Golpes que no se quitan

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que no existe ningún indicio de que el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, esté involucrado con el narcotráfico. Pero la duda ha sido sembrada, y queda en la mente de los ciudadanos justo antes de las elecciones. Entonces, por si fuera poco lo enrarecido del ambiente electoral y, quizá, como para incentivar el desánimo ciudadano en la emisión de su voto, emerge una estrategia que resulta muy a modo para los competidores electorales, sobre todo para quienes desde el poder mueven a las instituciones; tiempos y formas que hoy dejan lodo por donde debió haber claridad.

Esto no quiere decir que el combate al narcotráfico deba dejarse de lado, nada más alejado del objetivo. Pero confundir al electorado en tiempos de campaña sin tener las pruebas suficientes; hacer gala inútil de toda la fuerza que el Estado se ha atribuido en esta ardua lucha, agrediendo desde derechos humanos hasta garantías individuales, para salir con que: “Hasta el momento no hay ninguna situación donde él (Leonel Godoy) sea mencionado como probable responsable de ningún hecho y tampoco relacionado con esta investigación específica”, pareciera una estrategia, no para la lucha contra el narco, sino para ganar la elección, y esto no debe pasar, so pena de muchos y muy negativos efectos.

Porque si el ciudadano pierde la confianza en una de las pocas instituciones en las que todavía cree que es el Ejército Mexicano; si el ciudadano empieza a ver con duda el actuar del Estado en este combate, las pérdidas no sólo serán del partido en el poder, sino de la propia democracia y de las instituciones que aún hoy tienen alguna credibilidad en la ciudadanía.

No se puede más que estar de acuerdo con Santiago Creel cuando expresa: “Debemos despolitizar la acción de la justicia”, pero como este académico sabe, el movimiento se demuestra andando… y lo que hasta ahora se ha hecho no lo demuestra así.

Porque no se debe, en un hacer de pulcritud democrática, desde las instituciones del Estado, culpar a un ciudadano —hasta ese momento sin tacha—, sólo porque un “testigo protegido” —es decir, un antiguo delincuente ofrece material, inventado o verdadero, para negociar su sentencia— haga señalamientos que no tienen sustento, para que los órganos encargados de la seguridad descarguen toda la fuerza institucional contra el ciudadano aludido, como ha sido el caso de Godoy, de acuerdo con la propia PGR. Porque en la contaminación, semejantes procederes están apareciendo en el Estado de Jalisco, donde basta tirar la piedra para sembrar la duda, sin que esto vaya aparejado con un actuar de responsabilidad democrática.

Estas acciones, faltas de ética y de profesionalismo en la persecución del delito, tienen visos de “sospechosismo”, como diría también Creel, y no deben ser realizadas contra ningún ciudadano —sea del partido que sea, o de ninguno— sin antes comprobar que hay sustento en la acusación; de otra manera, la lucha contra el narco, una lucha cabal que el Estado mexicano está realizando, se verá manchada, desacreditada y, sobre todo, se puede revertir contra la población a la que pretende cuidar.

LOURDES BUENO / Investigadora de la UdeG.
Correo electrónico: lourdesbueno03@yahoo.com.mx