El Estado contra la sociedad

Una familia tiene un bebé con Síndrome de Down y crea una asociación porque ni su comunidad  ni el Gobierno local toman en cuenta el desarrollo de personas Down. Lo mismo sucede con niñas con parálisis cerebral, con niños ciegos o autistas. Todos los esfuerzos  verdaderamente profesionales y efectivos en México para atender delitos ambientales, o a las víctimas de violencia sexual o doméstica, de trata de personas, de presos políticos, de violación a Derechos Humanos, de menores en situación de calle, de embarazo adolescente y de adicciones, son producto de una ciudadanía comprometida con su país y su comunidad. Y ahora, gracias a las políticas de Estado, las asociaciones sin fines de lucro están en mayor riesgo que nunca.

El Gobierno de Fox bautizó como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a las asociaciones civiles, y creó un Registro nacional de OSC para mantenerlas controladas; bajo el argumento de la transparencia forzó la desaparición de cientos de organizaciones comunitarias en zonas rurales. Al mismo tiempo México entró en  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la cooperación internacional retiró los donativos que sostenían la frágil economía de grupos de la sociedad civil que rescataban a víctimas de todos los flagelos. Supuestamente nuestro país es tan avanzado que ya no necesita ayuda humanitaria, a pesar de que comunidades enteras en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Michoacán, viven en condiciones similares a las de países africanos.

Las políticas de Estado actuales no reconocen el papel de las OSC como co-actoras en la solución de problemas. Pese a que la sociedad civil ha impulsado políticas públicas importantes, el Gobierno federal y los estatales condicionan a las organizaciones a ser clientelares, les amedrentan con arrebatar recursos legítimamente asignados a cambio de la autocensura en su crítica del Estado. Por si fuera poco, ante la violencia actual, las amenazas, desaparición, espionaje y asesinato de quienes defienden los derechos humanos, el Estado finge ceguera.

La perspectiva mercadológica neoliberal de la participación civil resulta ridícula. Pretenden que las OSC se conviertan en empresas, que generen bienes y servicios, que atiendan víctimas, que no reciban salarios dignos pero trabajen 14 horas diarias sin prestaciones de salud y vivienda. Mientras tanto, PGR y DIF violan sistemáticamente los derechos de las víctimas, la Secretaría de Hacienda niega deducibilidad a organizaciones premiadas en el mundo entero, y retira incentivos para la colaboración de los empresarios con OSC. Calderón declara que la sociedad civil debe colaborar en la guerra contra las adicciones y la violencia, pero actúa para asegurarse que la sociedad civil esté ocupada en subsistir, aplastada por el Estado. Mientras tanto se fortalecen las asociaciones civiles de clientelismo político electoral con todas las facilidades fiscales. A la burocracia no le gusta la existencia de organizaciones civiles independientes, y utiliza argumentos neoliberales de rentabilidad mercantil para reducirlas y hacerlas inviables, para criminalizar la protesta social y para revivir el paternalismo clientelar.

LYDIA CACHO / Periodista,
www.lydiacacho.net