En controversia

El diccionario dice que una controversia es una “discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas”. Podría decirse que se trata de uno de los comportamientos más comunes que expresa el ser humano; discutir, cuestionar, exponer una opinión que no coincide con la del interlocutor es cosa frecuente y, si se conduce por la ruta de la expresión civilizada, es incluso una acción sana, porque se vierte lo que uno cree y se escucha lo que piensa el otro.

Si hablamos de un régimen democrático, el hecho de que se produzcan controversias entre actores políticos, sociales, económicos, religiosos o culturales, por mencionar algunos campos de interés común, es algo que le viene bien a la vida institucional, porque se enriquece la variedad de opiniones, se genera debate y todos sacamos lecciones que pueden ser de provecho.

En ese sentido, es necesario que en el marco de la vida institucional de una nación se establezcan mecanismos para que las controversias entre instancias de poder o entidades de interés público, si llegan a un punto de no acuerdo entre las partes, puedan ser dirimidas a través de un arbitraje.

Tal es el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su papel de tribunal constitucional, cuando se presenta una controversia entre poderes, porque alguno de éstos considera que el otro ha excedido sus atribuciones o ha faltado a la observancia de la Ley Suprema. Y en ese contexto fue que el Poder Ejecutivo de Jalisco interpuso un recurso de controversia constitucional en contra del Legislativo, al asumir que los diputados aprobaron una reforma constitucional en la que se contempla la multiplicación de los recursos para financiar a los partidos políticos, y con ello se incurre en un desequilibrio en las finanzas estatales.

Ayer se comunicó que, bajo el argumento de que no es un conflicto entre poderes, la SCJN rechazó la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo. En el documento que rubricó el gobernador Emilio González Márquez, y que atendió el ministro Sergio Valls, se cuestionaba la validez constitucional de diversos artículos, todos referentes al financiamiento de los partidos políticos y al hecho de que el Poder Ejecutivo debe hacer reasignaciones a fin de erogar los recursos necesarios para los partidos políticos e indemnizaciones a consejeros electorales.

Tras la decisión del ministro de la Corte, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, ha dicho que tienen 10 días para presentar pruebas a favor de los argumentos del Ejecutivo.

Habrá que esperar el desenlace definitivo de este episodio jurídico. Pero también es deseable que, por el bien del Estado y de sus habitantes, los personajes que hoy ocupan la titularidad de los poderes constituidos entiendan que a nadie le ayuda, a nadie le sirve que mantengan una situación de permanente controversia, entendida ésta como confrontación en la que no se atienden razones de fondo.