De la violencia selectiva al terror

México está inmerso en una espiral de violencia que no tiene precedente. La lucha que las autoridades libran contra el crimen requiere cada vez de más recursos humanos y materiales. Hace mucho tiempo que la delincuencia dejó de ser una manifestación excepcional de violencia que podía ser controlada por las autoridades, para convertirse en una expresión cotidiana que infunde miedo y desafía a las instituciones públicas.

Al inicio de esta administración federal, el Ejecutivo declaró la guerra, anunciando acciones para “recuperar” territorios, lo que significa que hay zonas del país en donde la autoridad no responde a las instituciones, sino a la delincuencia. Por eso las autoridades federales continuamente han desarmado a grupos y hasta corporaciones policiacas municipales enteras. El panorama que tenemos enfrente es muy delicado, puesto que las manifestaciones de la violencia que originalmente se daban entre grupos delictivos para controlar rutas y territorios, ahora se convierte en un enfrentamiento a la autoridad, a la que se desafía mediante acciones frontales. Estas acciones representan bajas continuas en las policías y aun en el Ejército, y someten a los efectivos a una presión inusitada en el desempeño de sus tareas; lo que a su vez produce deserciones que muchas veces terminan en las filas de la delincuencia. La necesidad de contar con una policía nacional altamente profesional y libre de infiltraciones, es un asunto
de seguridad nacional; es una prioridad que debe atenderse de inmediato, entre otras cosas porque el desgaste a las Fuerzas Armadas puede ser mucho mayor si se descansa en ellas toda la capacidad de respuesta del Estado mexicano.

Los hechos ocurridos en Morelia, el 15 de septiembre, por la noche, son un paso más en la escalada de violencia y rompen un límite que se vuelve inaceptable para las instituciones: se ha optado por el terrorismo como estrategia de lucha, lo que significa que los objetivos de la violencia han dejado de ser solamente delincuentes, policías o militares para pasar a atacar a las autoridades civiles y a la población inocente.

Los actos de terror requieren de ser combatidos con instrumentos muy sofisticados de inteligencia y con herramientas legales muy laxas que permitan la actuación de las corporaciones en el ámbito de la vida privada de las personas. Esto fue lo sucedido en Estados Unidos luego del 11 de septiembre, y que ha cambiado en gran medida muchas de las acciones de la vida cotidiana en el transporte y la movilidad en el mundo.

Habrá que ver si las acciones de terror suscitadas en Michoacán son hechos aislados o responden a un estrategia para saber si el panorama al que nos enfrentamos tiene la máxima gravedad y por ende requiere de una respuesta material y legal de la mayor profundidad. De ser así, las reformas planteadas al Congreso de la Unión adquieren una calidad tal que seguramente serán el gran tema en el periodo ordinario de sesiones que está en marcha.

Pero la mayor gravedad del asunto está en el miedo que se trasmita a la población a partir de estos hechos, y el impacto en la vida cotidiana que esto significa; es claro que esto requiere de mayor capacidad de respuesta, más decisión y servicios de inteligencia por parte de las autoridades. Ha llegado la hora de dejar a un lado la frivolidad que introducen las encuestas de opinión en las decisiones de gobierno para dar paso a acciones profundas de largo plazo, que seguramente tendrán costos, pero que es el único camino responsable. Pensar que en ciertas zonas del país no pasa nada y que están bajo control es una falacia monumental, cuando de actos de terror se trata, puesto que la vulnerabilidad es total. Ante estos hechos, los mexicanos debemos dejar de lado nuestras diferencias para generar una respuesta eficaz a un desafío para el que nuestras instituciones no estaban preparadas.

LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
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