El PRI en su laberinto

La esperanza en vías de perderse. La presidenta nacional del PRI visitó Jalisco para asegurarse de que los candidatos eran confiables en términos electorales —en los otros términos parece que nadie es—, y se fue segura de que la gran oportunidad que el mal Gobierno ha dado al priismo para su regreso al poder en Jalisco, sería debidamente aprovechada.

Pero el presidente estatal del PRI decidió que era el momento de imponer a algunos amigos y conocidos que a lo mejor aportarían su granito de arena para “mejorar” el ejercicio gubernamental municipal y de representación popular en el Congreso estatal y federal y se armó de su lista y se condujo al Instituto Federal Electoral a inscribir sus planillas muy de madrugada, como a las 7:00 a.m., dicen, no sé quién estará levantado tan temprano, pero hubo testigos.

Los grupos se enojaron. El PRI estatal se dividió en dos, tomaron oficinas y ahí están encontrándole más prietitos al arroz. Por ejemplo, se encontraron nuevas irregularidades en la operación financiera del Comité Estatal, el cual sus opositores demandan sea suspendido antes de que se inicien las campañas electorales. Mora Martín del Campo, vocero de los opositores, señaló que cuatro empresas de comunicación han solicitado el pago de gastos publicitarios, se habla de 11 millones de pesos.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) envió auditores y se estableció una mesa de negociaciones en la que se supone se están acordando cambios en las planillas respecto a los candidatos a regidores. Lo cual los opositores niegan. Noticias van y vienen, pero el grupo opositor no deja el edificio del partido, dicen que están esperando que el presidente estatal del partido deje el cargo.

Mientras tanto: uno de los integrantes del grupo de inconformes que denunció la factura por 2.3 millones de pesos, de los que 1.6 millones ya se pagaron al despacho de Monterde, dijo que en principio habría el delito de simulación de actos jurídicos. De confirmarse que los recursos que ampara la factura emitida para despacho jurídico del ex secretario de elecciones, José Luis Monterde Ramírez, se utilizó para liquidar deudas de campañas de 2006, se configurarían varios delitos.

Como que se excedieron los topes de campaña, si es que son deudas por gastos no reportados a las autoridades electorales. Se configura también un delito fiscal porque se elaboró una factura que ampara determinado gasto cuando en realidad los recursos tuvieron otro destino. Y por supuesto este gasto se considera dentro del desvío de recursos públicos, porque es dinero de los impuestos otorgados al PRI, vía sus prerrogativas.

De todo se responsabiliza claro, al presidente estatal y a su responsable de finanzas, y los que tienen tomadas las instalaciones exigen que se esclarezca “qué sucedió y quiénes tomaron la decisión” e incluso si este fallido intento de disimular que se excedieron en sus gastos de campaña fue del conocimiento del CEN nacional.

El candidato fallido del PRI a la gubernatura estatal de 2006 se deslindó del adeudo. El PRI enfrenta un laberinto que casi anula su posibilidad de ganar las elecciones intermedias en Jalisco.

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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