Vivienda digna

Durante los últimos años, la construcción de vivienda ha sido una de las actividades que más han contribuido al crecimiento de la economía de nuestro país, sin embargo, existen algunas ciudades, como Guadalajara, en las que los costos del terreno, los de urbanización y la propia tramitología, han forzado a los constructores a reducir la calidad de su oferta a niveles injustificables, tanto desde el punto de vista de los mercados involucrados, como de la dignidad de quienes pretenden hacerse de una propiedad para vivir en ella.

Como los créditos para la vivienda están topados por el nivel de salario de los trabajadores, las constructoras se han visto forzadas a ofrecer pies de casa de 28 y hasta 24 metros cuadrados, pero con las nuevas políticas para edificación de vivienda de interés social, las casas que se construyan no podrán ser menores a 36 metros cuadrados. Lógicamente, esto traerá como consecuencia que quienes se dedican a la construcción de vivienda modifiquen sus estrategias tanto de compra, como de distribución del uso del suelo y de la infraestructura a utilizar.

Es de esperarse que estos nuevos lineamientos permitan alcanzar un desarrollo urbano más sano desde todo punto de vista, y que la oferta se adapte mejor a la demanda por medio de costos más racionales y métodos de construcción más efectivos.

Para que todo esto sea posible, los gobiernos estatal y municipales deberán dar muestras de una coordinación de la cual han adolecido, pues sólo mediante una apropiada desregulación, adecuación de normas y reglamentos en beneficio del consumidor final y, sobre todo, de poner en marcha sistemas de autorización e inspección transparentes y expeditos, se podrán dar las soluciones que se requieren.

Como es sabido, las inversiones que el Estado ha hecho en reservas territoriales han resultado insuficientes para el crecimiento que está teniendo la Zona Metropolitana de Guadalajara; así mismo, la tramitología que ha caracterizado a los municipios que la componen ha sido lenta, cara, caprichosa y, por supuesto, no competitiva contra lo que ofrecen otros estados vecinos donde los constructores obtienen resultados de manera rápida y oportuna.

Para revertir esta situación hace falta mucha claridad en las disposiciones, así como reglamentos y políticas de inspección afines entre unos municipios y otros, pues la desesperación de ver las obras frenadas invita con frecuencia a violentar las leyes y recurrir a prácticas que no por poco ortodoxas dejan de ser comunes y vergonzosas.

Si se pretende que la economía jalisciense se siga desarrollando, ha llegado la hora de hacer cambios importantes que permitan a la construcción de infraestructura y de vivienda operar de manera eficaz. En la medida en que no se logre esto, nos estaremos condenando al estancamiento productivo y a vivir en condiciones cada vez menos dignas.

Si en el discurso el bienestar de los jaliscienses es prioritario, habrá que mostrarlo con hechos.