Que no gane el silencio ni la impunidad

Toda democracia se sostiene con la recuperación de la responsabilidad ética y social de sus autoridades y el combate a la impunidad, requisitos indispensables para lograr justicia y respeto a los derechos humanos. Pero esta aspiración de los mexicanos podría ser quebrantada, si desde la administración sexenal se negocia, a favor de los culpables, el caso de la guardería ABC, donde la irresponsabilidad de funcionarios federales, estatales y municipales dejó 49 niños muertos y otros tantos con graves secuelas. Niños que estaban al cuidado del Estado, y es por ello que el Estado está obligado a rendir cuentas.

El extraordinario trabajo que la Superama Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del informe que el magistrado Arturo Zaldívar realizó, y que determina la culpabilidad del anterior y el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del entonces gobernador del Estado de Sonora y del presidente municipal de Hermosillo, está tratando de ser negociado a favor del poder y no de la justicia. Acción que iría en detrimento de los mexicanos que ven este caso como la esperanza de una civilidad ganada en su incipiente democracia que, hoy, requiere de fortalezas como sería una sanción de ley a los culpables.

Las presiones iniciaron. En días pasados los funcionarios federales Molinar Horcasitas y Daniel Karam se presentaron a la SCJN para minimizar su responsabilidad. Presencias y llamadas en días previos a que la SCJN avale el informe del magistrado Zaldívar, que señaló: graves irregularidades administrativas, violaciones a la normatividad; negociación que no debe ocurrir para lo indefendible: un crimen, bajo la mirada del Estado.

Porque culpables son quienes adjudicaron 98% de las guarderías subrogadas a familiares de políticos de este sexenio y del pasado, funcionarios que no hicieron el trabajo de vigilancia necesario; culpables los socios del negocio de “guardar” niños, que enriquece, en asignación directa y manejo irresponsable, a familiares cercanos al partido en el poder. Oscuras ganancias en que han vuelto la “protección” a la infancia en México. Mil 568 guarderías que requieren la certeza de un manejo responsable, y esto no se logrará con la impunidad.

Las voces de los niños que murieron quemados y aquellos que quedaron con secuelas, no deben ser silenciadas, porque en las guarderías del IMSS se atienden a 236 mil niños mientras sus padres se suman a la fuerza laboral que sostiene este país. Por ello, la reciprocidad de un Estado democrático sólo puede verse reflejada con la justicia que representa un castigo de ley a los culpables. Otra cosa es negociar la democracia, otra cosa es negociar los derechos humanos y la vida de quienes hoy confían —todavía— en sus autoridades.

LOURDES BUENO
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