Partidos onerosos

Para poner en sintonía la normatividad estatal en materia electoral, con la que surgió recientemente en el ámbito federal, el Congreso del Estado aprobó en días pasados una reforma que, entre otras cosas, modificó la fórmula del financiamiento de los partidos políticos que cuenten con registro y compitan en los comicios locales.

El resultado de las operaciones que incluyeron los legisladores en la ley reformada, ha puesto en evidencia que el próximo año, por ser de elecciones intermedias, compromete al erario estatal a entregar, según estimaciones, 236.2 millones de pesos a seis partidos. La cifra es muy superior a la que recibieron los institutos políticos en 2006, cuando hubo elección de diputados y regidores (como ocurrirá el próximo año), pero también para gobernador; entonces obtuvieron 71.4 millones de pesos que les fueron entregados por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

Pero los partidos también llevan ganancia este año, de acuerdo con la reforma, porque con ella se les entregarían 85 millones de pesos adicionales a los 15 millones de pesos otorgados.

Era de esperarse que semejante generosidad de los diputados con los partidos en los que ellos militan, despertara inquietud o hasta franca molestia por parte de algunos actores políticos y sociales, así como en voces de opinión pública que siguen con atención el acontecer de la Entidad; no resulta fácil explicar (ni de comprender) por qué los montos que se asignarían a estas entidades de interés público crecerían más de 200% respecto a la pasada elección de gobernador.

Tal vez por ello ya comienzan a escucharse en el Poder Legislativo del Estado, opiniones de diputados que admiten discutir nuevamente el aspecto del financiamiento público a los partidos, precisamente porque reconocen que los montos que se destinarán son “excesivos”. Algún legislador, haciendo propio un léxico de muy fácil comprensión, ha dicho que semejante repartición de dinero público no es otra cosa que un simple “agandalle” de los partidos políticos, por lo que los diputados están obligados a buscar una salida jurídica o política para corregir el tema de las asignaciones.

Otro integrante del Congreso ha ofrecido abordar el tema con la dirigencia estatal de su partido, aunque a título personal se ha pronunciado por reducir el financiamiento a los partidos en años no electorales; convergen las opiniones en que en todos los institutos políticos deben tener la voluntad para revisar el tema del financiamiento público a dichos organismos, con la intención de realizar modificaciones.

Mejor prueba no puede haber de que en el Legislativo, una vez más, se ha actuado con discrecionalidad y sin medir debidamente el costo (no sólo monetario) de ciertas decisiones que ahí se toman. Si los diputados gestaron y aprobaron la reforma electoral con semejantes desmesuras, sin reflexionar en el daño que con ellas se ocasiona a los ciudadanos, en su doble calidad de contribuyentes y votantes, están a tiempo de enmendar.