Sin más remedio

Trasladarse a la escuela, al trabajo o a cualquier otro punto en muchas de las colonias de Tlajomulco de Zúñiga es un drama de todos los días para miles de habitantes en el municipio conurbado, como lo comprobó este diario al hacer una investigación de campo en días recientes.

La expresión “drama de todos los días” puede parecer, a primera vista, un fácil recurso expresivo. Pero habría que vivir cotidianamente en las mismas condiciones que padecen los habitantes de colonias donde se estima que la población creció al doble en apenas cinco años, sin que los servicios básicos cambiaran sustancialmente.

El transporte público es una deuda añeja en esta zona que ya se considera parte del área metropolitana.

Un lugar donde esperar un camión por media hora es casi un golpe de suerte —porque lo natural es aguardar por más tiempo y hallar, no pocas veces, que no hay espacio para más pasajeros—, se presta de manera natural a que la gente se las arregle como sea.

Por eso, en colonias de Tlajomulco circulan vehículos como mototaxis y taxis pirata, que ofrecen servicio público y lo hacen fuera de la ley, sencillamente porque no ofrecen las mínimas condiciones de seguridad para los usuarios. Llevan pasajeros y les cobran, frente a la inacción de agentes de la Secretaría de Vialidad quienes, en teoría, deberían detenerlos inmediatamente.

Pero la gente debe hacer algo. No va a caminar por kilómetros cuando tiene recursos económicos y está dispuesta a pagar porque la lleven, a pesar de que el servicio sea malo y peligroso.
La Secretaría de Vialidad y Transporte había anunciado en voz de su titular, que a más tardar en noviembre ser harían las modificaciones necesarias para habilitar rutas de transporte como las que circulan en cualquier punto de la urbe. El pronunciamiento más reciente cambió las fechas a un indeterminado “principios de diciembre”.

Seguramente, otros pocos días de espera no causarán un daño mayor. Pero queda la confrontación con la realidad de que la autoridad incumple, por inacción, lo que la ley le señala. Y el ciudadano, sujeto a esa misma autoridad, está obligado a esperar, cuando la misma ley le garantiza, en este caso, la prestación de un servicio.