Martes, 21 de Enero 2020
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Quimioterapia

Por: EL INFORMADOR

Los acuerdos políticos en México han rebasado a las leyes, se han convertido en cáncer social. Desde hace algunos años, como consecuencia del sistema autoritario de ejercicio del poder, se han desarrollado verdaderos feudos dentro de la Nación. Primero fueron organizaciones gremiales las que llegaron a acuerdos de facto que implicaban espacios de impunidad sindical, que permitieron crear verdaderas fortunas para sus dirigentes, a cambio de participar en mecanismos de control político. La Confederación Nacional Campesina, el sindicato petrolero, el sindicato de maestros y los ferrocarrileros fueron ejemplo de ello.

Ante la transición a la democracia, a estos acuerdos se sumaron los partidos políticos que pronto descubrieron el enorme poder que podían acumular frente a la autoridad, generando conflictos para lograr privilegios tanto legales y acuerdos de facto. La apertura económica trajo consigo la transformación de la clase empresarial, que a base de adquirir empresas públicas, como introducir empresas externas, crecieron a tal grado que pronto se dieron cuenta que también podían plantear acuerdos en el límite de la legalidad a las mismas autoridades.

Todo esto sucedía lentamente mientras se transformaba el aparato productivo con la inversión externa, y el sistema político probaba la apertura y competencia democrática, lo que trajo hechos positivos que levantaron una cortina de humo que impidió darnos cuenta que en pocos años México había puesto en jaque al Estado de derecho, mediante acuerdos parciales de impunidad.

Se llegó a hoy día nos encontremos en una situación crítica: el sindicato de Maestros tiene prácticamente secuestrado al sector educativo y a amplias zonas del Ejecutivo a cambio de acción político electoral, generado una de las muestras de impunidad más evidentes; los petroleros secuestran mediante privilegios adquiridos la viabilidad de la industria del oro negro que paga pensiones que envidiarían en empresas de primer mundo; los partidos políticos se han convertido en agencias de privilegios de grupos cada vez más mediocres y la delincuencia se ha apropiado de espacios estratégicos en la seguridad, luchando por mantener cotos de protección en cuerpos de policías corruptos, cárceles y rutas de tráfico de armas, personas y drogas.

Ante este panorama, México necesita un pacto para cumplir la ley de forma cabal y sincera, por parte de todos los actores, y al mismo tiempo le urge terminar con estos cotos de poder. Sin este pacto la viabilidad de nuestro desarrollo está en riesgo grave. Es hora de decidirnos a cumplir la normas y dejar de lado la simulación. Un acuerdo en este sentido implicaría elevar las penas para castigar las rutas alternas tan acendradas en nuestra vida cotidiana.

Los desafíos a la legalidad que vemos todos los días son muestra que vamos en el camino equivocado, y hay un punto de no retorno que está muy cerca y no debemos pasar. Hay que ponernos de acuerdo que el país que queremos para nuestros hijos es una Nación en la que la certidumbre social, jurídica, política y económica esté basada en las leyes y no en acuerdos políticos que generen privilegios. Si la impunidad es un cáncer, es hora de iniciar la quimioterapia, por más doloroso que sea, aún es tiempo y en nuestra obligación hacerlo.

LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
Correo electrónico: lsalomon@iberlinks.com.mx

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