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Lunes, 21 de Octubre 2019
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La cola de Natividad

Por: EL INFORMADOR

Ahora sí sintió que iba en serio. Tres semanas antes, empresarios tamaulipecos habían dado la alerta al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Germán Martínez, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), les acababa de decir que habría operativos contra políticos involucrados en el narco en Nuevo León. Ahora sí, tres años de frustraciones federales por el deterioro en ese Estado, parecían estar al alcance. La decisión estratégica del Presidente Felipe Calderón era de atacar el cuerpo político que protegía al narco en el país. El error táctico era que coincidiera con los procesos electorales. La justicia no tiene ni tiempos políticos ni tiempos electorales, dicen. Pero en la coyuntura actual, ¿quién lo cree?

Los priistas, por supuesto, no. Por eso, la semana pasada en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Natividad González Parás, de Nuevo León, habló en nombre de los 18 gobernadores priistas. Con el operativo contra narcopolíticos en Michoacán de fondo, González Parás urgió al Presidente Calderón que no realizara acciones de esa naturaleza que tienen tintes electoreros. Se vacunaba, pero no pocos de quienes lo escucharon levantaron las cejas.

El más vehemente, Germán Martínez, líder del PAN, le echó en cara a González Parás que nada de eso habría sucedido si los gobernadores hubieran hecho el trabajo, que hoy en día, desparramó alcohol en la herida, lo está haciendo el Ejército. González Parás refutó a Martínez, pero la pregunta queda: ¿En realidad Martínez erró con él? Desde hace poco más de tres años, González Parás vive bajo la sombra de la sospecha pública de que su Gobierno está penetrado por el narcotráfico.

En tres años hubo advertencias públicas y políticas. A Nuevo León le enviaron como jefe de la Región Militar al general Javier del Real Magallanes, quien venía de las áreas de inteligencia militar, actualmente subsecretario de Seguridad Pública Federal. Desde Estados Unidos enviaron como cónsul a Monterrey a Luis G. Moreno, quien había manejado desde Colombia las operaciones antinarcóticos en Sudamérica. La prensa, por su parte, identificó a quienes estaban bajo la lupa federal por sospecha de nexos con el narco. Pero no hizo nada.

La descomposición en Nuevo León afloró en forma intempestiva. En 2006, el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza, había sido asesinado en San Pedro, uno de los municipios conurbados de Monterrey más afluentes, lo que marcó el fin de la estabilidad en las sombras que se había dado por un contubernio sociopolítico, por omisión o comisión, con un cártel. Dentro de esa misma secuencia, el nombre de su entonces secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, y el de su familia, comenzaron a aparecer en mensajes de muerte dejados sobre los cuerpos de varios “ejecutados”, acusándolos de haber traicionado a los cárteles.

Cerda siempre negó cualquier vinculación con el narco, pero después de un tiempo que lo mantuvieron en el cargo, desapareció de la vida pública. Funcionarios federales nunca dejaron de quejarse del Gobierno de Nuevo León por la forma de abordar la penetración del narcotráfico en instituciones del Estado, y uno de ellos recuerda en forma metafórica: “Se le dijo, ‘si vas a negociar, hazlo con uno, no con dos, pero si te descubrimos, te atrapamos’. Y negociaron con dos cárteles”. De esta manera, consideraron los funcionarios federales, se abrió la puerta al cártel de Sinaloa para que entrara a disputar la plaza al cártel del Golfo, que históricamente la había controlado. La violencia se dio como parte de un proceso natural.

En 2007, fue acribillado en el centro de Monterrey Mario Ríos, un diputado local a quien González Parás le había cerrado el camino a una diputación federal en 2003, porque algunos años atrás lo habían detenido en posesión de drogas. El Gobierno de González Parás tuvo evidencia de irregularidades de la Policía en la investigación del caso y de la forma como estaban subordinadas a los cárteles de la droga, pero tampoco hizo nada. La “ejecución” de Ríos no sólo fue una línea continua de “ejecuciones” de alto impacto en Monterrey y sus suburbios, principalmente, sino que, como no se había dado antes, dibujó una línea directa de relación entre el lado oscuro de la vida política con González Parás.

Ríos era muy cercano a Carlos González, quien estaba ligado a un grupo de personas sobre las cuales sospechaban las autoridades tenían relación con el cártel del Golfo. El hermano de González, Pablo César, era el secretario particular del gobernador. Los dos González tenían vínculos estrechos con el hermano del gobernador Luis González Parás, a través de quien habían impulsado a Ríos como diputado local, y a Pablo César, como senador suplente de Eloy Cantú.

Los empresarios de Monterrey se han quejado del hermano del gobernador durante todo su sexenio, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo todavía. Luis es un hermano incómodo, pero poderoso. Tiene enorme influencia sobre el gobernador y también es socio del despacho de Fernando Elizondo, quien fue gobernador interino, secretario de Energía en el Gobierno de Vicente Fox y actual candidato a la gubernatura de Nuevo León. Pero desde que llegó la alerta desde Tamaulipas, Natividad le pidió a Luis que se fuera de México.

González Parás dio muestras en estos días de que ahora sí sintió que todas las advertencias que se le hicieron por algunos años pueden materializarse. Los priistas lo han arropado porque no quieren que una acción en su contra, a un mes de las elecciones y con una contienda tan cerrada en Nuevo León, incline el voto hacia el PAN. González Parás se ha arropado en esa coyuntura, y ha tratado de esconder la cola. Pero para su infortunio, la cola que trae es demasiado larga y desde hace mucho tiempo, también muy visible.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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