Mientras los índices de contaminación de las aguas del Río Santiago se mantienen en niveles altos, alarmantes en opinión de especialistas en materia ambiental, las acciones para combatir la situación siguen en compás de espera, especialmente en lo que se refiere a las plantas de tratamiento, que serían la más viable solución para revertir el problema que tanto afecta a las poblaciones asentadas en la ribera de ese afluente, principalmente en los municipios de El Salto y Juanacatlán, en donde los efectos se hacen sentir de manera especial en las condiciones de salud de los habitantes.

Ayer, la Comisión Estatal del Agua (CEA), mediante un comunicado, se deslindó de la responsabilidad en el retraso de la licitación para las obras de las plantas de tratamiento en Agua Prieta y El Ahogado, proyectadas para limpiar las aguas negras que se vierten en el afluente del Santiago. El argumento del organismo es el mismo que surgió hace sólo unas semanas: el fondo de donde se obtendrán los recursos federales para la obra cambió de nombre, lo cual obliga a una larga espera, puesto que deberán pasar 180 días para la revisión y preparación de los instrumentos jurídicos y financieros necesarios para su operación.

La segunda quincena del presente abril venció el plazo para el lanzamiento de la licitación, y por el motivo antes mencionado, ahora habrá que esperar hasta que el recién creado Fondo Nacional de Infraestructura cuente con reglas de operación que permitan al organismo estatal realizar los trámites para tener acceso al dinero necesario. Cuestiones burocráticas que están retrasando una obra tan necesaria como son las plantas de tratamiento mencionadas, de las cuales depende que la Zona Metropolitana de Guadalajara pueda contar con agua de calidad y, lo más importante, la salud de miles de personas.

El proyecto para la construcción de las plantas de Agua Prieta y El Ahogado contempla la realización de la obra en por lo menos tres años, plazo que será más largo, a causa de situaciones meramente burocráticas, que incluso ponen en riesgo los fondos ya etiquetados para ello, lo cual debe preocupar a las autoridades. En las semanas recientes, a raíz de la muerte de un menor de edad presuntamente a causa de haber caído en las contaminadas aguas del Santiago, el tema llegó incluso a instancias federales, y hasta hubo visita de un grupo de legisladores. Sin embargo, nada positivo ha resultado de ello.

La Comisión Nacional de Agua, organismo federal al que corresponde en primera instancia atender este problema, tiene el compromiso de gestionar ante la o las instituciones que se requiera, para acelerar el que los fondos empiecen a fluir. Es reprobable que por cuestiones meramente burocráticas esté frenada una obra de la importancia de las plantas de tratamiento.