Sin reformas

Concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso sin avances significativos en términos de reformas que podrían modificar las relaciones entre los distintos actores de la realidad mexicana. Vivimos un Congreso sumergido en visiones de corto plazo y carente de incentivos para obtener acuerdos que pudieran presentarse ante la sociedad como logros de una negociación política basada en el principio de ganar–ganar. Es esto lo que permite a los jugadores de la política ceder en sus posiciones con el objetivo primordial de obtener algo concreto qué presentar a sus electores como logro de su gestión.

Sin reforma laboral, política, de telecomunicaciones y de competencia económica, el saldo de lo acordado es meramente parte de una inercia legislativa que no modifica un ápice el viejo sistema proteccionista generador de ricos improductivos. Es el triunfo de aquellos factores de poder que, poseyendo un privilegio heredado por un largo tiempo, gozan de los beneficios de la parálisis legislativa que refuerza un statu quo garante de la falta de competencia y la acumulación de riqueza en pocas manos. Es lo que nos lleva a perder en forma constante niveles de competitividad que paulatinamente nos alejan de los países con capacidad de atracción de capitales, condición indispensable para crecer y desarrollarse en el mundo de hoy.

Si bien es cierto que el régimen político no favorece la formación de mayorías parlamentarias estables, también lo es el hecho de que la clase política mexicana sigue anclada en la expectativa permanente del retorno al poder en función del proyecto particular de cada partido. No existe una propuesta común sobre la cual debatir medidas concretas para echarlo adelante.

El actual gobierno panista está atado de pies y manos a esta lógica paralizante de la oposición, la cual se ve reforzada por la presencia de poderes fácticos como sindicatos y empresas monopólicas.

En el ámbito económico, las empresas dominantes en el área de las telecomunicaciones insisten en evitar de una u otra forma la apertura del espacio para una mayor competencia que beneficiaría al consumidor y aumentaría la competitividad. Han creado una situación en donde el Gobierno de Calderón ha quedado atrapado en un conflicto jurídico que no tiene capacidad de resolverse en ese terreno. Ni la aplicación de un esquema legal que garantice la libre competencia, ni mucho menos una decisión política que imponga una nueva realidad a las partes, parecen ser salidas viables.

Y si a esto le añadimos la independencia con la que actúan los gobernadores y que cae en una especie de “monarquías autónomas” que no rinden cuentas a nadie, entonces podemos concluir que este régimen político no funciona porque no existe un acuerdo mínimo que le permita definir el camino que se quiere tomar. Nadar de muertito, vivir en la inercia y esperar que el próximo cambio de Gobierno modifique mágicamente las condiciones actuales, es la opción de un país incapaz de procesar las reformas indispensables para seguir adelante.