En nombre del cielo

El piadoso gobierno de Felipe Calderón ya no se salva ni yendo a bailar a Chalma.

Entrados en la segunda mitad del sexenio presenciamos el naufragio general de buenos propósitos: la guerra contra el crimen organizado, la presidencia del empleo, la reforma política, el combate a la corrupción, el rescate de pobres y miserables, las medidas de austeridad, la cotización del peso, el logro de la transparencia, el impulso a la cultura y, para no extendernos demasiado, la ayuda a Haití enviada en barcos que zarparon de Manzanillo y Acapulco para seguir la ruta corta: darle la vuelta al mundo, o la larga: navegar hacia el sur hasta el Canal de Panamá, cruzarlo, y de ahí al norte por el mar Caribe hasta llegar a Puerto Príncipe el día que lo coronen rey.

En honor a la verdad, debemos reconocer que uno de sus planes viene cumpliéndose a la perfección: la destrucción del Estado laico. Con paso seguro avanza en el terreno que separa a la Iglesia del Estado. El miércoles promovió ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten menores de edad.
Se alega en el escrito presentado por la PGR, que tal reforma “contraviene el principio de legalidad, pues se aparta del fin constitucional de protección de la familia”. Es otra escaramuza contra el avance de los derechos humanos y la libertad de decidir, prerrogativa de cada persona. El cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la familia, al llegar a Mérida procedente del Vaticano para presidir el Congreso de Salud, Vida y Familia, declaró que “la homosexualidad no corresponde al plan de Dios, eso es una consecuencia del pecado”.

De lo que se trata es de convertir principios religiosos en leyes de observancia obligatoria. Un alto prelado mexicano dijo, la semana pasada, que las leyes de Dios son antes que las leyes humanas. Lo están logrando: en más de la mitad del territorio mexicano rigen leyes coincidentes con las eclesiásticas en penalizar la interrupción del embarazo; 18 de las 32 entidades federativas, y Tlaxcala en las próximas dos semanas, “defienden la vida desde el momento de la concepción”.

Ante la embestida angustiosa de un partido político derrotado en las pasadas elecciones, temeroso, con razón, de ser expulsado del poder en las próximas, crece el movimiento para reformar el artículo 40 de la Constitución para agregarle la palabra laica y ampliar su intención original de proteger principios básicos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal y laica…”. Aunque al interpretarla algunos gobernantes hacen de la ley un trapo, es indispensable fortalecerla como única posibilidad de impedir que México sea un Estado confesional. No será fácil esta defensa.

No, no será fácil. Sobre todo cuando las fuerzas tradicionales contrarias al concepto de laicidad cuentan con el apoyo del Gobierno federal.

JACOBO ZABLUDOVSKY / Periodista.