Pensar en la democracia

Los órganos internos de la Universidad de Guadalajara han dado ya su fallo al conflicto pasado; la decisión de estos órganos debe seguir siendo respetado. Sin embargo, el llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo promovido por Carlos Briseño pone no sólo a la Universidad de Guadalajara, sino a todas las universidades públicas del país, en un terreno de enorme riesgo, como es el que representa la injerencia del Gobierno en turno en su vida interna. El alegato que hoy se expresa resulta familiar: una universidad no puede ser un Estado dentro de otro Estado, pero la frase trae a la memoria las palabras de Díaz Ordaz, que con argumento semejante agredió la vida política y social de este país.

Las universidades públicas, aún sin la expresa palabra de autónoma, como en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han ganado ese sitio: autonomía en la madurez institucional, por cuanto son el acervo de la democracia, diversidad que en la construcción de respeto y pluralidad han sido y son el sustento para que el país pueda ofrecer, hoy día, instituciones como el Instituto Federal Electoral, nacido de propuestas universitarias que quizá no son lo reconocidas que debieran. Porque las universidades públicas han trabajado el respeto a su autonomía como uno de los mejores recursos que la democracia en México tiene para continuar fortaleciéndose. Entonces, poner en tela de juicio este logro, poner en tela de juicio el respeto a las decisiones de sus órganos internos que en institucionalidad se han expresado, lleva a implicaciones que deben cavilarse antes de ser echadas a andar.

La autonomía universitaria, en las universidades públicas de este país, implica garantizar la libertar de pensar, de decir, de diferir, de comunicar, pero sobre todo de construir el diálogo. Porque si la libertad de expresión es condición indispensable para sostener a la democracia en todo país, en México esta libertad, con el respeto a la autonomía de las universidades públicas, debe ser conservada para resguardar la capacidad de análisis, la capacidad crítica y la diversidad propositiva que, sin presiones políticas, nutra la vida democrática de este país.

Porque hoy, cuando en México se han abiertos tantos flancos desde donde la vida ciudadana es lastimada, abrir el que representa la injerencia en la vida interna de las universidades, es no calibrar el precario equilibrio existente. Pero, sobre todo, es cancelar la fuente de posibilidades que desde las universidades públicas se construye en la creación de soluciones a la problemática nacional actual, una, sin duda, muy compleja.

En cambio, es en el respeto a las instituciones de educación superior pública, en el respeto que éstas se han ganado a través de sus aportes, luego, en el respeto a su autonomía, que pueden abrirse espacios de convergencia entre los diversos actores nacionales para enfrentar la crisis que México vive.

Es por ello que la Suprema Corte de Justicia debe tener en mente que defender la autonomía, la independencia, la autodeterminación de las universidades públicas, y en este caso el de la Universidad de Guadalajara, es defender un principio que favorece al país, consecuentemente, que favorece a las instituciones que son la columna vertebral de la vida democrática en México.

LOURDES BUENO / Investigadora de la UdeG.
Correo electrónico: lourdesbueno03@yahoo.com.mx