Visión y decisión

Nos encontramos en el umbral de un proceso electoral para el de cambio de autoridades municipales y legisladores, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir con propósitos sustentados en requerimientos, reclamos, proyectos y programas de aprecio con celeridad y forma.
 
Democracia electora y democracia participativa

Realidad y legalidad enfrentan retos en singular circunstancia, plagados de obstáculos; el primero: credibilidad. La población tiene conceptos divergentes, consecuencia de actitudes por parte de quienes incumplieron la promesa de procurar bienestar sin reparar en la magnitud de aspiraciones y reclamos. Entre los impedimentos figuran los quebrantos financieros conducentes a desempleo e inseguridad.

La frágil memoria colectiva es nutrida por nota roja, ésta convertida en espectáculo dantesco percibido por la población hasta darle carta de naturalización y aceptar una vida en sociedad corrida por la inseguridad. Adicional es el enfrentamiento de avatares económicos proyectando irritante desesperación; unos desde la posición empresarial y otros en lo laboral, pero ambos envueltos en la vorágine de incertidumbre requirente de un: ¡Ya basta!

A menos de 100 días de las elecciones, la voluntad política partidaria sólo atiende las postulaciones envolventes de guerrillas al interior de sus organismos partidarios, donde se debaten cualidades individuales o compromisos grupales, pero sin programas dotados de consistencia y que fueran convincentes. Es que no existe ni de los partidos y mucho menos de los candidatos. ¿Dónde están los programas de políticas públicas?

Ante todo debe haber sustento en la continuidad de proyectos, con aprecio a los recursos humanos hasta hoy desperdiciados por falta de contundencia en la generación de empleo, correspondiente a los niveles de capacidad. Esto genera frustración reflejada en la delincuencia como camino aparentemente fácil por el privilegio que le otorga la impunidad.

Es preciso interpretar la democracia más allá del proceso elector y darle sentido a la democracia participativa donde el marco de la ley otorgue garantías con derechos y deberes. Donde la entrega del poder sea para el ejercicio prudente, al margen de los compromisos convertidos en impedimento para cumplir las promesas y propósitos de campaña.

Nuestra democracia reclama atributos de mayoría de edad en todos sentidos. Particularmente en el comportamiento responsable de autoridades y población, donde el ejercicio del voto tenga el beneficio de la duda con la carga de la prueba eficaz, precedida de eficiencia en el lapso y forma previstos en la solicitud del voto para el cargo de elección. Sólo así se cumplirá el propósito de crecer, como dicen los mensajes del IFE, más que crecer: ¡Creer! Primero en nosotros y los sistemas, para ver autoridades personas dignas del respeto.

Es imprescindible que los próximos legisladores comprendan la urgencia de realizar una reforma social a partir de su elección. Las fallas estructurales, ya reconocidas, apuntan al derrumbe de los soportes enmohecidos y consecuentemente rezagados en el contexto contemporáneo de bienestar.

Dios nos guarde de la discordia.

CARLOS CORTÉS VÁZQUEZ / Consultor en comunicación.
Correo electrónico: sicpm@informador.com.mx