Espías en conflicto

Cuando está tan cerca la fase de dictaminación de las iniciativas legislativas para concretar una reforma energética, que es una de las apuestas de cambios estructurales que ha impulsado el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, ha aparecido en el escenario una señal ominosa que podría alterar el curso de los acontecimientos.

En días pasados, el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló que tiene pruebas documentadas de que ha sido objeto de espionaje, al igual que personas de su entorno familiar y laboral más cercano. No se trata de cualquier personaje de la política nacional, sino del líder de la principal bancada opositora en el Senado de la República, y por lo mismo un actor fundamental en el procesamiento de las modificaciones al marco legal del sector energético. Además, se trata de un legislador que cuenta en su largo historial como funcionario público al haber sido operador en la Secretaría de Gobernación en temas de seguridad e inteligencia.

La revelación misma de que se están realizando actividades de espionaje sobre personajes clave de la política, y seguramente de otros sectores, no entraña una novedad ni implica en sí un hecho que sea desconocido en nuestro país, que viene de largas décadas de dominio priista en un régimen con rasgos autoritarios y episodios represivos. Pero el legislador priista ha deslizado que las pesquisas fallidamente secretas han apuntado incluso sobre actividades privadas, tanto de él como de su familia, y que han sido vulnerados sus archivos personales dentro de sus propias oficinas, lo cual en un Estado que presume ser democrático resulta inadmisible.

El Gobierno que llegó al poder con la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN), que se asume humanista, promotor del bien común, respetuoso de la dignidad de las personas, y sobre todo abanderado de la democracia y el Estado de Derecho, está obligado a establecer un claro deslinde con relación a las prácticas denunciadas por el líder priista en el Senado. Porque, como el propio Beltrones lo ha dicho, si fue el Gobierno federal el que ordenó o ejecutó el espionaje, se trata de una muy mala señal; pero si fueron entes ajenos al ámbito gubernamental los que lo realizaron, podría ser peor porque se estaría demostrando la incapacidad para detectar y atajar ese tipo de prácticas.

Más allá de las implicaciones que este episodio pudiera tener sobre las negociaciones para llevar a buen puerto la reforma energética, en la que el Gobierno ha dicho que está empeñado en lograr una amplia coalición para votar favorablemente la iniciativa de Calderón, las autoridades en la materia deberán indagar, explicar, y en su caso sancionar a los responsables de esta ilícita actividad. Nunca más los ciudadanos, independientemente de su condición de funcionarios, profesionistas, ministros de culto, o de cualquier otra actividad, deben estar bajo el escrutinio clandestino de nadie.