Pergeño

¿10 o 58?

Es de tal dimensión el atolladero en que está metido el gobernador Emilio González Márquez, que no sería descabellado pensar que en los altos círculos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), e incluso en las esferas cercanas al Presidente Felipe Calderón, se estén construyendo ya escenarios sobre cómo podría desarrollarse el resto del actual Gobierno de Jalisco.

La tormenta que desató González Márquez el lunes 23 de marzo, cuando en compañía del cardenal Juan Sandoval, hizo entrega de un cheque por 30 millones de pesos para financiar la construcción del Santuario de los Mártires, ya provocó serios estragos. La reacción social ha sido contundente y además fincada en poderosas razones para cuestionar los actos del mandatario; se le señala nada menos que por violentar el Estado laico, y por desviar recursos públicos.

Acerca del primer punto, el del Estado laico, por momentos se ha perdido de vista que existen documentos oficiales que comprueban la pretensión abierta del Ejecutivo estatal de beneficiar a una denominación religiosa. En un oficio fechado el 29 de febrero de 2008, el secretario de Turismo, Aurelio López Rocha, le pide al de Finanzas, Óscar García Manzano, su autorización para entregar los citados 30 millones de la partida 4222 del Presupuesto de Egresos del Estado “a la citada Asociación Civil (la Fundación Pro Santuario de los Mártires, A.C.), con la finalidad de llevar a cabo la construcción, desarrollo y posterior conservación de un centro de espiritualidad y al mismo tiempo una obra de caridad…”.

Luego se quiso componer el entuerto, desde la propia Secretaría de Finanzas, argumentando que los 30 millones saldrían de los “ahorros” obtenidos por el Ejecutivo en el ejercicio presupuestal 2007, cuyo monto, por cierto, no se conocía aquel lunes 23 de marzo, pero que al aparecer en las cuentas estatales arrojó la mágica cifra de 30 millones 978 mil y pico de pesos, ¡justitos para cumplir el compromiso!

El embrollo en que se metió el gobernador estaba mandado a hacer para que, congruente con lo que dijo el primero de marzo de 2007, cuando tomó posesión del cargo: “Reitero ante ustedes, señores diputados, mi compromiso personal, y el de todo mi equipo, por (sic) aprovechar de la mejor manera posible los recursos públicos que ustedes ponen en nuestras manos. Un manejo pulcro y transparente de los recursos públicos con los que contamos, de tal forma que los ciudadanos puedan, también, seguir paso a paso su curso y destino”.

González Márquez pudo ordenar que se enmendara el monumental error, pero no lo hizo. Los diputados locales pudieron ponerse a trabajar y advertirle que estaba incurriendo en una probable responsabilidad, pero no lo hicieron. Los ciudadanos fueron los únicos que hicieron su chamba: externar sus quejas, salir a la calle, tender redes de comunicación para gritarle al gobernador que no está haciendo lo que la Constitución le manda.

Hasta que vino el 23 de abril y el banquete de las mentadas. Simplemente patético. Por eso, no es descartable que desde el PAN o desde Los Pinos se analice si es conveniente dejar que corran los 58 meses que le faltan al Gobierno de Emilio González… o llaman a otro dentro de 10.

VÍCTOR E. WARIO / Periodista.
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