Fin de “los informes presidenciales”

La que debió ser una ceremonia legislativa, como es la inauguración del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, se distorsionó en el México posrevolucionario para convertirse en una ceremonia de exaltación incondicional y unánime del titular del Poder Ejecutivo, una suerte de “día del Presidente”, en el cual la clase política expresaba su lealtad, e incluso su sumisión, al gobernante en turno, el cual, por su parte, se complacía en mostrar su poder en el texto y en el discurso, que eran, piezas de autocomplacencia y compendios de dudosa veracidad, recopilaciones convenencieras y sesgadas de estadísticas, justificaciones de la ineptitud, cuando no de los daños.

La modificación al Artículo 69 de la Constitución, aprobada por una amplia mayoría senatorial, que elimina la presencia obligada del Presidente de la República en la apertura anual del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, es el reconocimiento del fin del ritual presidencialista del primero de septiembre, tan arraigado como obsoleto e inútil.

La declinación del ritual empezó a manifestarse desde del primero de septiembre de 1988, cuando, tras los comicios presidenciales del 6 de julio de ese año, que han quedado como fraudulentos en la memoria histórica del país, las bancadas opositoras lanzaron rechiflas e interpelaciones a Miguel de la Madrid; rompiendo con las acartonadas maneras que caracterizaban la relación Congreso-Presidente.

Otros momentos memorables de ese declive fueron las ceremonias de 1997 —el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acababa de perder, por primera vez en su historia, la mayoría absoluta en el Congreso, y Ernesto Zedillo hubo de escuchar la réplica a su discurso de labios de la oposición, y 2006, cuando los legisladores de los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, exasperados por el cúmulo de irregularidades registradas en la elección de ese año, impidieron a Vicente Fox que ocupara la tribuna de San Lázaro para leer el mensaje correspondiente a su último Informe de Gobierno.

El primero de septiembre del año pasado fue evidente que la ceremonia del Informe era ya insostenible: el titular en turno del Ejecutivo federal se empecinó en hacer uso del podio legislativo sin conseguirlo, y tuvo que conformarse con pronunciar un breve texto sobre la entrega del Informe escrito.

Ese déficit de legitimidad de origen que la administración calderonista arrastra, hace poco posible mantener el ritual septembrino del presidencialismo. Y esa misma debilidad del actual Ejecutivo federal influye en la mayor parte de la agenda del actual periodo extraordinario: la apertura del secreto bancario en materia electoral (recordar las astronómicas y oscuras sumas invertidas en 2006 por individuos e instancias de la iniciativa privada en la campaña del candidato Calderón), el establecimiento de castigos específicos a concesionarios de radio y televisión que violen la legislación electoral, y la definición de causales para la nulidad de la elección presidencial —rememorar el impresentable fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el que se legitimó una elección presidencial, a pesar de las “irregularidades graves” aceptadas por esa misma instancia.

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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