Narcopactos : ¿Qué hay de nuevo, viejo?

Estrictamente personal

Rubén Aguilar, ex guerrillero, funcionario público y hoy en día consultor, removió las conciencias del Gobierno federal al proponer un “acuerdo de operación” entre la autoridad y los cárteles de la droga, donde el Gobierno estableciera una política de no combatirlos siempre y cuando los narcotraficantes se sujetaran a las reglas que les dictaran. Esto es, explicó, permitirle al narco que vendiera droga —con límites—, y de esa forma dejar que floreciera su negocio sin temores, a condición de que abandone la violencia como método. El impacto de su declaración no hubiera tenido las proporciones que alcanzó, de no haber sido vocero del ex presidente Vicente Fox, y un escuchadísimo asesor durante ese sexenio, que llevó al Presidente Felipe Calderón mismo a refutarlo: no negociará con el crimen organizado.

La declaración de un presidente contra el dicho de un ciudadano, que eso es lo que Aguilar es, no puede entenderse fuera del marco de referencia de las percepciones. Un silogismo podría causar serios problemas al combate a las drogas de Calderón, si la gente cae en la trampa: si Aguilar propone pactar con el narco, es porque Fox así lo hizo. Entonces, ¿los gobiernos panistas, que presumían la ruptura con el pasado, resultaron peor de lo que acusaban a los priistas? Los gobiernos panistas, se puede pensar, sí negocian con criminales y además lo proponen como recurso del poder. El problema en esa lógica sería que a Fox sí le funcionó, pues la violencia no era tan grande, ni tan descarnada, y Calderón está fracasando de pies a cabeza. Por todos lados pierde Calderón, y el culpable es sólo Aguilar porque se le ocurrió ser incorrectamente político. Nada más.

Pero Aguilar habló dentro de la lógica de los estados. Hace varios años se dio una cena privada con quien era entonces alcalde de Washington, y uno de los diplomáticos asistentes le preguntó cómo era posible que en una ciudad donde los índices de criminalidad eran muy altos, en la zona del Noroeste, por completo, no se diera ningún tipo de delito. El alcalde confió que su administración había pactado con el crimen. A cambio de la tranquilidad en el Noroeste de Washington, donde se encuentran la Casa Blanca y el Capitolio, todas las oficinas de Gobierno, las embajadas, y viven todos los que son importantes en la capital estadounidense, le había entregado el Sureste a las bandas para que hicieran lo que desearan. En esa zona de la capital abundaba el crimen, las drogas y la prostitución; los barrios estaban totalmente deprimidos y había partes donde ni la Policía se atrevía a entrar.

Lo que dijo Aguilar no es novedoso. En el pasado, cosas que evocan lo que sucede en el mundo, se han hecho en México. Cuando arrancó el Gobierno de Carlos Salinas, un joven funcionario a quien habían nombrado en un área de procuración de justicia en el Distrito Federal, acudió por consejo con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, una leyenda dentro de la seguridad del Estado. Gutiérrez Barrios le recomendó que negociara con los líderes de las bandas. Una vez que los tuviera enfrente, delimitara su campo de acción: a cambio de dejarles amplias zonas de la ciudad a su disposición, les prohibiría delinquir por completo en colonias de clase media y alta, porque cualquier delito de que fueran objeto, tenía múltiples repercusiones por su acceso a tribunas y medios de comunicación para denunciarlo, con lo cual ejercerían una presión contra el Gobierno y los obligaría a entrar a combatir a los criminales. El joven funcionario, sorprendido, preguntó cómo llegaba a ellos. Muy fácil, le respondió: llame a sus jefes policiales y pídales que se los lleven. Le dirán que ellos no los conocen, dijo, pero al final terminarán llevándoselos.

Que un Gobierno pacte con una organización criminal, es visto por muchos gobernantes como una política de Estado. Lo que ningún Gobierno hace es ir contando públicamente que negocia con delincuentes. No tiene nada que ver con que el régimen sea autoritario o democrático. Tampoco tiene que ver con la ética humana. Tiene que ver con un balance entre costo y beneficio, en lo político, en lo económico y en lo social. Tiene que ver con el utilitarismo del bien mayor para las mayorías. Tiene que ver con el carácter de un Estado y sus necesidades estratégicas. De lo único que no tiene que ver es no negociar ni hacer nada, y parecer que sí hay pactos con los criminales. Eso es lo peor que le puede pasar a un Gobierno. Como al de Calderón, por cierto.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista
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