Mexicanos corruptos

Estrictamente personal

Vaya que hay niveles. En Estados Unidos es un escándalo público y político que el gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, haya sido arrestado esta semana y acusado de haber intentado vender al mejor postor el escaño que el presidente electo Barack Obama iba a dejar en el Senado. No hubo periódico serio en ese país que no haya titulado a todo lo ancho de su primera plana el resultado de una investigación de cinco semanas que concluyó con el arresto del gobernador, que pagó una fianza para salir y tendrá que presentarse en tribunales en enero. La caída de quien se veía en la Casa Blanca en 2016, fue resultado de una denuncia que un fiscal tomó con la seriedad, investigó, y aplicó la ley como debe hacerse, sin consideraciones políticas.

En las antípodas nos encontramos en México. En estos mismos días estamos atestiguando el cinismo de un presidente municipal priista en Puebla, Juan Manuel Barrientos, que presidió una fiesta de pueblo donde se animó a menores a desvestirse por dinero. Lo vieron en el evento más de 600 personas, pero él niega haber estado ahí. Barrientos sería sujeto de decapitación política por avalar un acto de corrupción de menores —cuya pena son 12 años de cárcel— en cualquier país serio, pero para su fortuna esto es México, donde tras un acuerdo del Congreso local para investigarlo, más adelante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) salió a su cobijo. Un cínico podría preguntarse que si en esos niveles campeó la impunidad, ¿qué se podría esperar en círculos más poderosos?

Llevamos semanas de escuchar atributos míticos que se le adjudican al infortunado ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, dejando de lado por completo el escándalo que lo marcó la última parte de su vida, derivado del conflicto de interés en el que se metió a fondo cuando al mismo tiempo de ser diputado federal y subsecretario de Energía, firmó contratos de servicios con Petróleos Mexicanos (Pemex) como representante de la empresa de su familia. Por más explicaciones y justificaciones que diera y se dieran para limpiar sus actos, la sospecha de corrupción —el conflicto de interés también lo es— nunca se evaporó.

México, ciertamente, no es Estados Unidos. Aquí, el director de una empresa como la Lotería Nacional puede salir abiertamente en defensa jurídica de su cuñada, pese a que fue detenida en flagrancia cometiendo delitos en contra de la salud, o sea, relacionados con el narcotráfico. Otro, como el procurador general, puede caminar libremente sin dar explicaciones del porqué, cuando lo obligaron a destituir a su fiscal antidrogas por haberse encontrado que estaba presuntamente involucrado con el narcotráfico, en lugar de arrestarlo lo protegió con un cargo diplomático en el extranjero. Uno más, como el gobernador de Coahuila, puede llevar al nepotismo al extremo, colocando a su familia en cargos de control del partido en el poder, el PRI, o cargo del sindicato de maestros, que es una maquinaria electoral. O una, como la gobernadora de Zacatecas, no tiene pudor en entregar el control político del Estado a su hija, para convertirla en una especie de vicegobernadora sin que nadie le diga nada. Estas cosas serían impensables en otras naciones. Y no es un asunto meramente de corrupción, pues corrupción hay en todo el mundo. La diferencia tiene que ver con los niveles de impunidad.

Esta semana, la organización civil global Transparencia Internacional, que se dedica a combatir la corrupción en el mundo, volvió a colocar a México en el último grupo de naciones honestas, en una clasificación de las 22 economías más fuertes. En México se ve como los más corruptos a los policías, los partidos políticos y los jueces; 38% afirma que probablemente usarían relaciones personales y familiares para obtener un contrato del Gobierno, y 32% admite que sí sobornan a la autoridad. ¿Cuántos funcionarios pagan por ello? Calderón dijo el martes que más de 11 mil funcionarios, de rangos menores, incurrieron en “malas prácticas”, pero nada más. Entre ellos, por ejemplo, no aparecieron Mouriño, o el procurador Medina Mora. Para efectos prácticos, Calderón volvió a priorizar la retórica sobre las acciones.

No debe ser casual que Transparencia Internacional establezca que 90% en México considera que las acciones gubernamentales contra la corrupción son ineficaces. ¿De qué nos sorprendemos? Los países menos susceptibles a la corrupción son aquellos que tienen un sistema de leyes que se aplica. En donde se maneja en función a intereses políticos o de grupo, como en México, la corrupción puede ser rampante. En ese estadio nos ubicamos, aunque no les guste a muchos o, como Calderón, trate de salir a responder con discursos, lo que en la práctica ha sido incapaz de combatir.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com