El parlamento y la plaza

Cuando estamos a poco más de un mes de que inicie el último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, asoman señales de que senadores y diputados están en condiciones de hacer un buen papel, para beneficio del país, al entrar a las deliberaciones sobre el tema que ha concentrado la atención en los meses recientes: la reforma energética.

El ciclo de los foros de consulta que abrió el Senado de la República, concluido el martes 22 de julio, abrió paso a los primeros planteamientos de fondo por parte de dos de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, que son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos cuadros directivos y legisladores hicieron anuncios relativos a las propuestas que llevarán a las comisiones parlamentarias para que sean discutidas junto con las iniciativas que ha turnado ya el poder Ejecutivo, acompañado por el Partido Acción Nacional (PAN).
La mejor señal que se percibió en el ámbito político (además de las que se han evidenciado en el espacio legislativo) ha sido la reunión que sostuvieron el jueves por la noche los presidentes de las tres fuerzas partidistas ya citadas, quienes llegaron a los primeros acuerdos acerca de cómo procesar las reformas que, ya no queda ninguna duda, serán impulsadas por todos, aunque cada partido lo haga desde su propia óptica y desde su propia plataforma.

Estos puntos de encuentro que han alcanzado PAN, PRI y PRD, ya recibieron señalamientos descalificatorios por parte de quienes se oponen a ultranza a los cambios que deben hacerse en todo el espectro de la política energética del país, para ponerlo en consonancia con los más importantes avances tecnológicos y con un régimen administrativo que refleje modernidad, eficiencia, transparencia y manejo escrupuloso de los recursos.

Desde la plaza pública, desde la arenga partidista, desde las posiciones ideológicas irreductibles, sigue habiendo rechazo a que los senadores y diputados hagan su trabajo y doten al sector energético (porque ya quedó claro que la reforma debe abarcar mucho más que cambios en Pemex) de un nuevo andamiaje institucional y legal, para que le reporte a las finanzas públicas, y en última instancia a todos los mexicanos, beneficios a largo plazo y viabilidad en la utilización de presupuestos para las grandes inversiones que requiere el país en todos los rubros.

Está bien que se hagan ejercicios como la consulta pública que mañana patrocinará el movimiento denominado “En defensa del petróleo”, con todo y los cuestionamientos que ha recibido la formulación de las preguntas que la componen. Lo que no está bien es exigir que sea el resultado de dicha consulta el que marque el derrotero de la reforma energética, sujetándola a la voz de la plaza pública y no a los cauces institucionales dentro de la representación constitucional de la ciudadanía, que es el Congreso de la Unión.