Libertad de decisión

Hace 20 años fue creado en México el llamado Impuesto Sobre Nómina (ISN), que hasta ese momento era pagado por los trabajadores, para que esa carga tributaria la tuvieran los empresarios. El Gobierno prometió, en su momento, que el dinero recaudado por esta nueva vía sería destinado exclusivamente a apoyar las necesidades de la clase trabajadora, pero sólo quedó en promesas, ya que dichos recursos fueron incorporados al presupuesto general y destinados a otros rubros.

Una práctica común entre el empresariado, es el hacer donativos para obras de carácter social, mediante el esquema de deducibilidad, con la libertad de hacerlo a los organismos de su elección. Sin embargo, a partir de este año (y aumentará en 2009) apareció el Impuesto Especial de Tarifa Única (IETU), que impide que haya donativos deducibles, como los había con el Impuesto Sobre le Renta (ISR), ante lo cual surgió la idea entre un grupo de empresarios, de incrementar el ISN y que ese dinero vaya a un fideicomiso para ser manejado por ellos mismos, con la libertad de aplicarlo a obras sociales; el problema es que no sería destinado a todos los programas en general, sino a los que ellos libremente eligieran, desde luego, obras de su preferencia.

Pero una visión así, como la que tiene este grupo, no es válida de ninguna manera, porque entonces todas las empresas aportarían por obligación sólo para ciertos proyectos, y no para los que cada quien quisiera apoyar. Hay que recordar que el Gobierno tiene la obligación de atender los programas sociales para satisfacer las necesidades de la población, y esa responsabilidad no la deben asumir particulares, que es lo que sucedería, de aprobarse la iniciativa que, dicho sea de paso, está frenada en el Congreso estatal por falta de consenso; en todo caso lo conducente sería aplicar el 0.3% propuesto del 2.00% vigente.

Estudios recientes de medición en cuanto a las empresas se refiere, revelan que la situación económica está bastante difícil y el futuro no se avizora mejor, y todavía existe la pretensión de aumentar impuestos. No se vale que se castigue a las empresas, y que ni siquiera las dejen decidir a quién apoyar con su dinero. La propuesta de algunos empresarios por elevar el ISN está fuera de la realidad que se vive, y no debe ser aprobada por el Congreso.