Presumirse republicanos

Hechos trágicos recientes aunados a la crispación continua que nos ha seguido como sombra desde aquellos cuestionamientos de legitimidad en la elección de 2006, han revelado el problema que causa, para la conducción de nuestro país, la conjunción de dos figuras institucionales (jefe de Gobierno y jefe de Estado) en la misma persona del Presidente de la República. Para los mexicanos, las palabras “Gobierno” y “Estado” tienden a usarse indistintamente como sinónimos; porque se refieren a dos cosas que para nosotros son fácilmente confundibles entre sí.

El Gobierno, sabemos, es la organización de personas a la cual se le adjudica la toma de decisiones de política pública y su cumplimiento operativo para el bien común en la práctica diaria. Su ámbito principal es la resolución de disputas, protegiendo primero la seguridad de la vida y propiedad de cada individuo, y luego la administración de la justicia —incluyendo el ámbito de acuerdos y contratos privados—. Quien se dice Gobierno y no cumple en lo mínimo con esto, es un simple impostor con disfraz.

El Estado, por contraste, es el orden jurídico y político que regula las relaciones sociales en un ámbito territorial. Su autoridad es sustentada sobre el acuerdo social que deposita el monopolio de la fuerza física en las instituciones —ojo, no en las personas—. En un extremo puede convertirse en el monopolio de la violencia tirana de un dictador; en el otro extremo puede evolucionar hacia una república madura, regida por un sistema de derecho congruente y eficaz.

El resultado más extraordinario de la transición a la época del post priato es tal vez que nos estamos obligando a reconocer que la alternancia en el Gobierno nunca ha significado la transformación del sistema viejo, sino al contrario, la tentación de reforzar sus mismos atributos con caras y manías nuevas. Una vez en el poder, para los funcionarios ha sido difícil registrar que desde el pensamiento viejo no se puede concebir un cambio de sistema; ni la posibilidad de actuar bajo un conjunto distinto de criterios.

En sentido estricto, el propósito principal del Estado democrático es proteger, a través de sus instituciones, los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos. El régimen que funciona en la gran mayoría de las democracias actuales es un sistema que divide al Ejecutivo en dos órbitas distintas. El jefe del Estado es garante de la unidad de las instituciones y de la gran visión de una sociedad en su territorio; su representación al exterior. El jefe de Gobierno emana de la mayoría representativa y es responsable frente a la representación popular para lograr una eficiencia política y un contrapeso democrático más sano.

Nuestro presidencialismo le funcionó a la dictadura perfecta mientras tenía (literalmente) gasolina. En 15 años hemos sido testigos ante el crepúsculo del poder presidencial, el cual ahora, entre batallas, busca un suspiro más. Será inevitable retomar la reformación del Estado mexicano que tanto se ha postergado intermitentemente.

El vínculo entre legitimidad y gobernabilidad se da en la capacidad del Estado para reformarse y conjugar los muchos intereses diferentes que constituyen a la sociedad que lo conforma con una forma eficaz de Gobernación y administración pública para el bien común. Pero una cosa es sentirse y presumirse una república y otra cosa es asumir seriamente la responsabilidad de serlo.

NORBERTO ÁLVAREZ ROMO / Presidente de Ecometrópolis, A.C.
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