Política hídrica

Durante el desarrollo del foro de consulta sobre el proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento en el Senado de la República, varias cuestiones con respecto a la administración del agua se dejaron sobre la mesa, aun cuando no son nuevas: costos, abastecimiento, limpieza.

Desde hace años, en diferentes gestiones municipales, estatales y federales, se ha insistido sobre la necesidad de ajustar las tarifas del vital líquido a la alza, con el propósito de financiar la infraestructura que se requiere tanto para la dotación como para el abastecimiento de millones de mexicanos, así como para sistemas de riego.

Y, en casi todos los casos, las propuestas relativas pasan a formar parte del archivo de asuntos pendientes porque siempre hay algún o algunos políticos que consideran la medida impopular y, por supuesto, sus intereses electorales se verían afectados.

En este contexto sorprende, por un lado, que en plenas campañas electorales el tema para una nueva Ley federal de Agua Potable y Saneamiento se esté discutiendo y, por otro, que representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como el senador Carlos Navarrete, estén de acuerdo en no fomentar la “cultura del no pago”.

Con el foro, el tema se sube una vez más a la agenda nacional, pero ahora en un contexto electoral, de crisis económica y de descrédito de la clase política.

Los asuntos del agua en México reclaman atención urgente, sin embargo, por la forma en que opera la clase política, son dos los escenarios: o se partidiza y nuevamente se archiva, o se aprueba en “fast track” sin mayores consideraciones.

Sería deseable que de una vez por todas, los legisladores se pusieran de acuerdo para resolver un asunto que por obligación y sentido común se debe abordar con una visión de largo alcance.

El director de la Comisión Nacional de Agua, José Luis Luege Tamargo; el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre y, por lo pronto, dos legisladores perredistas, Carlos Navarrete y Silvano Aureoles, parecen estar de acuerdo en impulsar, mediante la ley en discusión, una política hídrica federal sólida. Urgente y pendiente desde hace décadas.