Violencia, censura e impunidad

La violencia puede tomar múltiples formas: física, verbal, psicológica, emocional. La violencia puede, en el extremo, acabar con la vida de millones de personas, o dejar huellas imborrables en un ser humano. La violencia siempre encuentra formas de ser ejercida. Lo mismo en el espacio público, en las calles contra indígenas, gays o invidentes, que en el espacio privado del hogar, con el maltrato infantil o la violencia doméstica, pero también dentro de las cuatro paredes de una elegante oficina contra una mujer ejecutiva, que en las decisiones de una junta editorial cada vez que censura la publicación de un artículo. La violencia toma múltiples rostros y no denunciarla es ser parte del problema.

De acuerdo con un informe dado a conocer por el Instituto Internacional de la Prensa, 93 periodistas fueron asesinados durante 2007 en el mundo por ejercer su profesión. Iraq encabeza la lista con 42 asesinatos, seguido por Somalia con ocho. La mayoría de esos asesinatos han quedado impunes y México encabeza la lista en América Latina, con dos asesinatos en ese mismo año. Tan sólo en nuestro país, apenas el sábado pasado, Luis Pablo Guardado Negrete, subdirector del periódico “Noticias de la Bahía”, fue acuchillado en su oficina en Nayarit por dos sujetos, según informa el Comité para la Protección de Periodistas.

En los últimos años, México ha rebasado a Colombia como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Desde el año 2000, unos 21 periodistas han sido asesinados, y desde 2005 siete periodistas han desaparecido. La mayoría de ellos por publicar notas relacionadas con el narcotráfico, pero también hay otros que han sido silenciados por denunciar actos de corrupción, redes de pederastia o simplemente por ser “periodistas que incomodan a los poderosos” o a las “buenas costumbres”. Los casos más desafortunadamente célebres son los de la periodista Lydia Cacho, a quien todavía no se le ha hecho justicia, y el de Carmen Aristegui, quien ha dejado un profundo hueco en la radio nacional desde su inexplicable salida de la W hace ya más de cinco meses.

El Estado mexicano le ha fallado a esos 21 periodistas asesinados, a los siete desaparecidos y a todos los que han sido silenciados. La Oficina del Fiscal Especial para la Atención a Crímenes contra Periodistas, creada en 2006, tiene poco más de dos años en funciones y más de 108 casos aún sin resolver. Pese a que el Presidente Calderón se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y a castigar e investigar todos los actos de violencia ejercida contra periodistas, lo cierto es que la lista de impunidad sigue al alza y que cada año la tríada violencia, censura e impunidad parece cobrar más fortaleza.

La libertad de expresión, uno de los ejes fundamentales de cualquier democracia funcional, no puede ser ejercida al máximo en un ambiente de violencia, censura e impunidad. Erradicar este problema conlleva no sólo la actuación del Estado, sino también de una sociedad civil comprometida, así como de reporteros valientes y de directores de periódicos dispuestos a publicar y a respaldar a su gente. De lo contrario, estamos condenados a no romper ese ciclo vicioso.

GENARO LOZANO / Politólogo e Internacionalista.
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