejército en esta guerra es imprescindible, la pregunta de fondo es ¿Qué hacer para impedir que nuestra propia sensación de inseguridad nos convierta en rehenes permanentes de “males menores”? ¿Cómo rescatar los derechos humanos enajenados por los sicarios en esas regiones, sin que todos, el resto de los mexicanos, perdamos un poco más de libertad con el pretexto de una guerra inevitable?

Algo en nuestra incipiente democracia está podrida cuando los ciudadanos ven con alivio un retén militar. Todos perdemos cuando los abusos castrenses son percibidos como un efecto secundario, como si se tratasen de un precio a pagar para mantener al crimen lejos de nuestras casas.

No es sólo el Gobierno de Calderón el que enfrenta el Zugzwang en la guerra contra el narco. Todos estamos atrapados entre la barbarie de los poderes salvajes del crimen (des) organizado y el probable endurecimiento de las leyes y los poderes institucionales. Es imperativo fomentar una cultura de los derechos humanos porque es lo único que puede salvarnos de que las libertades ciudadanas salgan perdiendo en esta guerra. Pero esa es otra historia.

JORGE ZEPEDA PATTERSON / Periodista.