Otra vez la pena de muerte

Economía y fisco

El gobernador de Coahuila ha puesto en la palestra el tema pidiendo la pena de muerte para secuestradores que mutilen o maten a sus víctimas, acción que ha removido los rescoldos de una hoguera cuya latente flama permanece viva en las personas que han sufrido en carne propia o muy cerca de su zona de confort el terrible impacto del peor de los delitos que comete la bestia humana.

En efecto, no hay nada tan abominable como infligir dolor físico y tortura psicológica a la víctima y sus familiares a cambio de dinero.

Primero la angustia de no saber el paradero de la persona desaparecida, luego la llamada amenazante, intimidatoria, apremiante; después el suspenso de la espera de una segunda llamada pidiendo el rescate, lapso que puede ser de varios días o semanas; después el contacto telefónico con la atormentada víctima, clamando por ayuda para detener la flagelante tortura. Finalmente la entrega del rescate y la angustia de la espera para recibir o no al secuestrado, que algunas veces ya está muerto cuando se paga el rescate, sobre todo si existe la posibilidad de que reconozca a alguno de los victimarios.

La advertencia terminante de no dar aviso a la Policía; la duda de si hacerlo es bueno, o sólo empeora las cosas. La inseguridad de si habrá cómplices entre la autoridad y los delincuentes; agravantes que aumentan el sufrimiento.

La dicotomía entre privar de la vida o no al delincuente tiene profundas raíces: religiosas, morales y humanas. ¿Tenemos derecho a cumplir con el precepto bíblico de “ojo por ojo, diente por diente”? La Iglesia Católica lo prohíbe, la religión musulmana la aprueba; en algunos países se aplica la pena de muerte, en otros no. La conclusión es que la decisión es casuística. Mientras el delito de secuestro fue un hecho aislado no se pensó en la pena de muerte, ahora que su incidencia es alarmante se piensa en volver a instaurarla, como estaba antes de la Constitución de 1917, en donde se suprimió para evitar venganzas políticas ante la turbulencia revolucionaria de 1911 a 1916.

Ahora el entorno delictivo es otro, las rencillas políticas no se dirimen con la fuerza de las armas, ahora es la sociedad en su conjunto la que está amenazada en su confort, la que teme perder los ahorros de un esfuerzo de trabajo de toda una vida, o más aún, la de perder a uno de sus miembros, o peor, perder ambas cosas.

El temor a la pena de muerte, si se instaura como escarmiento, es de escaso valor; al delincuente no lo inhibe la posibilidad de que lo atrapen y lo maten. Sabe que el porcentaje de probabilidades es de sólo 2% de que lo atrapen, y de ahí a que lo juzguen y lo condenen hay de por medio todo un historial de impunidad y corrupción. Si tiene dinero, las posibilidades de que salga libre o le faciliten su escape son infinitas.

Habrá que seguir discutiendo este problema ingente hasta encontrar una solución que acabe con este cáncer social. Nuestros gobernantes, amantes de los viajes, vean qué hacen en otros países al respecto, como congelar cuentas de cheques e inversiones de los afectados; penar el pago de rescates y sobre todo no dejar impunes estos delitos hasta la captura y condena de los delincuentes.

LUIS JORGE CÁRDENAS DÍAZ / Contador Público Certificado.
Correo electrónico: luisjcardenas2@hotmail.com