Tragedias

ENTRE VERAS Y BROMAS               

Lo de menos es que se trate, en rigor, de un “recalentado”. Lo medular es que el  entorno social, merced a las tragedias de la familia Martí en México y de la familia Campos en Ciudad Guzmán, y de muchas más igualmente lamentables, aunque no generan tanto ruido mediático, es propicio para que prospere la iniciativa presentada hace más de un año y retomada ayer por el Presidente Felipe Calderón, para penalizar, incluso, con la cadena perpetua, algunas variantes del delito de secuestro.

—II—

Por la vileza que denotan —no en vano se alude a ellos como crímenes “incalificables”— y por la indignación que suscitan, esos atentados, especialmente cobardes, contra la libertad y contra la vida de las personas, generan, de ordinario, clamores de venganza. Esos clamores se han acentuado especialmente en los casos señalados, por una circunstancia agravante: que los delitos fueron cometidos por personas que alguna vez pertenecieron —o peor aún, que pertenecían todavía— a corporaciones policiacas. El hecho subraya, por una parte, la falta de compromiso moral con la sociedad, de quienes abrazan la carrera de policías; por la otra, la incapacidad del aparato gubernamental para profesionalizar a quienes supuestamente se escoge y se capacita para esa delicada labor. Dichos clamores invitan cíclicamente a reabrir el debate sobre la conveniencia de que la sociedad trate de disuadir a los potenciales delincuentes, implantando penalidades más drásticas para determinados delitos... Más concretamente: se plantea la pos
ibilidad de incorporar nuevamente, en determinados capítulos del código penal, la pena capital y la cadena perpetua.

—III—

El debate en torno a la pena capital, en México, por obra y gracia de determinados patrones culturales y porque el ejemplo de la legislación estadounidense en ese sentido dista mucho de ser ejemplar, parece cerrado para siempre. En cambio, parece muy probable que los legisladores acojan con simpatía la iniciativa presidencial de reimplantar la cadena perpetua para ciertos crímenes.

Lo que sigue es recordar que no hay pruebas de que las leyes especialmente severas incidan en la disminución de ciertas formas delictivas. Y, sobre todo, que sigue teniendo validez el adagio que sostiene que “es mejor tener buenos jueces y malas leyes, que buenas leyes y malos jueces”.