“Sin cambios constitucionales”

Los siete dictámenes de la reforma energética, aprobados el jueves por el Senado de la República, están exentos de disposiciones claramente privatizadoras de la industria petrolera que sí estaban contenidas en las iniciativas de ley enviadas a esa instancia legislativa por el Ejecutivo federal.

Esa aprobación, dejando fuera a las disposiciones que privatizaban la industria petrolera, es consecuencia de la legitimidad del movimiento de resistencia civil que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador y en el que han confluido decenas de miles de ciudadanos. De no ser por esa gesta cívica y pacífica, que obligó al Senado a emprender un examen y un debate minucioso del estatuto legal que debe regir al sector petrolero del país, la entrega descarada de los recursos naturales de la nación a consorcios extranjeros sería, a estas alturas, un hecho consumado.

Hay “reforma petrolera”, dicen que “la que se pudo”, no la que requiere la principal industria del país y la primera empresa nacional. Pero qué le vamos a hacer: primero están los “consensos” de la clase política, y mucho después, si hay tiempo, las urgencias reales. Es decir: ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que se necesite una nueva “reforma histórica” de Pemex, por encontrarse financieramente a punto de reventar?

Ninguna de las modificaciones legales anteriores en el renglón energético alteró el texto constitucional. Tampoco, aparentemente, la “reforma” aprobada el jueves en el Senado de la República. Hasta allí, todo bien, pero resulta que por la puerta de atrás ha entrado prácticamente todo el capital privado (generación eléctrica, gas natural, comercialización de petrolíferos, contratos de riesgo, etcétera, etcétera).

Es decir, aunque la iniciativa no estipula la apertura de la industria petrolera al sector privado, como sí lo hacía la iniciativa de Felipe Calderón, deja ambigüedades que permitirían la indeseable incursión de corporaciones transnacionales en una actividad constitucionalmente reservada a la nación y, peor, cederles el control de extensiones del territorio mexicano.

La inexplicable oposición a incluir en esa legislación una frase que ratificara el sentido del Artículo 27 constitucional, y el rechazo tajante a examinar el asunto, resultan inevitablemente sospechosos y nos hacen preguntarnos ¿en qué medida el grupo en el poder mantiene intenciones privatizadoras furtivas? Es difícil entender el empecinamiento en hacer a un lado una precisión con la que se habría despejado la principal confrontación que tiene lugar en el escenario político nacional.

La petición es de López Obrador para incluir en el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos: “La precisión de que no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas”.

Se hace necesaria, porque sin cambios en la Carta Magna y por medio de leyes secundarias, el complejo gasífero de Burgos es explotado por el capital privado, mayoritariamente transnacional; alrededor de 40% de la generación eléctrica está en manos de la iniciativa privada; el gas natural es comercializado por un grupúsculo de empresas —mayoritariamente españolas—.

Todo ello se hace sin hacer cambios constitucionales.

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx