Emilio, “¡haz algo!”

Murieron tres policías investigadores el viernes pasado. Fueron acribillados presuntamente por gente a la que los agentes iban a aprehender, que ésa era su misión. Iban, dicen, como “policías encubiertos”, que se hacían pasar por jardineros y hacían la chamba en una colonia de Zapopan. No llevaban chalecos antibalas, los sorprendieron y quedaron muertos.

Al día siguiente del múltiple crimen, el gobernador Emilio González Márquez encabezó una ceremonia luctuosa en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la zona industrial. Y se topó con la realidad. Esa terca realidad que se les aparece de vez en cuando a los políticos que muy fácilmente se sumergen en una especie de burbuja que suelen fabricarles sus colaboradores para que nada les inquiete.
Familiares de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber, como se dice en el argot, reclamaron airadamente al gobernador porque consideran que las autoridades no están haciendo lo suficiente para enfrentar a las bandas delictivas que, con superioridad de armamento, están conquistando cada vez más territorios en la geografía estatal.

El reclamo de la gente cercana a los policías investigadores, y de los propios agentes, revela una problemática de fondo, y no tiene relación con la labor de los reporteros de los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de ir en busca de la información que se produce en esto que algunos llaman “guerra” y otros se resisten a definirla como tal. Aquí de lo que se trata no es de la función de los “buitres” (como llamó el gobernador, supongo que en un exabrupto) que trabajan en los medios, sino de las condiciones en que se realiza la tarea del Gobierno en su confrontación con los grupos delictivos.
Muchos ciudadanos creen que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para replegar a los delincuentes. Por lo demás, queda claro que hay funcionarios que se resisten a la intervención de las Fuerzas Armadas, aparentemente por una cierta noción de superioridad, o de autosuficiencia, que pretende proyectar la imagen de que aquí no pasa nada. Y si bien es cierto que por principio debe estar el respeto a los derechos humanos, el despliegue militar generalmente no pide permiso.

Ahora la pregunta es si realmente el equipo de Emilio González está haciendo su tarea. ¿De veras tiene control sobre los mandos de la PGJE, que encabeza Tomás Coronado, en donde se habla de división por la fuerte injerencia de un personaje cercano al mandatario? ¿Tiene el gobernador confianza plena en su secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, como para depositar en él la enorme responsabilidad de cuidar a toda la ciudadanía?
Lo que le han dicho familiares y compañeros de los agentes investigadores acribillados el viernes pasado, es en cierta forma un reclamo generalizado: “Emilio, ¡haz algo!”.

VÍCTOR E. WARIO / Periodista.
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