Fogatas e irresponsabilidad

La contaminación atmosférica es un mal recurrente en las ciudades mexicanas. No bien alcanzan concentraciones de 200 mil habitantes cuando el uso de grandes vehículos, ya sean de carga o de transporte de pasajeros, se vuelven parte de su paisaje cotidiano; a esto se agrega la presencia de la industria (hemos hecho de esto una ecuación indispensable: no hay prosperidad urbana sin industrialización) para completar la combinación que conduce al aparentemente inevitable daño medioambiental.

Este proceso se replica en todo el planeta. Los mexicanos no somos una especie diferente de humanos. Pero tenemos, sin embargo, una extraña tendencia a insistir en comportamientos erróneos que desafían toda lógica. Viene esto a colación, porque durante la Nochebuena que recién terminó, aún contra los pronósticos oficiales de aire limpio, incontables personas encendieron fogatas y provocaron alta polución.

En este fenómeno se presentan varios factores que resultan en un aire no apto para desarrollar actividades normales.

Primero y evidente: las personas que obstinadamente insisten en relacionar los tradicionales festejos navideños —¡y todavía nos falta la noche del 31 de diciembre!— con el encendido de hogueras. Esa práctica es nociva. Conviene recordárselos, machacárselos cuanto haga falta, porque todavía quedan mentecatos que encima, queman llantas. Lo que consideran una diversión debería ser un delito tipificado en todo el perímetro de la zona conurbada.

Y esta afirmación conduce a otro de los factores: la omisión de las autoridades.

La Secretaría de Medio Ambiente, esa dependencia que encabeza la ex diputada panista Martha Ruth del Toro, afirmó públicamente que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participarían en los operativos para apagar fogatas, pero no hubo constancia de ello; además, sin que se pueda constatar un solo caso, se anunció la aplicación de sanciones a quienes insistieran en las quemas. Además de ser detenidos, se les aplicaría una multa de cuando menos seis salarios mínimos. Tampoco ocurrió.

Trabajaron en apagar los fuegos, ellos sí, policías de Guadalajara y bomberos tapatíos. Lo mismo hicieron miembros de Protección Civil del Estado. En Zapopan ni siquiera registraron si hubo o no, hogueras. Y en Tlaquepaque y Tonalá no hubo noticia de que su personal de seguridad tuviera siquiera la indicación de solicitar que se apagaran las piras.

Si un “operativo”, porque eso fue lo que anunció la Secretaría de Medio Ambiente, es un conjunto de conductas y acciones previamente acordadas para ser aplicadas en un momento dado, en este caso la autoridad falló rotundamente. Otra vez.

Para cumplir con su responsabilidad, tal como los obliga la ley, los funcionarios de Medio Ambiente deben suspender su descanso, regresar y preparar, con eficiencia esta vez, un auténtico plan para impedir, con toda la fuerza que les concede la misma ley, que la ciudad amanezca el 1 de enero de 2010 envuelta en una nube de humo pernicioso.