Reforma fiscal integral

Al parecer, hasta el día de hoy no se vislumbra la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe al Congreso una iniciativa de reformas fiscales integral que llene los objetivos de recaudación y simplificación administrativa. La cómoda práctica de emitir frecuentes resoluciones fiscales que modifican las reglas generales de la miscelánea anual, resulta más dinámica y útil para los fines recaudatorios que, al fin y al cabo, son los únicos que le interesan al erario.

Que se meta en complicaciones y enredos al contribuyente, tiene sin cuidado a las autoridades hacendarias, que además, cuando es necesario emiten decretos por medio de los cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones fiscales, como es el caso del que entró en vigor el 5 de junio pasado, que paso a comentar brevemente, en razón de espacio:
Al Código Fiscal de la Federación se le hacen adiciones sobre declaraciones complementarias y; en materia de exportaciones, para combatir aquellas solicitudes de devolución fraudulentas, como resultado de aplicar la tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al valor de la enajenación de bienes que se simula exportar o que se sobrevalúan para obtener beneficios indebidos.

A la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se le hacen modificaciones relacionadas con la previsión social que se ha venido aplicando en forma inadecuada en las sociedades cooperativas y la respectiva exención del ingreso de los socios. Además, en materia de alimentos, a fin de evitar simulaciones en las que se favorece a los socios integrantes de las sociedades en nombre colectivo, principalmente, remunerándolos con alimentos y así aprovechar la exención que establece la Ley del ISR. Esta exención se prestó a abusos de algunos contribuyentes, debido a que según señala el Código Civil Federal, los alimentos comprenden: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, educación primaria a menores, hijos, adoptados, hermanos y parientes colaterales en su carácter de acreedores alimentarios; lo cual se podía cumplir asignando una pensión de monto indefinido.

En vez de estarse preocupando las autoridades por emitir disposiciones fiscales que reactiven la economía y fomenten el empleo, están tapando huecos para aumentar la recaudación, cuando la mejor manera de hacerlo sería promover el crecimiento de los negocios eliminando barreras en deducciones, como es el caso de los restaurantes, uno de los sectores más golpeados con la crisis y las medidas sanitarias contra la influenza.

Si se permite la deducción de los consumos en restaurantes hasta en 50%, los beneficios para empresas y Gobierno serían mejores que ahora que sólo se admite un ridículo 12.5% que no es atractivo para nadie. La industria restaurantera está conformada en 96% por pequeñas y medianas empresas (PYMES), que contribuyen con 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 23% del PIB turístico; da empleo directo a 850 mil personas y apoya con 2.2% de empleos indirectos.

LUIS JORGE CÁRDENAS DÍAZ / Contador Público Certificado.
Correo electrónico: luisjcardenas2@hotmail.com