“Ojo por ojo, diente por diente” ¿es lo correcto?

En estos tiempos modernos, como diría el bueno de García Márquez, tiempos del cólera o de la cólera, lo mismo da, algunas voces desinformadas y fuera de la realidad histórica, están lanzando señales a fin de que dentro del contexto social y político de una nueva etapa de la Humanidad, se establezca o se restablezca de nueva cuenta la pena de muerte, dizque como arma indispensable para acabar con la ola de delincuencia de todo tipo, pero dizque dedicada de manera explícita a los secuestradores.

Pero es lamentable que la tal iniciativa venga de un Gobierno de extracción priista, ya que se supone que aún sigue siendo el abanderado de las causas sociales del pueblo, y debe comprender el personaje que ocupa la gubernatura de la Entidad en cuestión, ya que parece que no asimiló las lecciones de su mentor Guevara Niebla, que en principio esa media se contrapone a lineamientos jurídicos establecidos, como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por si fuera poco, México forma parte de la Convención de Derechos Humanos, suscrita en 1969, en la que los signantes se obligan a no establecer la pena de muerte en aquellos países que la han eliminado.

En 1976, se comprometió con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en 1989 se sumó al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Políticos, el cual establece que “no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado aparte”, además, se puntualiza que cada firmante “adoptará todas las medidas para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”.

Visto esto desde otro ángulo, estadísticamente está demostrado que en aquellos países en que prevalece la pena capital, el índice delictivo no disminuye sensiblemente, lo que significa que dicha pena no inhibe al delincuente el seguir cometiendo actos criminales.

Se trata de una práctica primitiva, la Ley del Talión ancestra la venganza por parte del Estado que representa a la sociedad, pero de ninguna manera un elemento para desplazar definitivamente toda suerte de actos ilícitos. Además, está visto que por lo regular se aplica ese castigo a reos de condición humilde, a los más pobres. En Estados Unidos, de preferencia a los mexicanos y a la gente de color, y no se tiene noticia de que algún integrante de la alta sociedad haya sido ejecutado por tal o cual motivo criminal.

En México, por ejemplo, estuvo en práctica hace tiempo, la llamada Ley Fuga, que tampoco dio resultados por las protestas de la sociedad.

Increíble que en los albores del siglo XXI, el siglo de la modernidad, cuando los derechos humanos son el leiv motiv de muchas políticas públicas en la mayor parte del mundo, la pena de muerte significa la violación por parte de la autoridad, del derecho humano fundamental de un ser humano: el derecho a seguir viviendo.

Pero como si lo señalado fuera poco, debe tomarse en consideración que el sistema carcelario, e incluso el Derecho Penal, ya resultan obsoletos, y aún más, la delincuencia en términos generales obedece principalmente a los desequilibrios en el aparato productivo, en la estructura económica de un país, por lo que las políticas económicas que de ahí se deriven no logran propósitos fundamentales de carácter social, y que ocasiona el desempleo, la pobreza, fenómenos que tienen una salida única, la economía informal, en donde su variable más rentable es la delincuencia, o como le llaman ahora los modernos, “el crimen organizado”. En suma, la ola criminal, convertida en una auténtica guerra de baja intensidad, no se combate con meras prácticas policiacas. Y a las pruebas nos remitimos...

MANUEL LÓPEZ DE LA PARRA / Periodista.
Correo electrónico: loppra@economia.unam.mx