No negociable

El ejercicio de la política tiene con frecuencia vericuetos que la hacen aparecer como más complicada de lo que es. Pero también en ocasiones la propia dinámica del debate sobre los asuntos de interés público lleva a que las cosas se confundan, se enreden más de la cuenta y se corran riesgos innecesarios cuando se trata de tomar decisiones trascendentes desde los distintos ámbitos de Gobierno que irremediablemente repercutirán en la sociedad.

Las semanas recientes, incluso desde antes de que el 6 de agosto entrara en vigor el Código Electoral, aprobado por el pleno del Congreso del Estado, se inició la discusión sobre si era conveniente o necesario que el titular del Poder Ejecutivo, es decir el gobernador Emilio González Márquez, hiciera uso de sus atribuciones y planteara un litigio constitucional para revertir algunas medidas que contempla el nuevo ordenamiento legal en materia electoral.

En particular dos temas de este código han generado polémica: Por un lado, la autorización de fórmulas que permiten a los partidos políticos tener acceso a bolsas económicas que se consideran desmesuradas con relación a lo que deben gastar; por otro, se ha cuestionado la decisión de liquidar el Instituto Electoral del Estado de Jalisco para dar paso a un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo que implicaba renovar al Consejo, cosa que no se ha cumplido porque cuatro de los siete consejeros interpusieron recursos de amparo para que sus derechos queden protegidos y puedan permanecer en sus cargos hasta 2010.

La discusión llegó a un punto culminante desde el martes pasado, cuando el dirigente de Coparmex Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que podrían darse las condiciones para que el Ejecutivo negociara con el Congreso para que, en caso de obtener la aprobación de 347 nuevas plazas para el aparato gubernamental, se evitara la presentación de una controversia constitucional. Esto enojó al mandatario Emilio González Márquez, quien refutó al empresario y aseguró que al gobernador nadie lo presiona.

Ayer pareció cerrarse una parte importante de este ríspido debate. El jefe del Ejecutivo envió un oficio al Legislativo para desistirse de su petición para que le autorizaran las nuevas plazas, por lo que en las dependencias estatales se tendrá que realizar un esfuerzo para que con los mismos empleados se cumpla con todas las metas trazadas.

La lección que deben aprender todos los actores políticos y sociales, para garantizar que entienden y defienden los intereses ciudadanos y no los propios, es que en materia de proyectos fundamentales para el desarrollo del Estado no hay negociación que sea válida. No se deben poner en juego los intereses de la sociedad por pugnas entre poderes, mucho menos entre individuos.

Entendamos que si es necesario que el aparato gubernamental engrose su nómina porque con ello se mejorará la eficacia en su labor, que así sea; y que si la reforma electoral debe ser impugnada porque lesiona a los ciudadanos, que también así sea.